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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido siete años de cárcel y 50 millones de euros de multa a cada uno de los cinco excargos de UGT Andalucía por la causa de las facturas falsas, entre ellos el exsecretario general de sindicato Francisco Fernández Sevilla y cuatro personas más de la dirección, por presuntos delitos continuados de fraude de subvenciones y de falsedad en documento mercantil.
En concreto, los investigados son, además de Francisco Fernández, el que fuera secretario general de Administración de UGT-A; la secretaria de Gestión Económica; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y la responsable del departamento de Compras de UGT-A, a la que le pide cinco años de prisión.
Según reza en el escrito del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, además les solicita el pago de una indemnización, conjunta y solidariamente, de 40,7 millones de euros -que es la cantidad supuestamente defraudada-, y a la responsable del departamento de Compras el pago de 4,2 millones.
Además de a estos cinco excargos, Fiscalía Anticorrupción acusa a nueve personas, que eran proveedores del sindicato, a los que pide tres años de prisión y multas de 3.650 euros.
Anticorrupción ha formulado este escrito de acusación después de que el juez de Instrucción número 9 de Sevilla dictara un auto a principios de este mes de diciembre en el que acordaba continuar como procedimiento abreviado la causa abierta por las presuntas facturas falsas del sindicato contra estos exaltos cargos y proveedores, una resolución en la que concluyó el magistrado que “el cómputo global de las cantidades defraudadas” en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta a la organización sindical, en los que se ha contado con la información documental necesaria, “asciende a 40.750.047,74 euros”.
Cabe recordar que el juez acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto del exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana, pero en este caso dada su “situación de incapacidad sobrevenida”, tal y como puso de manifiesto el informe médico forense emitido el pasado 17 de mayo.
