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El presidente catalán, Quim Torra, ha admitido que “desobedeció la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos por considerarla “ilegal”, aunque se ha declarado este lunes no culpable ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Lo ha hecho durante el juicio por desobediencia a la Junta Electoral durante la campaña de las elecciones generales del pasado 28 de abril, un caso que puede costarle hasta dos años de inhabilitación. Aún así, ha dado la “bienvenida” a una posible condena porque, ha advertido, “nunca” renunciará al “derecho de autodeterminación” en Cataluña. El juicio ha quedado visto para sentencia.
“Si la pregunta es si acaté o no la orden de la JEC de retirar los lazos, la respuesta es ‘claro que no’, no podía ni tenía que hacerlo como presidente de la Generalitat. Si es si la tenía que acatar (…) no se puede acatar una orden que es ilegal”, ha expuesto durante su turno final de palabra.
Torra ha insistido en acusar a la JEC de prevaricar y considera además que pudo incurrir en “un delito de coacciones” al haberle ordenado retirar los lazos amarillos pese a “no tener facultades”. Durante su comparecencia también ha criticado la falta de imparcialidad del tribunal y de la Fiscalía -que “no es garante de la legalidad sino de los intereses del Gobierno”- en un “juicio político” en que por primera vez se sienta un presidente catalán en el cargo. De esta forma, ha vuelto a reivindicar el “proceso de independencia” como “única opción de los catalanes para que sus derechos sean respetados”.
“Bienvenida sea la condena”
El presidente catalán ha anticipado que la prohibición de colocar lazos amarillos y simbología respecto a la sentencia del ‘procés’ pueda causarle “otra querella” y ha añadido respecto a este juicio: “Si me condenan por defender los derechos de los catalanes, bienvenida sea la condena”. “Nunca renunciaré al derecho de autodeterminación en Cataluña, ni a defender a nuestros presos políticos y exiliados ni a la dignidad de todos aquellos que han ostentado el cargo de la Generalitat y me han precedido”, ha añadido.
“Este tribunal me puede condenar, pero no cambiarán la legitimidad de los que me eligieron”, así como su “compromiso” con el pueblo de Cataluña, ni la “voluntad” de éste, ni “el destino de este país”, ha zanjado, aventurando que su condena será la condena del Estado y de la justicia española.
El presidente de la Generalitat se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación particular, que ejerce Vox, en este último caso por tratarse de “un partido franquista”. Durante la presentación de sus conclusiones por la tarde, tanto la Fiscalía como la acusación popular han pedido que la sentencia sea condenatoria.
Torra es el primer presidente catalán en activo en someterse a un proceso judicial y el tercero consecutivo perseguido por la justicia por su papel en el proceso independentista. Se juega su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público, una pena que podría apartarle de la Generalitat una vez que la sentencia sea firme, si así lo ratifica el Tribunal Supremo. En ese caso, asumiría la responsabilidad del Govern, el vicepresidente Pere Aragonés.
Los argumentos de la defensa
Las claves del juicio están en varias cuestiones. Por un lado, la defensa de Torra sostiene que la Junta Electoral Central “carecía de competencias” y tenía “un interés directo” en el caso, así como que las órdenes emitidas por este organismo no eran “claras” al referirse tanto a los lazos amarillos como a las ‘esteladas’ y que finalmente las órdenes del órgano electoral terminaron siendo una acto de “censura total”. Por otro lado, expone el abogado Gonzalo Boye que Torra no tiene potestad sobre todos los edificios que componen la Generalitat.
Ambos argumentos han sido rechazados tanto por el Fiscal, Francisco Bañeres, como el letrado de Vox, Juan Cremades, que consideran acreditada la competencia de Junta Electoral Central como organismo “constitucional” para emitir órdenes al ‘president’ y ante la ausencia de una Junta Electoral autonómica. También han considerado que, después de la tercera advertencia lanzada por la JEC en marzo, cuando por una orden del conseller del Interior, Miquel Buch, los lazos y las pancartas fueron retirados en un plazo de 48 horas, queda demostrado que Quim Torra tenía capacidad para ordenar la retirada de los lazos y símbolos de todos los edificios de la Generalitat.
Por último, el tribunal ha denegado la petición de nulidad del procedimiento realizada por la letrada de Torra, Isabel Elbal, que consideraba que se había vulnerado la presunción de inocencia de su cliente. El proceso carece de imparcialidad, según la letrada, que además en un momento de su intervención ha esgrimido el hecho de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, diera a entender en una entrevista que la Fiscalía recibe órdenes del Ejecutivo.
La expresión “presos políticos” es “consenso” de la sociedad
Para el president era “importante” que se colgara un cartel de apoyo a los políticos presos porque expresa el sentir “mayoritario” de la sociedad catalana y los lazos “deberían ser patrimonio común”, ya que “no son partidistas ni es propaganda”. Durante su comparecencia, ha defendido además que la expresión “presos políticos” no es patrimonio de ningún partido, sino fruto del “consenso” de la sociedad catalana, “por mucho que incomode o alguien se levante de la sala” cuando las escucha s
Torra se refería así al hecho de que tanto el presidente del TSJC y de la sala que lo juzga, Jesús María Barrientos, como el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, que lo acusa en el juicio, abandonaran un acto en el Colegio de la Abogacía de Barcelona, en febrero de 2018, molestos por que el presidente del Parlament, Roger Torrent, aludiera a la existencia de “presos políticos”. La Fiscalía ha respondido por la tarde, sin embargo, que el lazo no es un símbolo “neutral” ni “compartido por todos los catalanes”.
