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Economía

Pensión muy trabajada para la “ex-madame” del “Menesterio de Igual-dá”: Irene Montero cobrará 61.982,69 euros al año de indemnización tras dejar de ser ministra

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Irene Montero abandona el Ministerio de Igualdad en la remodelación del Gobierno que ha llevado a cabo Pedro Sánchez. La impulsora de una de las leyes más polémicas de la legislatura, el sólo sí es sí, abandona el Ejecutivo, convirtiéndose en su sucesora la socialista Ana Redondo. Tras su salida del Consejo de Ministros, Irene Montero no cobrará una pensión vitalicia del Estado, pero sí tiene derecho a recibir una indemnización equivalente al 80% de su sueldo por un periodo igual a la duración de su mandato y hasta un máximo de dos años. Así lo recoge la ley de Presupuestos Generales del Estado de 1981 (art. 10, número 5, norma primera).

En concreto, en este apartado se recoge que «todas las personas que cesen en el ejercicio de dichos cargos a partir del 1 de enero de 1981 tendrán derecho a percibir, a partir del mes siguiente en que se produzca el cese, y durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo, sin que puedan percibirse más de 24 mensualidades una pensión indemnizatoria mensual del 80% por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el Presupuesto en vigor durante el plazo indicado». Una indemnización que, recoge el mismo artículo, «es incompatible con las retribuciones que pudieran corresponderles, en caso de ser designados de nuevo para uno de los cargos de referencia».

Por tanto, teniendo en cuenta que el sueldo de Irene Montero como ministra de Igualdad era de 77.478,24 euros anuales, la cuantía que tiene que recibir es de 61.982,69 euros por año. Según la norma citada anteriormente, esta indemnización podrá cobrarse durante dos años, por lo que el total ascenderá a 123.965,18 euros. Una especie de sueldo que Irene Montero recibirá en cuotas mensuales.

Sí cabe recordar que esta compensación es incompatible con cualquier otra retribución que provenga de la actividad pública o privada, según recoge el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Asimismo, es incompatible con la percepción de la pensión de jubilación.

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Ione Belarra, que también abandona el Gobierno en favor de Pablo Bustinduy -el nuevo ministro de Derechos Sociales-, no podrá cobrar esta indemnización porque ella sí sigue como diputada en el Congreso, por lo que ya va a cobrar una prestación pública.

Ángela Rodríguez Pam

Ángela Rodríguez Pam, número dos de Irene Montero, también recibirá una indemnización muy gorda al abandonar su cargo al frente de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.

Al igual que Ione Belarra e Irene Montero, tiene derecho a percibir un 80% de su sueldo durante dos años. En su caso, el salario es mucho más superior: de 123.694,36 euros. Por tanto, percibirá 98.955,488 euros cada año, que se traduce en un total de 197.910,976 euros.

En este caso, como en los anteriores, la indemnización «es incompatible con las retribuciones que pudieran corresponderles, en caso de ser designados de nuevo para uno de los cargos de referencia», así como con cualquier otra retribución que provenga del sector público o privado.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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