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Las negociaciones para la formación del Gobierno se están convirtiendo en un mercado persa auspiciado por las mentiras sistemáticas de Pedro Sánchez y por una deslealtad constitucional alarmante. Los primeros pasos de la alianza social-comunista son indiciarios de que existe una hoja de ruta prediseñada para la demolición del sistema constitucional de 1978, ideado para una reconciliación histórica que ahora la izquierda pretende revertir. Sánchez ha iniciado un proceso de dinamitación de esa estructura declarando su sumisión a las pretensiones del independentismo vasco y catalán. En cuestión de horas se han conocido los detalles de una propuesta de sustitución del Estatuto vasco de autonomía por otro que santifique su autodeterminación con la erradicación del andamiaje institucional del Estado. Se trata de una segunda versión del «plan Ibarretxe» avalada por el PNV y la marca vasca de Podemos, partido que aspira a ocupar una vicepresidencia del Gobierno de la nación y varios ministerios. Todo ello, después de que el PSC haya decidido que Cataluña es una nación; de que el PSOE se haya entregado a Bildu en Navarra para aprobar los presupuestos forales y de que La Moncloa haya aceptado participar de una «mesa de extorsión» con ERC para garantizarse la investidura.
El cuadro lo completan las primeras maniobras visibles de algunos magistrados del TC al servicio de los intereses de Sánchez. La foto de la socialista Chivite negociando los próximos presupuestos forales con Bildu es la constatación de lo que advertimos en su día, que los proetarras se iban a cobrar la operación política que en junio facilitó la llegada del PSOE al poder en Navarra. Esa imagen vuelve a destrozar el discurso de Sánchez que hace unos meses afirmó que ni el PSN ni el PSOE alcanzarían pacto alguno con los herederos políticos de ETA. De nuevo, la hemeroteca aplastando la coherencia de Sánchez, que a estas alturas lleva camino de convertirse en un mentiroso compulsivo.
Estos partidos son socios destructivos, no van de farol, y sitúan al socialismo ante una disyuntiva dramática. Termine pactando o no con este tipo de socios, algunos de cuyos líderes están en la cárcel por sedición o lo han estado por terrorismo, su silencio resulta más que elocuente. Porque aunque no acabe sellando la investidura, su mera predisposición a ceder al chantaje debería inhabilitarle para liderar nada en España. Sánchez está permitiendo que Iglesias, Junqueras, Urkullu y Otegui sean los dirigentes más influyentes y condicionantes de España. Pero son precisamente los que quieren destruir la arquitectura del Estado, lo cual es trágico teniendo en cuenta que de los 350 diputados del Congreso, 276 se declaran constitucionalistas…, incluido el PSOE, cuyos hechos e intenciones desmienten sus palabras. Sánchez pretende gobernar España con la minoría extorsionadora que odia España, y es una exigencia moral que el constitucionalismo mayoritario lo impida.
