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47 muertes por armas de fuego, incluyendo 33 a manos de agentes de las fuerzas del Estado y otras seis por terceras personas con la aquiescencia de las autoridades. 11 ejecuciones extrajudiciales. Y más de 900 detenciones arbitrarias en solo cinco días, entre el 21 y el 25 de enero de este año.
Son algunos de los datos arrojados por un informe de Amnistía Internacional (AI) publicado hoy, que ve «crímenes de lesa humanidad» en la represión acometida desde 2017 por el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Así lo apunta la ONG en el dossier «Hambre de justicia: Crímenes de lesa humanidad», que hace un balance de la escalada de violencia desatada en el país latinoamericano tras la jura de Juan Guaidó como presidente encargado, a finales de enero.
«Como hemos denunciado desde hace años, en Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras o quienes son percibidas como tales simplemente por el hecho de protestar, y por la que el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional», apunta Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
«Hacemos un llamado urgente a todos los Estados para que demuestren su respaldo inequívoco a las víctimas de estos hechos y no dejen impunes estos crímenes. La comunidad internacional no puede dar la espalda a las víctimas de esta crisis sin precedentes, tanto dentro como fuera de Venezuela», añade Guevara.
El informe valora que los crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidas en enero fueron llevadas a cabo en casi todo el país, con un alto nivel de coordinación entre los cuerpos de seguridad a nivel nacional y estatal. Según AI, los hechos no sucedieron al azar ni de forma aislada, sino que «formaron parte de un ataque previamente planeado y dirigido por las fuerzas de seguridad en contra de personas identificadas o percibidas como opositoras, particularmente en zonas altamente marginalizadas, con la finalidad de neutralizarlas o eliminarlas».
Acciones premeditadas
Las autoridades del más alto nivel, incluyendo Nicolás Maduro, fueron conocedores de estos hechos públicos y notorios, pero no tomaron las medidas necesarias para impedirlas ni para investigarlas, añade el informe. Por lo tanto, AI considera que «el encubrimiento de estos hechos y otros subsecuentes ha sido parte de la política de represión».
En este sentido, la ONG recomienda la creación de una comisión de investigación en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su próximo periodo de sesiones, en junio y julio de 2019. Asimismo, también aconseja la activación de la jurisdicción universal por parte de aquellos países preocupados por la situación en el país, así como la consideración y el estudio de estos hechos por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que mantiene un examen preliminar sobre Venezuela desde inicios de 2018.
El grave deterioro de las condiciones de vida, y las sistemáticas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, continúan afectando a la mayoría de la población en Venezuela y han obligado a más de 3,7 millones de personas a abandonar el país. Al menos tres millones se encuentran en otros países de América Latina y el Caribe, y muchas de ellas en necesidad de protección internacional.
