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La Sala Penal del Tribunal Supremo ha acordado este viernes pedir al Congreso el suplicatorio contra la diputada de Junts per Catalunya Laura Borràs para ponder continuar el procedimiento penal contra ella por presunta prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en la etapa en que fue directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).
El presidente de la Segunda, Manuel Marchena, ha dirigido este viernes un oficio al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para que traslade el suplicatorio a la presidenta del Congreso de los Diputados. La petición se acompaña de una exposición razonada del instructor de la causa en el Supremo, el magistrado Eduardo de Porres, que es quien ha instado el suplicatorio y quien la llamó a declarar el pasado 14 de febrero. Se trataba de una declaración voluntaria a la que la diputada no acudió.
El Supremo abrió esta causa en diciembre a raíz de la exposición razonada de la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona. En ella, la juez sostenía que hay indicios racionales de que durante los años 2013 a 2017, la ILC adjudicó 18 contratos menores por importe total de 259.863 euros, de forma directa o indirecta a través de sociedades, a Isaías Herrero, con quien Borràs, entonces directora del Instituto, mantenía una relación de amistad.
Ambos habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes.
