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Los primeros 100 días de Giorgia Meloni, la mandataria más popular de Europa: Ajuste fiscal, rebaja de impuestos y liberalización del mercado laboral

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La presidente italiana cumplió sus primeros 100 días al frente del Gobierno, y logró los consensos para la aprobación de una serie de reformas en tiempo récord. Se trata de la mandataria más popular de Europa. 

La máxima referente de la derecha italiana y Presidente del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, demostró la suficiente capacidad política como para llevar a cabo reformas estructurales en tiempo récord.

Solo en sus primeros 100 días al frente del Gobierno italiano, Meloni logró sacar adelante una profunda reforma laboral para flexibilizar y modernizar la legislación vigente, cumplió con sus promesas para simplificar el sistema tributario y volverlo más eficiente, y anunció nuevas medidas para recortar el peso del gasto público sobre el total de la economía

La rápida acción política de Meloni la llevó a consolidarse como la mandataria más popular de Europa, y patrocinar una aplastante victoria electoral de la derecha en las elecciones regionales de 2023. 

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Ajuste fiscal y ordenamiento de las cuentas públicas

El Gobierno fijó el objetivo para llegar a un déficit financiero total no superior al 3,7% del PBI para el año 2024, una cifra consistente con el equilibrio primario una vez descontados los intereses de deuda. El sendero fiscal trazado por Meloni garantiza la sostenibilidad del ratio de la deuda pública, que para el caso italiano se perfila como uno de los más elevados de la Unión Europea.

Meloni confirmó la suspensión hacia adelante de los “Super-bonos” que el Estado otorgaba para subsidiar el crédito inmobiliario por parte de los bancos, así como la financiación para numerosos programas de obras públicas y privadas.

Significaba un agujero fiscal equivalente a los 2.000 euros por ciudadano. Esta medida se había extendido como una emergencia durante los años más afectados por la pandemia, pero en pleno 2023 prima la necesidad de ordenar las finanzas públicas y estabilizar los precios.

El recorte patrocinado por Meloni fue especialmente recomendado por la misma Unión Europea, ya que el alza de las tasas de interés del BCE está impactando directamente sobre las tasas activas del sistema financiero, y este costo financiero se traslada inmediatamente a los subsidios al crédito que otorgaba el Estado italiano. 

La reforma tributaria

El Presupuesto 2023 incluye una reducción de la carga fiscal para trabajadores autónomos y trabajadores por cuenta propia. Sobre estas dos categorías, Italia dejará de aplicar el gravámen sobre el impuesto a la renta tradicional y en su lugar aplica dos impuestos fijos: 15% para autónomos y 5% sobre los bonos de productividad cuando se trate de cuentapropistas.

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Involucra una reducción impositiva equivalente a los 4.500 millones de euros, con alivios tributarios especialmente concentrados en personas con ingresos iguales o inferiores a los 35.000 euros anuales. 

Pero el Gobierno de Meloni pretende avanzar todavía más, y dispone de una nueva reforma sobre la estructura del IRPF (el análogo del impuesto a las Ganancias en Italia). Hasta ahora, el Gobierno había logrado reducir la cantidad de alícuotas de 5 a 4 para el año fiscal 2022, por lo que la tasa promedio del IRPF se redujo del 34,4% al 31,5%. 

Italia aplicaba los siguientes gravámenes:23% para ingresos anuales de hasta 15.000 euros, 25% entre 15.000 y 28.000, 35% entre 28.000 y 50.000, y 43% para todos los ingresos superiores a los 50.000 euros anuales. 

La reforma Meloni para 2023 simplifica el sistema todavía más, y lo reduce a solo 3 alícuotas. La más elevada seguirá en el 43% para ingresos superiores a 50.000 euros anuales (no se verán cambios sobre las personas de mayores ingresos), se aplicará una alícuota del 27% para ingresos de entre 15.000 y menos de 50.000 euros anuales, y 23% para los ingresos inferiores (una vez descontadas las debidas deducciones). La tasa promedio general del IRPF se reducirá al 31% a partir de 2023.

Liberalización laboral

El Gobierno recortará las prestaciones sociales en subsidios por desocupación, persiguiendo dos objetivos fundamentales: garantizar la disciplina fiscal y evitar alentar el paso de población desde la actividad hacia el sector pasivo. 

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El NASPI italiano (la prestación por desempleo) actualmente cada persona desempleada por un período de 2 años recibe una prestación por la mitad de las semanas trabajadas en los cuatro años anteriores. La reforma Melonio pretende reducir este umbral del 50% al 40% en una primera instancia, y más tarde al 30%. Se incentiva activamente la vuelta al mercado laboral

Asimismo, se lanzó la desregulación de los contratos de duración determinada. La legislación actual limita esta serie de contratos a una serie de situaciones específicas. Meloni pretende cancelar los motivos por los cuales se puedan celebrar estos contratos, dejando estos criterios a la libre iniciativa del sector privado sin restricciones.

También se estipuló aumentar la cantidad máxima de meses permitidos para la determinación de este tipo de contratos flexibles, de los 24 actuales hasta los 36, en línea con otras legislaciones laborales más competitivas en el mundo y Europa.

Reactivación económica

El incipiente clima de reformas comienza a impactar en las expectativas para la economía financiera y real de Italia. La media de estimaciones para el crecimiento del PBI trimestral esperan un fuerte repunte hacia la segunda mitad del año 2023. La previsión del crecimiento proyectada por el FMI sigue siendo modesta, pero aumentó del 0,1% al 0,8%.

Por otra parte, se espera que el diferencial de tasas de interés entre los bonos italianos y los bonos de referencia alemanes (activos de confianza por excelencia) se reduzca por lo menos un 27% en comparación al nivel observado en octubre del año pasado. Se trata de una métrica similar al índice de Riesgo País, pero considerando a Alemania como referencia y no a Estados Unidos. 

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La baja del riesgo crediticio del país permitirá el desembolso de un monto por 190.000 millones de euros desde la Unión Europea, a fin de poder continuar con la refinanciación ordenada de las obligaciones del sector público.

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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