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Economía

Los fabricantes de automóviles alertan del impacto de prohibir la venta de coches de combustión desde 2040

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La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha rechazado “de plano” y ha calificado de “excesiva” la intención del Gobierno de prohibir la venta de vehículos de combustión (diésel, de gasolina, de gas e híbridos) desde el año 2040, como parte del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

La organización señaló que esta medida es excesiva en sus objetivos y acelerada en sus plazos y aseguró que supone, en la práctica, ir en contra del principio de neutralidad tecnológica defendido al máximo por la Unión Europea.

Igualmente, Anfac alertó de que desde el momento de aprobación de dicha ley, esta prohíbe cualquier subvención que favorezca el consumo de combustibles fósiles, lo que supone que solo se podrían incentivar los modelos eléctricos puros, por lo que se desactivan los actuales planes de apoyo al vehículo alternativo, al tiempo que se discrimina una tecnología y eficiente frente a otras.

“La industria está totalmente comprometida con la descarbonización del parque automovilístico”, subrayó el vicepresidente ejecutivo de la asociación, Mario Armero, al tiempo que indicó que la transición hacia una movilidad de cero y bajas emisiones tiene que ser “ordenada, justa y rentable, desde el punto de vista social y económico”.

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Sin contar con su opinión

Por otro lado, desde la organización criticaron que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha contado con la opinión de las asociaciones del sector ni de los sindicatos para elaborar este proyecto de ley, a pesar de que la relación entre asociaciones y ministerios era de interlocución y colaboración.

Por ello, Anfac indicó que en los próximos días convocará a su Comisión de Estrategia, con el fin de revisar el posible impacto que este marco legislativo puede tener sobre la industria española de la automoción.

Así, destacó que el proyecto de Ley tiene implicaciones económicas, laborales y sociales, “con severos impactos en el tejido industrial español”, puesto que supone encarar una reconversión industrial completa y acelerada de las fábricas nacionales en su conjunto, lo que requiere de medidas de acompañamiento, con inversiones que eviten que las fábricas pierdan competitividad y empleo.

En esta línea, Armero aseguró que no es viable el cumplimiento de los objetivos del Gobierno sin un plan de medidas de acompañamiento, que realmente apueste por una transición industrial en las fábricas españolas y que impulse la venta de estos vehículos de forma masiva.

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Por otro lado, Anfac recordó que recientes estudios apuntan que lograr un 25% del mercado del automóvil de vehículos eléctricos podría motivar una reducción del 11% del empleo, una cifra que se elevaría hasta el 18% en caso de que estos modelos coparan el 40% de las ventas.

Según la asociación, el objetivo de descarbonización del Gobierno está “muy por encima” de las exigencias medioambientales de la UE, que negocian una reducción de entre el 30% y el 40% de las emisiones de CO2 para el horizonte 2030.

“Estos anuncios retraen de manera sustancial la compra de automóviles, como ya está pasando en el caso de los motores diésel”, añadió Armero, que alertó de que este efecto puede contagiarse sobre el conjunto de los vehículos de combustión, “paralizando el mercado”.

“Jarro de agua fría”

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), Gerardo Pérez, ha calificado de “jarro de agua fría” para el sector la prohibición que planea el Gobierno.

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En su intervención durante la primera jornada del XXXIII Encuentro del Sector de Automoción organizado por Iese, celebrada este martes, Pérez criticado las medidas contra el diésel emprendidas desde la administración desde el ‘diéselgate’: “El principal perjudicado es el ciudadano”.

Pérez ha asegurado que el cliente está indignado y desconcertado, y que el ‘diéselgate’ en vez de atacar el problema lo ha extendido en todo el mercado diésel: “Que esto sirva como coartada para una subida impositiva pone en compromiso el sector”.

“No hemos sido capaces de trasladar la indignación absoluta que tiene el cliente que eligió una tecnología primada por los Gobiernos”, ha explicado, en referencia a los clientes que compraron recientemente un coche diésel y los que ahora no saben qué comprar, y que explica el freno de las ventas, en sus palabras.

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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