El Parlamento de la Unión Europea volverá a votar sobre la inclusión de advertencias sanitarias en el etiquetado del vino o la cerveza después de que en febrero de este mismo año fuese descartado un proyecto análogo. La propuesta contempla que mensajes como «el alcohol provoca cáncer» aparezcan en las etiquetas de todo tipo de bebidas alcohólicas comercializadas en la UE.

La estrategia, ahora como en febrero, llega a la Eurocámara vinculada al llamado Plan para combatir el cáncer, con el impulso de varios parlamentarios del norte de Europa y después de la reciente firma de la Declaración de Oslo, un documento pactado el pasado 17 de junio entre diferentes asociaciones contra el alcohol que no hace diferencia en el grado de impacto de las mencionadas bebidas en iguales cantidades sobre la salud.

El texto refrendado en la capital noruega insta a que «la normativa de la UE refleje el apoyo público a la obligatoriedad de las etiquetas de advertencia en los productos alcohólicos, a que los gobiernos nacionales y la UE se aseguren de que los procesos de elaboración de las políticas sanitarias estén protegidos de la interferencia de la industrial del alcohol, así como a que se graven aún más los productos con alcohol en función de su graduación.

La iniciativa parlamentaria y la declaración surgen en total consonancia con la Estrategia global para reducir el uso nocivo del alcohol con la que la Organización Mundial de la Salud pretende, entre otros objetivos, «aumentar la conciencia sobre la magnitud y la naturaleza de los problemas de salud, sociales y económicos causados ​​por el uso nocivo del alcohol; (…) fortalecer las alianzas y la coordinación entre las partes interesadas y la movilización de los recursos —léase «subida de los impuestos»— necesarios para una acción adecuada y concertada».

Tres documentos fruto de la hipertrofia del estado de bienestar que son muestra de cómo su continua expansión hace tiempo que es impulsada por instituciones supranacionales, globalistas, funcionarios comunitarios y abajofirmantes con poder práctico para determinar el día a día de personas que nunca los eligieron.

De aprobarse el proyecto en el Parlamento Europeo, los efectos serían inmediatos para el vino español. En primer lugar, la bebida dejaría de ser considerada un alimento por la UE. La modificación tendría como consecuencia directa un diferente estatus fiscal, que hoy le permite competir en una situación de ventaja con, por ejemplo, la cerveza, al sufrir un gravamen inferior, y pondría en riesgo los más de 227 millones de euros que recibe en la actualidad el sector vitivinícola.

España es el país del mundo con más hectáreas de viñedo, es el primer exportador en volumen y el tercero en valor, solo por detrás de Italia y Francia. Además, los productos vitivinícolas españoles están presentes en 189 países.

El peso de la industria en la economía nacional es palpable, con un Valor Añadido Bruto (VAB) estimado en más de 23.700 millones de euros, es decir, el 2,2% del VAB español. En términos de empleo, la producción y comercialización del vino en España se traduce en más de 427.700 puestos de trabajo directos e indirectos.  

Desde el sector se defiende la autorregulación y una ingesta responsable en el marco de un estilo de vida sano. Según José Luis Benítez, secretario general de la Federación Española del Vino, «no existe ninguna evidencia científica de que el consumo moderado de alcohol sea perjudicial para la salud, más bien al contrario». «Hay estudios que se tratan de ningunear que claramente están demostrando beneficios cardiovasculares o que evitan la aparición de la diabetes», manifiesta.

Argumentos aparte, es de esperar que sea poca la influencia de la salud en la decisión de los eurodiputados, como escasa es su presencia en la estrategia global de la OMS a lo largo de cuyas páginas se expone un compendio de formas de aumentar la presión fiscal con el bienestar de los contribuyentes por excusa.