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Economía

La ruina provocada por la ‘locura verde’ amenaza la paz en todo el mundo

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SITUACIÓN DESESPERADA EN SRI LANKA, HOLANDA Y ALEMANIA.

El Gobierno de Sri Lanka ha caído, hundiendo al país en el caos, por la más antigua de las razones: el hambre generalizada en el pueblo. ¿Tendrá algo que ver con el hecho de que hace unos años el país anunció triunfante que toda su producción agrícola sería «100% orgánica»?

Pero no hace falta irse tan lejos, a una nación prácticamente desconocida del Tercer Mundo, aunque sin duda su situación desesperada es un excelente recordatorio de la miseria que promete el «pensamiento Alicia» ecologista. Porque las protestas multitudinarias y los avisos de penuria nos tocan a los españoles mucho más de cerca.

Los agricultores holandeses se han rebelado contra una propuesta del Gobierno de reducir las emisiones de contaminantes como el óxido de nitrógeno y el amoníaco a la mitad para 2030. El Gobierno de los Países Bajos dio el plan a los estados provinciales para que lo formularan antes de fin de año. Los agricultores se indignaron con los planes del Ejecutivo que pueden requerir que usen menos fertilizantes y reduzcan el ganado.

Las protestas se desencadenaron el pasado lunes cuando los agricultores holandeses bloquearon varios centros de distribución, supermercados y carreteras con los tractores. Incluso las rutas de ferry se vieron interrumpidas cuando los pescadores se unieron a la revuelta. El martes, las protestas se desbordaron. La Policía arrestó a varios activistas y realizó disparos con fuego real. Y el primer ministro holandés, Mark Rutte, ha descartado negociar con los agricultores.

En Alemania, la «locomotora europea», el ministro de Economía, Robert Habeck, ha advertido que el país pronto podría enfrentar un colapso de la «paz social» como resultado del aumento de los precios de la energía.

Según un informe del semanario Der Spiegel, la crisis del gas provocada por la decisión de Rusia de cerrarle el grifo a Alemania ha dejado al país en una posición económica extremadamente vulnerable, y el propio Habeck ahora expresa su preocupación de que una crisis económica subsiguiente pueda conducir a disturbios sociales en el país. «La paz social en Alemania está sometida a una grave tensión”, admitió el ministro, que ve probable un deterioro aún más pronunciado de la economía en el futuro inmediato.

Vonovia, el mayor propietario inmobiliario de Alemania, ha tomado la decisión sin precedentes de restringir la calefacción por la noche, un anticipo aterrador de lo que se le viene encima al país más rico de la Unión Europea este invierno.

Según el Financial Times, Alemania ya está racionando el agua caliente, reduciendo la luminosidad del alumbrado público y cerrando piscinas a medida que el impacto de su crisis energética comienza a extenderse desde la industria hasta las oficinas, los centros de ocio y los hogares.

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La razón de esta crisis no es complicada. El país se permitió jugar a la «economía verde» con la tranquilidad saber que Rusia le daría todo el gas que pudiera comprar para sus necesidades industriales y domésticas, sin pensar que, como advirtió Donald Trump en su día, esa dependencia podría pasarle una gran factura en el futuro. Y ese futuro ha llegado con la guerra de Ucrania y las sanciones contra Rusia. Y ahora el enorme aumento en los precios del gas provocado por la medida rusa para reducir drásticamente los suministros a Alemania ha sumido a la mayor economía de Europa en su peor crisis energética desde 1973.

Con los precios de la electricidad a niveles nunca antes vistos, los importadores de gas y las empresas de servicios públicos se esfuerzan por sobrevivir mientras las familias ven cómo se dispara la factura de la luz. «La situación es más que dramática», dijo Axel Gedaschko, jefe de la federación de empresas de vivienda alemanas GdW. La paz social de Alemania, por tanto, está en gran peligro.

 

Carlos Esteban

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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