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El Gobierno pretende aprobar mañana la tasa Google, un impuesto que ha estado rodeado de polémica los últimos meses.
Este tributo recae sobre las empresas tecnológicas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. Gravará con un tipo del 3%, el recomendado por la Unión Europea, los servicios digitales de publicidad online, los de intermediación que permitan localizar a otros usuarios e interactuar con ellos y los de transmisión de los datos recopilados de usuarios. Con esta medida, el Ejecutivo pretende recaudar unos 1.200 millones de euros. Ya el año pasado el Gobierno de Sánchez aprobó por estas fechas esta medida, pero finalmente no salió adelante al adelantarse las elecciones tras rechazar el Congreso los Presupuestos.
Ahora, de salir adelante, España sería de los pocos países que aplicaría este impuesto. En la actualidad, en vigor solo lo tiene Hungría, que grava un 7,5% a las compañías, aunque hay otros estados que tienen encima de la mesa aprobarlo próximamente. Es el caso de la República Checa, Austria, Italia, Bélgica, Polonia y Reino Unido. Por su parte, Francia lo aprobó pero tuvo que echarse atrás después de las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles al país galo.
El presidente de EE.UU. ha sido uno de los mayores detractores de la tasa Google. No en vano, amenazó con aranceles a todos los países de la Unión Europea que aprobara este impuesto. Es por ello que sorprende la iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez, toda vez que la repercusión que pueden tener los aranceles puede ser muy negativo, como se está viendo en el campo.
La amenaza de Trump provocó que Emmanuel Macron suspendiera el tributo en Francia después de semanas de tensión con el Gobierno americano. Ambos mandatarios anunciaron en la semana del Foro Económico de Davos una tregua hasta que la OCDE acordara cómo ejecutar el impuesto de manera conjunta entre los países. Se espera que lo presente en noviembre durante la reunión del G-20, pero es posible que se encuentre con la oposición de EE.UU., que pretende que el pago del impuesto por parte de las empresas sea voluntaria y no obligatoria. En ese sentido, Facebook anunció recientemente que no le importaría pagar la tasa Google si la OCDE llega a un acuerdo. Con la esperada luz verde mañana en el Consejo de Ministros, España se adelantaría a los planes de la OCDE y se podría arriesgar a más gravámenes por parte de EE.UU..
Pero la tasa Google no solo ha estado ligado a las tensiones comerciales. La reciente cancelación del Mobile World Congress de Barcelona también ha sido relacionada con este impuesto. Oficialmente, las empresas renunciaron asistir al congreso por el coronavirus, un «no» que no ocurrió en una feria similar celebrada la semana pasada en Ámsterdam, donde no exite una fiscalidad muy perjudicial para las grandes empresas tecnológicas. Desde el Gobierno aluden que hay más razones que el coronavirus por el que la empresas han renunciado asistir al Mobile, aunque lo desliga de la tasa Google.
