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La legalización de la eutanasia en Holanda está causando una estampida de enfermos y ancianos hacia otros países de la UE

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La legalización de la eutanasia en Holanda está causando una estampida de enfermos y ancianos hacia otros países de la Unión Europea.

E l gobierno de Amsterdam ha desestimado las quejas de los grupos que han denunciado el éxodo de ancianos que huyen de los servicios de salud holandeses.

Holanda ha sido pionera en la legalización del aborto, las drogas y la prostitución, y ahora muchos ancianos temen que los “maten” en los hospitales donde se aplica abiertamente la ley de ‘terminación de la vida a petición propia y ayuda al suicidio’. El éxodo de ancianos y enfermos comenzó en el segundo semestre de 2002, pero se ha intensificado en los últimos meses. Los viejos desconfían profundamente de sus médicos, del servicio de salud holandés e incluso de sus familiares, y cruzan la frontera solos o en grupos, especialmente hacia Alemania, para ponerse a salvo de la eutanasia. Sin preguntas La cifra es espeluznante.

En Holanda fallecen 4.000 personas al año por ‘muerte legalmente provocada’. La ley que lo permite entró en vigor en abril de 2002 para despenalizar la eutanasia, una práctica que de todas formas venía cumpliéndose, sin persecución judicial, en los servicios de salud holandeses desde principios de los 90. La ley en cuestión lo único que hizo fue reglamentar una práctica que, vista desde la óptica de los enfermos, puede ser la materialización de la peor pesadilla. La alarma se disparó con un reciente estudio de la Universidad de Göttingen (Alemania), que analizó 7.000 casos de eutanasia en Holanda y encontró que los médicos y familiares parecen disponer de la vida de sus ancianos y de sus enfermos.

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Según los investigadores, 41 por ciento de estas muertes por eutanasia fueron ‘legitimadas’ por el deseo de los familiares de acabar con el sufrimiento del paciente. Lo que es peor, en 11 por ciento de estos casos el enfermo se hallaba consciente y estaba en situación de tomar decisiones, pero nunca se le preguntó si quería morir o no. “Con estos antecedentes es apenas natural que el miedo se haya apoderado de los ancianos, que escapan de una muerte ‘anticipada’ y buscan ahora refugio en los asilos de Bocholt y de otras poblaciones alemanas cercanas a la frontera con Holanda”, dijo a SEMANA Reiner Mansch, profesor de medicina de la Universidad de Göttingen y asesor del estudio sobre la eutanasia. El estudio concluyó que 60 por ciento de las muertes por ese procedimiento en Holanda tuvieron como razón fundamental la falta de expectativas para la recuperación del enfermo, pero para Mansch el dato más preocupante que arroja la investigación es que uno de cada tres casos de ‘muerte asistida’ obedeció a “la incapacidad de los familiares para continuar con la situación del enfermo hasta el final”.

Los que deciden La ley holandesa, llamada “Verificación de la terminación de la vida a petición propia y ayuda al suicidio”, exige como requisitos para que se pueda aplicar la eutanasia a un enfermo que su sufrimiento sea ‘insoportable’ y la ausencia de un tratamiento que alivie sus padecimientos. El médico está obligado a pedir una segunda opinión a un colega, y sobre todo debe informar a una comisión regional de control -integrada por un jurista, un médico y un experto en ética-, que dictamina si el facultativo que practicó la eutanasia cumplió las disposiciones de la ley.

En teoría, la eutanasia sigue figurando como delito en el Código Penal y el médico podría ser condenado hasta a 12 años de cárcel, si no la practica de acuerdo con los requisitos legales. La norma vigente fue más lejos de lo que muchos preveían al permitir a los menores optar por la eutanasia a partir de los 16 años sin el consentimiento de sus padres.

En el caso de los niños de 12 a 16 años, es preciso el acuerdo del menor y de por lo menos uno de sus progenitores. Hasta abril de 2002, fecha en que entró en vigor la ley, la eutanasia en Holanda no era legal pero tampoco era perseguida. Rara vez se acusaba a algún médico de practicarla y sus reglas evolucionaron durante 25 años de debates, con precedentes que sentaron la jurisprudencia que dio sustento a la ley. Antes, los médicos estaban obligados a registrar los casos ante el Fiscal General del país, y ahora sólo deben acudir ante la comisión regional, que los exonera de toda persecución judicial. Pero Ilse Keuenhof, del Movimiento Católico Holandés, uno de los grupos que más se han opuesto a la eutanasia en su país, aseguró que, tras tantos años de práctica habitual de la eutanasia y con la presión de los familiares del enfermo, “la interpretación de la ley ha cambiado al punto de que basta con que el paciente, en medio del dolor de sus quebrantos, haya manifestado en repetidas ocasiones su deseo de morir para establecer una base legal y ser conducido a la muerte”.

Los partidos y grupos católicos han denunciado el éxodo de ancianos y enfermos rumbo a Alemania, pero el gobierno de Amsterdam y el ministro de Justicia holandés, Piet Hein Donner, han desestimado sus quejas y recuerdan las encuestas donde casi 90 por ciento de los 15 millones de holandeses, “entre ellos la mayoría de los católicos”, se han mostrado a favor de la eutanasia.

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El caso Brongersma

Para el gobierno, todas las posibles dudas sobre la aplicación de la ley quedaron resueltas con el caso del ex senador laborista Edward Brongersma, de 86 años, que no estaba enfermo ni sufría dolores, pero sí se hallaba envuelto en un escándalo de pedofilia y solicitó en 1998 a su médico la eutanasia alegando únicamente “no tener ganas de vivir”.

Philips Sutorius, su médico de cabecera, cumplió con su tarea y fue inicialmente exonerado de cargos. Pero ante el peligro que entrañaba este tipo de episodios, la ministra de Salud, Els Borst, demandó la reapertura del caso. En diciembre de 2001 el Tribunal de Amsterdam declaró culpable a Sutorius por no cumplir las dos exigencias básicas para la eutanasia: que el enfermo esté en fase terminal y que su sufrimiento sea insoportable y sin posibilidad de mejora.

Los jueces admitieron, sin embargo, que al médico lo movió la “compasión” y por ello no fue sometido a cumplir la condena de prisión, pero el fallo impide que se abra esta vía de absolución para nuevos casos. Keuenhof y Mansch dijeron que el problema radica en que todos los casos se quedan en las comisiones regionales y “nunca llegan a los tribunales”, y cifraron en más de 30.000 los enfermos y ancianos que han cruzado la frontera rumbo a Alemania en los últimos cuatro meses. Ambos esperan que en Bélgica, segundo país europeo en legalizar esta práctica en 2002, y en Francia y Gran Bretaña, que marchan en esa dirección, no ocurran desbandadas de este tipo.

Los holandeses están muy orgullosos de su libertad personal y de ser pioneros en leyes como el aborto, el consumo de drogas, la prostitución y la eutanasia, lo que queda ratificado en los estudios periódicos de la Universidad Erasmo de Rotterdam, y según Keuenhof y Mansch, “este inmenso amor propio les impide ver con objetividad los abusos que los médicos y los familiares están cometiendo contra los ancianos y los enfermos amparados por la ley de la eutanasia”. Entre tanto, el doloroso fenómeno de los ancianos que huyen para no quedar a merced de médicos y parientes sigue presentándose a plena luz del día.

(Semana)

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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