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Dice la Constitución que tenemos una fiscalía general del Estado, que velará por el interés general, la independencia de los tribunales, la persecución de los delitos, la defensa de los desvalidos, etc.
Como al fiscal general le nombra el gobierno de turno, excuso explicarles, pues no es necesario, que el fiscal general es la voz de su amo, y por consiguiente obedece a los intereses de ese gobierno que le nombra… Por eso hablo siempre del fiscal general del gobierno, que no del Estado.
Seguramente el único fiscal general del Estado que hemos tenido fue don José Manuel Maza, muerto en Argentina, en pleno proceso separatista catalán. (A quien pueda interesar, vid. mi artículo “La extraña muerte del Fiscal General del Reino de España”, que está publicado en Internet).
Un hombre con una postura clara y diáfana frente al separatismo, que solo obedecía a su conciencia, a sus principios y a su amplia y dilatada formación jurídica y experiencia profesional. Descanse en paz.
CC.OO., UGT y el PSOE, ese tres por uno de la izquierda, sustrajeron –por ahora presuntamente-, alrededor de 800 millones de euros con los Eres de Andalucía.
El fraude de los cursos de formación, extendido por toda España, y en el que también son coparticipes los empresarios, parece ser que asciende a unos 400 millones de euros, al grosso modo, y posiblemente será superior, lo que pasa es que muchos de los delitos ya han prescrito.
Pero nada de eso le preocupa a la fiscalía. Lo único que les preocupa es el “destino” dado por el Sindicato MANOS LIMPIAS a 115.000 euros cobrados por defender a una parte de los afectados por la estafa de AFINSA, dinero destinado a pagar los honorarios de la abogada del sindicato en aquel asunto, y al pago de gastos generales del sindicato: alquiler de oficina en la calle Ferraz de Madrid (que no es precisamente barata), pago del sueldo y seguros sociales de una secretaria, luz –que está por las nubes-, teléfono, calefacción, aire acondicionado, viajes, fotocopias, internet.
En fin, lo típico y normal en cualquier oficina, incluidas las de la fiscalía, por cierto. Lo que podríamos llamar “gastos generales” de infraestructura y funcionamiento de cualquier entidad.
Pues bien, según la fiscalía de Madrid, empeñada en matar moscas a cañonazos, esto es un delito de apropiación indebida, por el que se piden nada menos que tres años y medio de prisión a don Miguel Bernad, por haber –presuntamente- vaciado las arcas del sindicato.
Arcas que siempre han estado vacías, dicho sea de paso, y si alguien tiene que pedir cuentas, supongo, seremos los afiliados y directivos del Sindicato MANOS LIMPIAS, entre los que me cuento (y para mí es un honor).
En un país donde la corrupción campa a sus anchas, y cada vez nos parecemos más a México, con sus “mordidas”, etc., es peligroso denunciar esas situaciones, pues el sistema se revuelve contra el que lo hace.
Seguimos esperando, sentamos, la promulgación de un estatuto de protección al denunciante, preferiblemente para antes del Día del Juicio Final.
Y también esperamos que la fiscalía se preocupe y ocupe de los Eres, de los cursos de formación, y de tantos y tantos fraudes cometidos por los sindicatos mayoritarios y las organizaciones empresariales, dilapidando y malversando el escaso dinero público existente en España.
Claro que aplicando el dicho “jurídico” de la sin par Carmen Calvo: “el dinero público no es de nadie”.
Y en esos casos hay que aplicar el viejo axioma del derecho romano: se trata de una “res nullius”, y por lo tanto es del primero que lo coge.
En fin, la fiscalía, una vez más, se cubre de “gloria”.
¡Menos mal que todavía quedan jueces en Berlín, digo en Madrid, y en España!
Abogado y escritor.
