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España

Junqueras dice que «ama a España» pero se considera un «preso político»

AGENCIAS

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El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha señalado en el juicio del ‘procés’ que ama a España y que por ese motivo esta convencido de que el mejor modo de garantizar la convivencia es con un reconocimiento entre iguales, es decir, con un Estado propio.

«Yo amo a España. Amo a la gente y a la cultura española. Lo he dicho mil veces porque es verdad», ha asegurado Junqueras a su abogado Andreu Van Der Eynde durante su interrogatorio, en el que se ha negado a responder a las acusaciones.

Pero, ha precisado, «¿cómo es compatible esto con que sea republicano catalán?». «Estoy convencido de que el mejor modo de garantizar la convivencia y las relaciones es con un reconocimiento entre iguales».

De esta forma, ha reclamado al Estado que permita que los catalanes puedan votar sobre su futuro y que en caso de que los independentistas perdieran, ellos respetarían ese resultado.

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«Hemos perdido en multitud de ocasiones y ¿qué hemos hecho?, respetarlo siempre. ¿Qué haremos en el futuro?, respetar si perdemos», ha agregado.

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha anunciado asimismo que no responderá en el juicio del ‘procés’ a las preguntas de la Fiscalía, ni de las acusaciones ejercidas por la Abogacía del Estado y por Vox.

Junqueras ha afirmado que se acoge a su derecho a no declarar a las acusaciones, al iniciarse su interrogatorio en el juicio que afronta en el Tribunal Supremo por su papel clave en el proceso independentista, alegando que se encuentra en «indefensión» porque se le acusa «por sus ideas» y no sus hechos.

El exvicepresidente catalán ha añadido que el del «procés» es un «juicio político».

«En estos momentos me considero un preso político», ha asegurado Junqueras en respuesta a una pregunta de su abogado Andreu Van der Eynde.

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Junqueras ha optado por declarar en castellano, algo que «es un placer» tras «un año y medio de silencio forzado».

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha asegurado que ni él ni el resto de acusados en el juicio del «procés» han cometido ninguno de los delitos que les atribuyen las acusaciones porque «votar en referéndum no es delito y trabajar por la independencia de Cataluña no es delito».

«De los delitos que se nos quieren atribuir no hemos hecho ni uno», ha asegurado el exvicepresidente catalán y presidente de ERC, para quien es «absolutamente evidente» que la Fiscalía y el resto de acusaciones en el juicio están dirigiendo contra los doce líderes independentistas una «acusación forzada».

«Nunca, nunca, nunca, nunca», ha contestado un contundente Oriol Junqueras cuando su abogado, Andreu Van Den Eynde, le ha preguntado si la violencia es una opción para su formación con el fin de lograr al independencia.

Para Junqueras, «nadie puede tener duda alguna» del rechazo de ERC a la violencia, aunque las acusaciones «retuercen» los hechos sucedidos durante el proceso independentista para construir el delito de rebelión por el que se sienta en el banquillo.

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El exvicepresidente catalán ha recalcado que su partido apuesta por «construir mayorías democráticas y generar consensos en la sociedad», para lograr ampliar los apoyos al independentismo en Cataluña.

Puigdemont manda ánimos

El expresidente catalán Carles Puigdemont, que no está sentado en el banquillo de los acusados en el juicio del ‘procés’ porque huyó de España, ha mandado este jueves ánimos a su exvicepresidente Oriol Junqueras ante lo que considera una «injusticia ignominiosa».

El líder de la Crida Nacional per la República y de JxCat ha lanzado un mensaje de ánimo a través de Twitter al inicio de la declaración de Junqueras en el Tribunal Supremo, la primera de los doce políticos independentistas sentados en el banquillo de los acusados.

«Hoy Junqueras abre el turno de las declaraciones. A partir de hoy, jueces, fiscales y acusadores verán y escucharán lo que es verdaderamente una muralla democrática, aquella que tanto miedo les da», ha expresado Puigdemont.

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España

Dimisión forzada del máximo mando operativo de la Policía tras una querella por agresión sexual

Redacción

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En noviembre de 2024, Marlaska dejó sin efecto su jubilación al cumplir 65 años para que continuara en el cargo de por vida.

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, ha renunciado a su cargo después de que un juzgado de Madrid haya admitido a trámite una querella que lo sitúa como investigado por un presunto delito de agresión sexual contra una subordinada, además de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. La decisión judicial ha precipitado una salida que ya no podía sostenerse desde el punto de vista institucional, dada la extrema gravedad de los hechos denunciados y la posición de poder del investigado dentro del cuerpo.

La citación judicial está fijada para el próximo 17 de marzo, cuando el juez escuchará tanto a González como a la agente denunciante. La mera admisión de la querella —no una condena— resulta, sin embargo, incompatible con la permanencia en el cargo de quien ha sido durante años el máximo responsable operativo de la Policía Nacional, con capacidad directa de mando y decisión sobre miles de agentes.

Una acusación que apunta a abuso de poder institucional

Según el escrito judicial, la denunciante mantuvo en el pasado una relación afectiva con el DAO que derivó en una supuesta dinámica de abuso de poder, marcada por una asimetría jerárquica extrema. La querella sostiene que la agente se vio incapaz de poner fin a la relación pese a su voluntad expresa, debido al control ejercido por su superior, lo que introduce un elemento especialmente perturbador para cualquier organización jerarquizada como es la Policía Nacional.

Los hechos denunciados se sitúan el 23 de abril de 2025, cuando la agente se encontraba de servicio en la comisaría de Coslada. Según la querella, González habría utilizado su autoridad para ordenar a la funcionaria abandonar su puesto y desplazarse en un vehículo policial camuflado para reunirse con él. Tras un encuentro casual con otro comisario, ambos se trasladaron a la vivienda oficial del DAO, donde, siempre según la acusación, se produjo un acercamiento sexual reiteradamente rechazado por la denunciante.

El relato judicial describe una conducta persistente pese a las negativas, caracterizada por violencia física e intimidación ambiental. La agente habría logrado abandonar finalmente el domicilio y regresar a la comisaría para devolver el vehículo oficial, antes de dirigirse a su casa. Posteriormente, la querella habla de una cadena de acoso telefónico, manipulación psicológica e intentos de ofrecer compensaciones laborales para evitar la denuncia, un extremo que, de confirmarse, dibujaría un escenario de utilización del poder público con fines estrictamente personales.

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El papel del ministro Marlaska y una protección política cuestionada

José Ángel González ocupaba el cargo de DAO desde 2018, cuando fue nombrado por el ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska. Durante estos años se consolidó como una figura clave dentro del aparato policial y de seguridad del Estado, participando en órganos de alto nivel como el CECOR y el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus. Su cercanía al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y al propio ministro reforzó una posición de poder prácticamente incontestable.

Especialmente controvertida fue la decisión adoptada en noviembre de 2024 por Grande‑Marlaska de dejar sin efecto la jubilación obligatoria del DAO al cumplir 65 años, recurriendo a una modificación legal ad hoc para permitir su continuidad indefinida. Aquella maniobra fue duramente cuestionada por la oposición y por sectores del propio cuerpo policial, que alertaron del precedente que suponía blindar políticamente a un alto mando de forma tan explícita.

La admisión a trámite de la querella ha terminado por hacer insostenible esa protección. La presión institucional y mediática, unida a las reacciones políticas posteriores, ha forzado una dimisión que llega tarde para muchos y que vuelve a colocar el foco no solo sobre el investigado, sino sobre las responsabilidades políticas de quienes lo mantuvieron en el cargo hasta el último momento.

Una crisis de credibilidad para Interior y la Policía

Cuando el máximo mando operativo se ve envuelto en una investigación por presunta agresión sexual a una subordinada, la respuesta política no puede limitarse a una dimisión forzada por los acontecimientos. El caso expone con crudeza los riesgos de concentrar poder, prolongar mandatos de forma excepcional y confundir lealtad política con control institucional. Y plantea una pregunta incómoda pero inevitable: quién supervisa a quienes mandan cuando el sistema decide mirar hacia otro lado.

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