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La provincia indonesia de Aceh impedirá la difusión pública de imágenes de los castigos físicos a los condenados por homosexualidad. La reforma fue discutida en su momento entre el presidente indonesio, Joko Widodo, y el gobernador de Aceh, Irwandi Yusuf, debido al daño que para la imagen de Indonesia supuso la difusión de la flagelación de dos jóvenes. Pues bien, los castigos a homosexuales se ejecutarán en el interior de las cárceles y centros de detención, sin que puedan registrarse ni difundirse imágenes de las mismas.
La condena a los dos jóvenes a 83 latigazos en público se ejecutó en mayo de 2017, después de que pasaran además dos meses en prisión. El espectáculo, cuyo objetivo «ejemplarizante» fue ensalzado por la alcaldesa de Banda Aceh, capital de la provincia («imaginen qué pasaría si a toda la gente le empezara a atraer su mismo género y la enfermedad se empezara a esparcir por el mundo»), trascendió internacionalmente y las condenas no se hicieron esperar. Algo que no gustó a las autoridades indonesias, que ante el temor de que lo sucedido desincentivase la inversión extranjera se plantearon la posibilidad, no de suspender los castigos a las personas condenadas por homosexualidad, sino de ejecutarlos privadamente en el interior de las prisiones. Así lo discutieron el pasado verano el presidente indonesio y el gobernador de Aceh en una reunión mantenida en Yakarta, la capital del país. Una muestra de hipocresía que la organización de derechos humanos Human Rights Watch denunció ya por entonces.
Pues bien, pese a las dudas de que la decisión se materializase finalmente, la semana pasada se conocía que el gobernador Irwandi Yusuf ha firmado la orden correspondiente, acordada con la Oficina Provincial de Justicia y Derechos Humanos.
Los castigos físicos a los condenados por homosexualidad se ejecutarán en el interior de cárceles y centros de detención, y no en lugares públicos como hasta ahora. Aunque sí parece que podrá hacerse en presencia de testigos, no podrá haber niños entre ellos, y estará rigurosamente prohibido que estos graben o difundan imágenes con cualquier tipo de dispositivo.
La medida cuenta con críticos entre la población local. Los hay que consideran que si los castigos no son públicos perderán su carácter «ejemplarizante». «Si los latigazos se dan en prisión, seguro que habrá más violaciones de la sharía en Aceh», declaraba un manifestante opuesto a la reforma. En esta provincia, recordemos, rige la sharía desde 2005. Fue una concesión de Indonesia a los separatistas en el marco del acuerdo de paz que tuvo lugar poco después del tsunami que asoló la región. Aunque no fue hasta septiembre de 2014 cuando finalmente se aprobó la ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de flagelación (que entró en vigor en octubre de 2015).
