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Reconoce el ministro de Interior, en la entrevista que hoy publica ABC, que en Cataluña «hay un grave problema de orden público». Y hace bien Fernando Grande-Marlaska en llamar a las cosas por su nombre, corrigiendo aquel primer y equivocado intento de restar importancia a la violencia de los CDR tras la sentencia del «procés», cuando afirmó que, con las calles ardiendo, se podía visitar Barcelona «con toda normalidad». No se queda el responsable de Interior en la gravedad del asunto, sino que en la entrevista afirma que en aquella revuelta «había estrategia, organización y mando», aunque prefiere esperar a que la justicia le ponga el nombre penal que merece a ese turbión de violencia y que bien podría asociarse con el terrorismo.
Reconocido el problema, lo que la sociedad espera son soluciones de los responsables políticos para que el separatismo no siga imponiéndose, en demasiadas ocasiones con impunidad, en la calle. Los CDR son la punta de lanza de esta estrategia coactiva que, algaradas aparte, mantiene cautiva a la ciudadanía catalana que, por ejemplo, ha visto cómo estos grupos a los que Torra animaba a «apretar» han cortado más de 500 carreteras, bloqueado decenas de vías férreas y hasta colapsado el principal aeropuerto de Cataluña. ¿Es normal lo vivido esta semana en la universidad? No hablamos solo de molestias o trastornos para los catalanes en el día a día, hablamos también de su seguridad.
El Estado debe dar respuesta a esta estrategia de alteración permanente de la convivencia y conculcación de las libertades en Cataluña. Y toda vez que es ingenuo pensar que la Generalitat colaborará, pues más bien se convierte en animadora de esta coacción, es el Gobierno quien debe garantizar los derechos de los ciudadanos y arreglar ese «grave problema de orden público» del que habla Marlaska, vía Ley de Seguridad Nacional o, ya pasando a mayores, aplicando el artículo 155 de la Constitución, que para eso está.
