«No puedo firmar una autorización para mi hija si no la entiendo». Con este argumento, Joaquín, padre de un niña de ocho años alumna de un colegio público de la ciudad de Alicante, ha presentado una denuncia ante la Inspección Territorial de la Conselleria de Educaciónen la que solicita que «garantice el derecho a recibir comunicaciones también en lengua castellana sin que, para ello, haya que pedirlo expresamente», según cuenta ABC.
Este miércoles, el colegio en el que Nuria cursa tercero de Primaria (cuyo nombre se omite para preservar la intimidad de la menor) había programado como actividad complementaria extraescolar una excursión por el centro de Alicante.
El formulario que recibió Joaquín para otorgar su autorización para que su hija pudiera asistir a la visita guiada estaba escrito correctamente en valenciano mientras que la versión «castellana» estaba trufada de errores y palabras que no se corresponden con el español. El centro le trasladó que se había producido un «error en la redacción no bilingüe de la comunicación».
Ante esta situación, el padre solicitó al centro que se le remitiera la circular en castellano para poderla firmar. Joaquín denuncia que el colegio le trasladó a su hija, de ocho años, que no iba a mandar un nuevo formulario y que, en consecuencia, si su progrenitor no lo rubricaba «tendría que quedarse toda la jornada de hoy en otra clase». Al respecto, Joaquín lamenta que «mi hija no ha podido ir de excursión escolar porque su padre habla en castellano».
Este miércoles, padre e hija han visitado el Oceanográfico de Valencia mientras el resto de compañeros de Nuria tenían previsto participar en la actividad extraescolar que su progenitor no ha podido autorizar porque, insiste, «no puedo firmar un documento que no entiendo».
Mientras, la actividad del colegio finalmente se ha suspendido por la lluvia, conforme le ha comunicado el centro por correo electrónico esta misma mañana, en esta ocasión en las dos lenguas oficiales. A esas horas, Joaquín y su hija ya estaban en Valencia porque «he tenido que planificar mi propia excursión».
La asociación Hablamos Español se ha hecho eco de su problemática y ha anunciado que trasladará los hechos de «discriminación lingüística» sucedidos en este colegio público de Alicante a la Fiscalía de Menores para que «investigue si se han vulnerado los derechos de la menor y si se ha incurrido en prevaricación».
Para la presidenta de la asociación, Gloria Lago, se trata de un caso «paradigmático del desprecio a la cooficialidad y a los derechos lingüísticos de las personas».
De hecho, los problemas de Joaquín para recibir en castellano las comunicaciones oficiales del colegio público en el que estudia su hija vienen de lejos. Según consta en la denuncia presentada ante la Inspección Territorial de Educación, con anterioridad había recibido una convocatoria para una reunión trimestral escrita únicamente en valenciano. En ese caso, un día antes de la convocatoria se le entregó a la alumna la citación en castellano.
Joaquín, que forma parte del Consejo Escolar del centro, también solicitó una copia del Proyecto Lingüístico del colegio, toda vez que se trata de un documento público. El padre estaba interesado en conocer «la proporción de horas lectivas y la distribución de las asignaturas en relación a con la aplicación de las lenguas oficiales en la Comunidad Valenciana: el español y el valenciano».
«La lengua oficial de la Generalitat»
Según consta en la denuncia, la jefa de estudios del colegio le enseñó una copia redactada en valenciano con el argumento de que «es la lengua oficial de la Generalitat», de acuerdo con la versión del padre.
Joaquín explica que, además, «en las celebraciones de Navidad ya se excluyó por completo el castellano». Ante este cúmulo de situaciones, ha solicitado formalmente a la Inspección Educativa que, además de asegurar que los padres reciban las comunicaciones en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, garantice que «los niños no sean el instrumento de presión para conseguir los fines de una imposición lingüística a la comunidad educativa, de la que los padres también formamos parte».
Al respecto, explica que respalda la decisión de Hablamos Español de denunciar los hechos ante la Fiscalía de Menores tras haber agotado «todos los cauces de diálogo posibles».
«Utilización de menores»
La asociación cree que este caso de una alumna alicantina es el ejemplo de «la utilización de menores para hacer claudicar a sus padres en la exigencia de cumplimiento de su derecho a comunicarse con la escuela en español».
En ese sentido, la asociación explica que «cada vez más personas están solicitando que las Administraciones Públicas usen también el español en las comunidades autónomas siguiendo la campaña “Pídelo en Español”». Para Lago, «la presencia de nuestra lengua común no solo está siendo cada vez más limitada en la enseñanza, sino también en ayuntamientos, hospitales, y dependencias de gobiernos autonómicos».
(ABC)
