España
El juez del Tribunal Supremo que investiga al Fiscal General le acusa de «destruir pruebas». Pero aquí no dimite nadie
El juez que investiga a García Ortiz le reprocha que haya hecho «desaparecer pruebas»
Hurtado señala la «falta de colaboración» del fiscal general del Estado por no haber comunicado al tribunal la eliminación de sus mensajes
El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado por revelación de secretos -por la filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso- ha reprochado a Álvaro García Ortiz que haya hecho «desaparecer pruebas» de sus móviles, tras constatar la Unidad Central Operativa (UCO) que eliminó sus mensajes en los días claves de la divulgación de esa información confidencial sobre la investigación al empresario por fraude tributario.
Así lo pone de manifiesto el magistrado Ángel Hurtado en la resolución en la que -tras la queja del fiscal general sobre la incorporación de datos reservados a los informes de la UCO- acuerda que acusaciones y defensas puedan consultar los anexos de esos dictámenes en la propia secretaría del tribunal, para reducir así el riesgo de filtraciones. El instructor toma esta decisión tras recibir el último informe de la UCO, fechado el pasado día 21, que incorpora tres anexos sobre lo «cambios de móvil» del fiscal general
El instructor señala que «es una evidencia» que García Ortiz «ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles» a lo largo de la instrucción. Y «aunque ha dado distintas explicaciones para hacerlo», añade, «de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición» y «no aprovechar» para llevar a cabo ese borrado masivo el mismo 16 de octubre del pasado año, «cuando es notorio que este Tribunal Supremo se declara competente para conocer de la causa, a raíz de auto de 15 de octubre».
«Precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia»
Ante esa eliminación de datos, y «el cauteloso «conjunto de precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia», como dice nuestra LECrim -asegura-, se han acordado diversas diligencias «para tratar de recuperar pruebas», para lo que «ha sido necesario acudir a la realización de una serie de medidas de investigación tecnológica en búsqueda de los dispositivos móviles con los que se presume que ha desplegado su actividad delictiva, en las que, previsiblemente, el propio investigado debió haberse representado la posibilidad de encontrar datos relativos a terceros, que no había razón para descartar que ofrecieran información que contribuyese a ese esclarecimiento de los hechos».
Hurtado se refiere de forma expresa a lo que señala a este respecto la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) cuando se refiere -con el lenguaje propio de finales del siglo XIX- a la «desigualdad» de condiciones entre el investigado y el Estado en un procedimiento penal en la medida en que «desde que surge en su mente la idea del delito, o por lo menos desde que, pervertida su conciencia, forma el propósito deliberado de cometerlo», aquel «estudia cauteloso un conjunto de precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia y coloca al Poder público en una posición análoga a la de la víctima, la cual sufre el golpe por sorpresa, indefensa y desprevenida». Para restablecer esa igualdad, expone la norma procesal, «menester es que el Estado tenga alguna ventaja en los primeros momentos siquiera para recoger los vestigios del crimen y los indicios de la culpabilidad de su autor».
Y aunque deja claro que «no desconoce» que «carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desparecer pruebas», añade que «tampoco se debe ignorar» que ese borrado de mensajes de su móvil (y también de las copias de seguridad, según ha constatado la UCO) «no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal».
La consulta de documentos, en el Supremo
Hurtado acuerda que, a partir de ahora, los anexos de los oficios que realice la UCO no se entregarán a las partes, que únicamente podrán consultarlos en la secretaría del alto tribunal. García Ortiz se quejó de una supuesta vulneración de la normativa de protección de datos por la divulgación de información reservada en los anexos a esos dictámenes.
El magistrado se ampara en el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que faculta a los jueces a adoptar las medidas necesarias para suprimir datos personales de resoluciones y documentos «siempre que no sean necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva», y sin que en ningún caso, pueda producirse indefensión a las partes.
España
Se les acaba la alfalfa en el pesebre. Por Jesús Salamanca Alonso
.«Es un hecho que la afiliación sindical ha descendido del año 2000 para acá; son los sectores de servicios los que acaparan mayor afiliación: educación, biblioteca, etc. Hoy no supera el 12-13% y bajando, según la OCDE»
El pesebre sindical se va quedando sin alfalfa. Al sindicalismo en desuso, consagrado casta y de buen vivir se le acaban los haces de alfalfa como a los aviones de ciertos países, que se van quedando sin queroseno de reserva. Sea por improvisación de los Gobiernos, mala gestión de las políticas o simplemente la conflagración de una guerra inesperada, el caso es que quienes comían ya no comen, al igual que los que vivían del lujo, malgastando fondos de la Junta de Andalucía o del Fondo europeo ya no vive igual y comprueba como Anticorrupción, la UCO o Hacienda le tienden trampas. Algunas iguales a las que tienden a los contribuyentes, que ponerlas las ponen.
Hacienda, la UCO y la Fiscalía Anticorrupción lleven a cabo una investigación en profundidad sobre la opacidad del patrimonio sindical y, en algunos casos, el de los líderes que llevan años enclaustrados con tumbona, porrón, cacahuetes y naipes de ocio alargado. Algunas sanciones a esos sindicatos machistas, privilegiados y casta se han pagado con patrimonio sindical, cuando las sanciones han sido aplicadas por la mala gestión efectuada. No echen en saco roto cómo uno de esos sindicatos amamantado por el Erario Público pagaba a su gente viajes al Caribe con cargo de los fondos que recibía de la Junta de Andalucía. Investiguen, investiguen, verán como no es necesario que me retracte.
Durante muchos años han vivido de los presupuestos y del dinero público. Ahora parece que el grifo se queda sin agua o tiene fugas por otros sitios. Grifo sin agua y vaca sin leche ya se sabe. Han tirado tanto de la ubre que no da más de sí. Están obligados a pedir perdón a los trabajadores por usos y representación fraudulenta. En España, entre los trabajadores de 25 a 44 años, está afiliado a un sindicato el 18% de los empleados a tiempo completo. Parece que ese porcentaje desciende al 10% entre los trabajadores que trabajan parcial. Es un hecho que la afiliación sindical ha descendido del año 2000 para acá; son los sectores de servicios los que acaparan mayor afiliación: educación, biblioteca, etc. Hoy no supera el 12-13% y bajando, según la OCDE.
«Más allá de su función institucional (…), el grado en que los trabajadores deciden afiliarse a un sindicato refleja su nivel de identificación con estas organizaciones y la capacidad de éstas para atraer y retener nuevos miembros. En los últimos años, diversos estudios han señalado un proceso de debilitamiento de la afiliación sindical en muchas economías avanzadas, especialmente entre los trabajadores más jóvenes y aquellos con trayectorias laborales más inestables». Eso se debe a una transformación estructural del mercado de trabajo, el aumento de la temporalidad y una mayor rotación en el empleo, así como por los cambios habidos en las relaciones laborales.
El nivel de identificación en España con este tipo de organizaciones no supera el cuatro por ciento. Están obligados a cambiar su estructuración, su dedicación al afiliado o usuario y a un aumento de las exigencias para la mejora de sus servicios. El gran logro del siglo XXI se habrá alcanzado cuando aprendan a mantenerse con sus propios presupuestos para ganar independencia respecto al Estado. Ahora es ese momento: vivir de sus afiliados y mantener sedes y servicios de ellos, ajenos al Estado y a las empresas. «Han vivido del robo y la venta de los trabajadores y se han dado lujos de los que se privaban los trabajadores: mariscadas, vicios mayores, orgías a destiempo, etc.», dice E. San Román, afiliado hasta su desengaño.
Ahora empezarán las huelgas que llevan años sin hacer porque, estando lleno el buche, no dan ganas de algaradas ni de quema de contenedores. Les interesan más sus intereses y llenar sus bolsillos que las necesidades de los trabajadores. Movilizaciones las llaman, pero solo recurren a ellas si les tocan el bolsillo. ¡Vividores a trabajar! Castilla y León se han comprometido a quitar las subvenciones a los sindicatos y a enseñarlos a vivir de lo que generen. Ya lo hizo en la legislatura anterior, pero solo mientras VOX permaneció en el Gobierno. Si se ha hecho en casi todos los países, ¿por qué en España seguimos sin evolucionar, pringados en naftalina y con estructuras sindicales anquilosadas? A Alfonso Fernández Mañueco le hemos dado un plazo prudencial para cerrar el grifo de las subvenciones inútiles, que las hay, y muchas. Si no lo lleva a cabo tendrá que soportar movilizaciones de la ciudadanía que produce y si no, al tiempo.
Mientras este tipo de sindicatos no cambie y se modernice, solo merecen patatas cocidas (marraneras) y no tantas gambas. ¡Ya está bien de fiestas! Para el 1º de mayo ya está organizado el comité de seguimiento para comprobar cómo desciende el «montante gambeto» de España. Contabilicemos gambas y liberados.
