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Sociedad

«EL ABORTO ES UN ASESINATO». 30 mil médicos escriben un comunicado a la Corte Suprema de los EE. UU.

Redacción

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Melisa Ohden, fue abortada y salvada in extremis por una enfermera.
Melisa Ohden, fue abortada y salvada in extremis por una enfermera.
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Más de 30 mil médicos escribieron a la Corte Suprema de Estados Unidos afirmando que los bebés no nacidos son seres humanos y por tanto merecen derechos como cualquier otro, entre ellos el derecho a la vida. 

La Alianza para la Medicina Hipocrática, la cual representa a más de 30.000 médicos y otros profesionales de la salud, están reclamando que se restauren las protecciones legales para los bebés por nacer mientras la Corte Suprema de los Estados Unidos se prepara para escuchar un caso importante de aborto el 1 de diciembre .

“En los casi 50 años transcurridos desde que la corte falló erróneamente en Roe v. Wade  y  Doe v. Bolton, la ciencia médica ha progresado significativamente y ha apoyado cada vez más la posición pro-vida”, dijo la alianza médica  en un comunicado a principios de este mes. 

“Es hora de que la ley de nuestro país se ponga al día con los avances de la ciencia médica y apoye los derechos humanos de todos nuestros pacientes”, insistió la asociación.

Según asegura la alianza, no existen dudas basadas en la ciencia en que un ser humano, vivo y completo surge en el momento de su concepción. Y un aborto implica acabar con la vida de ese ser humano, que no debería ser menos importante que cualquier otro.

También se encargaron de aclarar que los profesionales de la salud cuando están cuidando de una embarazada, lo hacen sabiendo que están cuidando a dos personas distintas.

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En este sentido, el aborto no debe ser considerado como parte de los “cuidados de la salud”. De hecho, asegura el comunicado, el 90 por ciento de los gineco-obstetras no desea realizar este tipo de prácticas. 

Los abortos también pueden dañar a las madres, sometiéndolas a mayores riesgos de futuros partos prematuros y trastornos de salud mental, incluso la muerte, continuó la alianza. En el segundo trimestre, los riesgos son aún mayores, anotó.

El caso que deberá afrontar la Corte a partir del 1 de diciembre, Dobbs v. Jackson Women’s Health, justamente involucra una ley de Mississippi de 2018 que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de embarazo cuando el feto está casi completamente formado.

La alianza fue categórica al asegurar que el tema del aborto se ha convertido en una cuestión política, invitando a científicos y colegas médicos a apelar a la ciencia a la hora de posicionarse al respecto y no dejarse llevar por ideologías.

“Es hora de que aquellos de nosotros en la profesión médica defendamos con valentía las vidas de todos nuestros pacientes y exijamos que se proteja a nuestros pacientes no nacidos y que se empodere a nuestras pacientes embarazadas en lugar de mentirles”, dijo la alianza.

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El histórico fallo Roe v. Wade de 1973, ha permitido que desde ese entonces en Estados Unidos se desarrolle una verdadera industria del aborto y en consecuencia casi 63 millones de bebés por nacer fueron asesinados legalmente bajo el amparo de las autoridades políticas y de salud.

Hace 50 años cuando se dictaminó el polémico fallo, la ciencia desconocía muchas cuestiones sobre los bebés por nacer que hoy sí se conocen y podrían llevar a revertir la decisión judicial tomada en ese entonces. 

Sólo a modo de ejemplo, hoy no existen dudas acerca de que los bebés en el útero pueden sentir dolor a las 12 semanas de embarazo y con certeza a partir de las 18 semanas, indica un artículo publicado en la revista National Review.

Otros avances de la ciencia como las ecografías 4D y 5D, han permitido ver con mucho más detalle los movimientos y expresiones en la cara de los bebés, proporcionado evidencia visual de que los bebés por nacer sienten dolor en el segundo trimestre cuando son expuestos a una práctica invasiva.

Andrés Vacca 

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España

Dimisión forzada del máximo mando operativo de la Policía tras una querella por agresión sexual

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En noviembre de 2024, Marlaska dejó sin efecto su jubilación al cumplir 65 años para que continuara en el cargo de por vida.

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, ha renunciado a su cargo después de que un juzgado de Madrid haya admitido a trámite una querella que lo sitúa como investigado por un presunto delito de agresión sexual contra una subordinada, además de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. La decisión judicial ha precipitado una salida que ya no podía sostenerse desde el punto de vista institucional, dada la extrema gravedad de los hechos denunciados y la posición de poder del investigado dentro del cuerpo.

La citación judicial está fijada para el próximo 17 de marzo, cuando el juez escuchará tanto a González como a la agente denunciante. La mera admisión de la querella —no una condena— resulta, sin embargo, incompatible con la permanencia en el cargo de quien ha sido durante años el máximo responsable operativo de la Policía Nacional, con capacidad directa de mando y decisión sobre miles de agentes.

Una acusación que apunta a abuso de poder institucional

Según el escrito judicial, la denunciante mantuvo en el pasado una relación afectiva con el DAO que derivó en una supuesta dinámica de abuso de poder, marcada por una asimetría jerárquica extrema. La querella sostiene que la agente se vio incapaz de poner fin a la relación pese a su voluntad expresa, debido al control ejercido por su superior, lo que introduce un elemento especialmente perturbador para cualquier organización jerarquizada como es la Policía Nacional.

Los hechos denunciados se sitúan el 23 de abril de 2025, cuando la agente se encontraba de servicio en la comisaría de Coslada. Según la querella, González habría utilizado su autoridad para ordenar a la funcionaria abandonar su puesto y desplazarse en un vehículo policial camuflado para reunirse con él. Tras un encuentro casual con otro comisario, ambos se trasladaron a la vivienda oficial del DAO, donde, siempre según la acusación, se produjo un acercamiento sexual reiteradamente rechazado por la denunciante.

El relato judicial describe una conducta persistente pese a las negativas, caracterizada por violencia física e intimidación ambiental. La agente habría logrado abandonar finalmente el domicilio y regresar a la comisaría para devolver el vehículo oficial, antes de dirigirse a su casa. Posteriormente, la querella habla de una cadena de acoso telefónico, manipulación psicológica e intentos de ofrecer compensaciones laborales para evitar la denuncia, un extremo que, de confirmarse, dibujaría un escenario de utilización del poder público con fines estrictamente personales.

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El papel del ministro Marlaska y una protección política cuestionada

José Ángel González ocupaba el cargo de DAO desde 2018, cuando fue nombrado por el ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska. Durante estos años se consolidó como una figura clave dentro del aparato policial y de seguridad del Estado, participando en órganos de alto nivel como el CECOR y el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus. Su cercanía al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y al propio ministro reforzó una posición de poder prácticamente incontestable.

Especialmente controvertida fue la decisión adoptada en noviembre de 2024 por Grande‑Marlaska de dejar sin efecto la jubilación obligatoria del DAO al cumplir 65 años, recurriendo a una modificación legal ad hoc para permitir su continuidad indefinida. Aquella maniobra fue duramente cuestionada por la oposición y por sectores del propio cuerpo policial, que alertaron del precedente que suponía blindar políticamente a un alto mando de forma tan explícita.

La admisión a trámite de la querella ha terminado por hacer insostenible esa protección. La presión institucional y mediática, unida a las reacciones políticas posteriores, ha forzado una dimisión que llega tarde para muchos y que vuelve a colocar el foco no solo sobre el investigado, sino sobre las responsabilidades políticas de quienes lo mantuvieron en el cargo hasta el último momento.

Una crisis de credibilidad para Interior y la Policía

Cuando el máximo mando operativo se ve envuelto en una investigación por presunta agresión sexual a una subordinada, la respuesta política no puede limitarse a una dimisión forzada por los acontecimientos. El caso expone con crudeza los riesgos de concentrar poder, prolongar mandatos de forma excepcional y confundir lealtad política con control institucional. Y plantea una pregunta incómoda pero inevitable: quién supervisa a quienes mandan cuando el sistema decide mirar hacia otro lado.

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