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ANVIPED.- La Asociación de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED) asume la defensa del periodista Enrique de Diego en la querella por injurias y calumnias de Ignacio Aguado (Cs)La instrucción acredita una perversa relación político-judicial, en la que el Juzgado de Instrucción nº 3 de Elche, ha tenido continuas actuaciones antijurídicas, tanto de carácter sustantivo como procesal, llegando el letrado de la Administración de Justicia a amenazar a Enrique de Diego, periodista y director del medio Rambla Libre. Esta LAJ oculta ilegalmente su nombre en las resoluciones.
El abogado de oficio Benedicto López se ha desentendido de la defensa y la fiscal Yolanda Cuadrado Guirado se desentiende de asegurar la legalidad.
Mediante escrito redactado por el Presidente de ANVIPED, Javier Marzal, y firmado por un abogado de la Asociación, se ha presentado un incisivo escrito de defensa que acredita que en la instrucción se ha dejado malintencionadamente en indefensión al periodista. Las irregularidades comienzan en el poder notarial del despacho Fúster y Fabra, oficial del partido Ciudadanos. Si no hubiera sino un funcionario público el querellante, la juez no habría admitido a trámite la querella.
Enrique de Diego aportó numerosas pruebas documentales, incluyendo actas y noticias periodísticas que confirman que Ciudadanos, bajo la dirección de Ignacio Aguado, se financió ilegalmente en las elecciones municipales y autonómicas de 2015, obligando a sus candidatos a pagarse de su bolsillo la campaña, tal y como denunciaba el periodista Enrique de Diego.
El periodista había informado verazmente, con diligencia, de una presunta corrupción perpetrada por Ignacio Aguado, diputado autonómico y vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y el partido Ciudadanos, por lo que legalmente la querella ha sido una represalia y una coacción, mientras no se demuestre lo contrario, que no tiene otra finalidad que intimidar a un periodista.
A pesar de ello y vulnerando varias normas europeas y la jurisprudencia española, la fiscal y la juez ignoraron las pruebas.
Como novedad, se pide dinero para iniciar acciones, amparados en varias directivas europeas de obligado cumplimiento, contra Ignacio Aguado, el anterior abogado y la jueza Marta Alba Tenza, a la que también se la ha recusado.
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