En noviembre de 2024, Marlaska dejó sin efecto su jubilación al cumplir 65 años para que continuara en el cargo de por vida.

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, ha renunciado a su cargo después de que un juzgado de Madrid haya admitido a trámite una querella que lo sitúa como investigado por un presunto delito de agresión sexual contra una subordinada, además de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. La decisión judicial ha precipitado una salida que ya no podía sostenerse desde el punto de vista institucional, dada la extrema gravedad de los hechos denunciados y la posición de poder del investigado dentro del cuerpo.

La citación judicial está fijada para el próximo 17 de marzo, cuando el juez escuchará tanto a González como a la agente denunciante. La mera admisión de la querella —no una condena— resulta, sin embargo, incompatible con la permanencia en el cargo de quien ha sido durante años el máximo responsable operativo de la Policía Nacional, con capacidad directa de mando y decisión sobre miles de agentes.

Una acusación que apunta a abuso de poder institucional

Según el escrito judicial, la denunciante mantuvo en el pasado una relación afectiva con el DAO que derivó en una supuesta dinámica de abuso de poder, marcada por una asimetría jerárquica extrema. La querella sostiene que la agente se vio incapaz de poner fin a la relación pese a su voluntad expresa, debido al control ejercido por su superior, lo que introduce un elemento especialmente perturbador para cualquier organización jerarquizada como es la Policía Nacional.

Los hechos denunciados se sitúan el 23 de abril de 2025, cuando la agente se encontraba de servicio en la comisaría de Coslada. Según la querella, González habría utilizado su autoridad para ordenar a la funcionaria abandonar su puesto y desplazarse en un vehículo policial camuflado para reunirse con él. Tras un encuentro casual con otro comisario, ambos se trasladaron a la vivienda oficial del DAO, donde, siempre según la acusación, se produjo un acercamiento sexual reiteradamente rechazado por la denunciante.

El relato judicial describe una conducta persistente pese a las negativas, caracterizada por violencia física e intimidación ambiental. La agente habría logrado abandonar finalmente el domicilio y regresar a la comisaría para devolver el vehículo oficial, antes de dirigirse a su casa. Posteriormente, la querella habla de una cadena de acoso telefónico, manipulación psicológica e intentos de ofrecer compensaciones laborales para evitar la denuncia, un extremo que, de confirmarse, dibujaría un escenario de utilización del poder público con fines estrictamente personales.

El papel del ministro Marlaska y una protección política cuestionada

José Ángel González ocupaba el cargo de DAO desde 2018, cuando fue nombrado por el ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska. Durante estos años se consolidó como una figura clave dentro del aparato policial y de seguridad del Estado, participando en órganos de alto nivel como el CECOR y el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus. Su cercanía al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y al propio ministro reforzó una posición de poder prácticamente incontestable.

Especialmente controvertida fue la decisión adoptada en noviembre de 2024 por Grande‑Marlaska de dejar sin efecto la jubilación obligatoria del DAO al cumplir 65 años, recurriendo a una modificación legal ad hoc para permitir su continuidad indefinida. Aquella maniobra fue duramente cuestionada por la oposición y por sectores del propio cuerpo policial, que alertaron del precedente que suponía blindar políticamente a un alto mando de forma tan explícita.

La admisión a trámite de la querella ha terminado por hacer insostenible esa protección. La presión institucional y mediática, unida a las reacciones políticas posteriores, ha forzado una dimisión que llega tarde para muchos y que vuelve a colocar el foco no solo sobre el investigado, sino sobre las responsabilidades políticas de quienes lo mantuvieron en el cargo hasta el último momento.

Una crisis de credibilidad para Interior y la Policía

Cuando el máximo mando operativo se ve envuelto en una investigación por presunta agresión sexual a una subordinada, la respuesta política no puede limitarse a una dimisión forzada por los acontecimientos. El caso expone con crudeza los riesgos de concentrar poder, prolongar mandatos de forma excepcional y confundir lealtad política con control institucional. Y plantea una pregunta incómoda pero inevitable: quién supervisa a quienes mandan cuando el sistema decide mirar hacia otro lado.