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Tribunales

Villarejo, dispuesto a revelar al juez detalles del turismo sexual de jueces y fiscales

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El excomisario José Villarejo, en prisión desde hace más de un año por el caso Tándem -ayer la Sección Tercera de la Audiencia Nacional volvió a denegar su libertad por enésima vez-, pidió a principios de febrero al juez instructor, Manuel García Castellón, declarar sobre los viajes a Colombia de magistrados y fiscales tanto de ese órgano judicial como del Tribunal Supremo a países como Colombia en los que estas personas habrían sido grabadas cuando mantenían encuentros sexuales, también con menores. Además, solicita que también sean citados la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y Baltasar Garzón, que según él estuvo en alguno aunque no participó en ese tipo de actividades. No ha recibido aún respuesta.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se refirió a este asunto en la comida que el 23 de octubre de 2009 mantuvo con su amigo y entonces juez Baltasar Garzón y la cúpula policial de la época. Aquella conversación fue grabada por Villarejo y en septiembre del año pasado se difundió. Delgado, en esa etapa fiscal de la Audiencia Nacional, relató un viaje a Cartagena de Indias en compañía de un grupo de miembros del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General del Estado.

La fiscal indiscreta

«Tenemos un viaje a Cartagena de Indias; íbamos una magistrada de la Audiencia Nacional y yo (…). Luego íbamos con una serie de gente del Supremo, de la Fiscalía General, catedráticos (…) y (…) “missing” en combate (…); intentamos quedar con ellos y nos decían que no». La juez y ella, según explicó en esa comida, se fueron a cenar «ella y yo solas, palabra de honor». Los varones se habrían ido a «tomar mojitos» a «no sé qué allí, un sitio que nos dicen que vayamos. Nos vamos allí las dos, estamos sentadicas las dos solas y cuál es nuestra sorpresa cuando vemos al grupo de tíos del Supremo, de la Fiscalía General»… «Con unas tías de 17 años», completó otro de los comensales. «Menores de edad», añadió la ministra con énfasis. «Se levantaron a toda pastilla cuando nos vieron; empezaron con el agobio de que nos habían visto». Les dijeron que eran «camareras del hotel, que nos han dado pena y han venido y no sé qué»…

En el momento de la filtración, ésta se atribuyó a Villarejo y se enmarcó en una estrategia de presión para conseguir su libertad. En febrero pasado el jefe de la trama Tándem pidió declarar por este tema y que también lo hicieran la ministra de Justicia y el juez Baltasar Garzón, «copartícipe de algunos de los viajes aludidos. Si bien es cierto -añade el recluso en su escrito- que el señor Garzón, aunque visitó en alguna ocasión algunos de los establecimientos espiados, nunca aceptó subir a las habitaciones a pesar de los ofrecimientos que tuvo al respecto». Afirma además que con el exmagistrado hizo «algunas de las gestiones» con él para recuperar el material.

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Villarejo, quiere declarar «sobre las instrucciones recibidas de autoridades políticas y policiales y del CNI tendentes a confirmar la existencia de grabaciones de alto contenido sexual y otros (…) Grabaciones que al estar en manos de servicios policiales y/o inteligencia extranjeros habrían forzado a los afectados a actuar en contra de criterios de soberanía nacional».

El jefe de la trama relata en este sentido que «es mi intención apuntar todos y cada uno de los detalles de las operaciones de recuperación de dicho material comprometedor, datos que podrán, si es que existe voluntad de ello, contrastarse con el contenido de la documentación intervenida. En dicha documentación podrá identificarse claramente alguna de estas grabaciones comprometedoras donde se constatan encuentros con menores de uno y otro sexo». Por tanto, reconoce que ese material estaba en su poder pero no explica por qué lo conservaba si es que era el resultado de una misión oficial muy delicada que le había sido encargada por sus superiores.

Insiste el expolicía en que alguna de las grabaciones «se pudo rescatar, al menos copias, que no originales, que han podido terminar en poder de la DEA y/o otros servicios extranjeros», y quizá también en manos del CNI, cuyo director, Félix Sanz Roldán, como se sabe, es su enemigo número uno.

Mientras el excomisario espera la respuesta del juez a su petición, ayer la Sala decidió mantenerlo en prisión al considerar que persiste «el riesgo de fuga». «Los argumentos dados por los jueces a quo en los autos (…) se comparten plenamente por esta alzada, remitiéndonos expresamente a los mismos». La defensa justificaba su petición en el estado de salud de su cliente, la dependencia que tiene de su mujer y su hija y la falta de medios para poder huir del país.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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