Tribunales
Una divorciada de Zaragoza pierde la pensión compensatoria y la casa por convivir con otro hombre
Published
5 años agoon
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Redacción
La Audiencia Provincial acaba de dictar una sentencia que por su enorme repercusión social podría tener un rápido efecto dominó, ya que obliga a una divorciada zaragozana a abandonar la vivienda familiar por estar conviviendo en ella con una nueva pareja. La Sección Segunda de lo Civil sigue así el criterio marcado hace menos de un mes por el Tribunal Supremo y se posiciona a favor del exmarido, quien seguía costeando la mitad de los gastos de la casa pese a que hace ya siete años que se divorció y tuvo que buscarse otro lugar donde alojarse.
La sentencia que acaba de ratificar la Audiencia Provincial fue dictada por la titular del Juzgado de Primera Instancia número 16 de la capital aragonesa el pasado 25 de mayo. De hecho, la magistrada se adelantó en sus conclusiones al pronunciamiento que seis meses después iba a hacer el Supremo. Tras examinar el caso, la juzgadora llegó a la conclusión de que la nueva relación sentimental que había iniciado la mujer era equiparable a una convivencia marital. Y, por tanto, ya no tenía sentido que su exmarido siguiera teniendo limitado el uso de una vivienda de la que es cotitular.
Cuando la pareja pactó hace siete años las condiciones del divorcio, se acordó que la esposa se hiciera cargo de las dos hijas y que las tres siguieran disfrutando del que había sido el domicilio familiar. “Pero la introducción de una tercera persona hace perder a la vivienda su antigua naturaleza por servir en su uso a una familia distinta u diferente”, explica la Audiencia de Zaragoza dando por buenos los argumentos del primer fallo.
El exmarido utilizó un detective
Antes de solicitar la modificación de medidas del acuerdo de divorcio, el exmarido tuvo que contratar un detective privado para demostrar que la madre de sus hijas estaba conviviendo con otro hombre en la casa familiar. Y lo cierto es que la información obtenida por este investigador, como reconoce ahora el tribunal, “arroja bastante luz sobre el caso”. ¿Por qué? Porque probó la reiterada presencia del compañero de su excónyuge en este domicilio, del que tenía llaves y en cuyo garaje aparcaba su vehículo particular.
Cuando recurrió la primera sentencia, la exmujer reconoció que estaba saliendo con un hombre y que este pernoctaba alguna vez en su casa, pero negó que estuvieran conviviendo y alegó que él tenía su propio piso y que es allí donde sigue empadronado. Fue entonces cuando se exigió a este hombre que aportara las facturas de consumo de electricidad y agua de su vivienda, que han sido en las que se ha basado el tribunal para llegar a la conclusión de que no la usa como domicilio habitual. “El importe de los consumos de luz y agua que realiza son muy bajos: el de agua es, aproximadamente, la cuarta parte del consumo medio habitual de una persona en esta ciudad”, explican los magistrados.
Simón Lahoz, abogado
El abogado zaragozano Simón Lahoz defiende los intereses del exmarido en este procedimiento.
Tal y como solicitaba el abogado Simón Lahoz, en representación del exmarido, la Audiencia de Zaragoza ha decidido que además de perder el uso de la vivienda familiar la exesposa deje también de percibir la pensión compensatoria. Así lo establece el Código Foral Aragonés para aquellos casos en los que quede demostrado que el cónyuge beneficiario de la paga ha iniciado una nueva convivencia marital.
La sentencia no es firme y las partes tienen un plazo de 20 días para comunicar su intención de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Podrá seguir un tiempo más en la casa si recurre la sentencia
Cuando la titular del Juzgado de Primera Instancia número 16 de Zaragoza se pronunció el pasado mes de mayo a favor del exmarido y retiró el uso de la vivienda familiar a su exmujer le dio a esta de plazo hasta el 1 de septiembre para abandonarla. Sin embargo, al recurrir el fallo ante la Audiencia Provincial, ella ha ganado casi tres meses para seguir utilizando el domicilio. Al ratificarse ahora el fallo, a la divorciada, representada por la abogada María Teresa Artaso, solo le quedaría ahora la opción de volver a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón si quiere seguir allí, ya que de lo contrario se ejecutará la sentencia y tendrá que dejar la vivienda.
“El interés de los hijos no puede desvincularse absolutamente del de sus padres, cuando es posible conciliarlos”, dice el tribunal al ratificar la primera sentencia y recordando que con la madre conviven todavía las dos hijas del matrimonio. Es más, la Audiencia Provincial va más allá e invita a los padres a “actuar en beneficio e interés de sus hijos respecto de la vivienda”, recordándoles que al ser el inmueble un bien ganancial existen dos opciones:que la madre compre la mitad del padre o que con el dinero que obtenga de la venta adquiera otra.
Sucesos
Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?
Published
1 año agoon
17/12/2022By
Redacción
El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch
Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.
Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.
Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.
Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.
Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.
Más del 90% de los presos, en el País Vasco
En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia».
La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.
De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro días. No obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.
Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.
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