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Tribunales

Un juez envía al Supremo un proceso penal contra Ortega Smith por pegar a un militante de Vox

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Javier Ortega-Smith en un acto de Vox.
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La Sala Penal del Tribunal Supremo tendrá que decidir en las próximas semanas si abre una causa para juzgar al diputado Javier Ortega Smith por un presunto delito leve de lesiones denunciado por un militante de Vox al que el secretario general de la formación habría golpeado durante una asamblea.

El Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ha elevado al Supremo una exposición razonada en la que explica que desde el 31 de octubre de 2016 tramita un proceso penal contra Ortega Smith y Enrique Cabanas, vicesecretario de presidencia y gerente de Vox, tras la denuncia presentada por cinco militantes por presuntos delitos de lesiones y coacciones.

La denuncia se refería a los incidentes ocurridos durante la asamblea del partido celebrada en un teatro de Madrid el 24 de septiembre de 2016 cuando unos militantes críticos con la dirección intentaron presentar una candidatura a la mesa alternativa a la oficial. Se les impidió y entonces empezaron a gritar y a protestar. La denuncia sostiene que fueron expulsados del teatro “por la fuerza” y que luego ya no se les permitió volver a entrar al acto.

Tras el incidente hubo denuncias cruzadas ya que la dirección de Vox también actuó contra los denunciantes por haber intentado “boicotear” la asamblea. Pero esa denuncia fue archivada, mientras que la de los militantes siguió adelante.

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Según relata la exposición razonada del juez de instrucción, Ortega Smith y Cabanas rechazan haber golpeado a nadie, aunque no niegan el altercado. Era difícil hacerlo porque fue presenciado por numerosos asistentes a la asamblea. Una exmilitante de Vox relató en su día al digital Rambla Libre que “el domingo 25 de septiembre de 2016 tramité mi baja como afiliada tras la asistencia a la asamblea nacional del 24 de septiembre y comprobar in situ cómo algunos afiliados eran golpeados, cómo eran arrastrados a la salida por querer presentar una mesa alternativa y que fuese votada democráticamente, cómo se les impedía la entrada de nuevo a aquellos que iban a interesarse por el estado de salud del compañero golpeado”.

Indicios

Tras practicar diversas diligencias de investigación, el 18 de agosto de 2017 el instructor dictó una resolución por la que transformó la actuaciones en juicio por un delito leve de lesiones. Se trata del llamado auto de transformación por el que el Juzgado da por terminada la investigación y aprecia indicios para que, en el supuesto de que se presente escrito de acusación, los imputados se sienten en el banquillo.

Según afirma el juez instructor en la exposición elevada a la Sala Penal, de la investigación “resulta acreditado que en el día en el que se celebra la asamblea del partido político Vox el 24 de septiembre de 2016 se produce un altercado en el teatro en el que tiene lugar, en el curso del cual el denunciante resulta lesionado, afirmando éste que los denunciados, entre los que se encuentra el diputado, le golpearon, causándole las lesiones que se han recogido en el oportuno informe del médico forense”.

El juez añade que “constan unidas a los autos grabaciones aportadas por los denunciantes de la asamblea, en las que se aprecia la existencia de un altercado, estando presentes en el mismo el denunciante y los denunciados”, es decir, Ortega Smith y Cabanas.

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El Juzgado rechazó en enero de 2018 los recursos interpuestos contra el auto de transformación, “debiendo continuarse las presentes actuaciones como juicio por delito leve de lesiones en el que aparece como denunciante A. y como denunciados Javier Ortega Smith y Enrique Cabanas”, indicaba la resolución.

El pasado febrero la Audiencia Provincial de Madrid estimó el recurso de otro militante, D., ordenando al juez que se pronunciara sobre el delito de coacciones que también fue denunciado. El instructor, no obstante, lo ha descartado, por lo que el proceso continúa adelante solo por lesiones leves.

El juez comunica al Supremo que “se eleva exposición razonada al considerar que la competencia para el enjuiciamiento podría corresponder a ese Alto Tribunal, pues podría existir responsabilidad penal en un diputado, Javier Ortega Smith Molina”.

“En el estado actual del procedimiento, transformado en juicio de delito leve de lesiones -siendo firme la resolución que acuerda la transformación-, en el que aparece como denunciado el diputado mencionado, en íntima conexión con otra persona no aforada, no cabe posibilidad de conocimiento por este Juzgado, habida cuenta que el siguiente trámite procesal es el de la celebración del oportuno juicio oral”.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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