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Tribunales

Un error de cálculo de Fiscalía y del incompetente Ortega Smith les impide hacer la pregunta clave a Trapero

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El incompetente Ortega Smith, a la derecha.EC.- Estaba claro que la declaración del mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero no iba a ser sencilla. La
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EC.- Estaba claro que la declaración del mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero no iba a ser sencilla. La sorpresa saltó a última hora de la sesión de la mañana, tras dos horas de interrogatorio. Un error de cálculo de la Fiscalía y de la acusación de Vox dejó en el aire la pregunta clave que el Ministerio Público quería efectuar al máximo responsable del cuerpo policial. El tribunal paró el juicio para deliberar si se podía o no interrogar al testigo sobre sus advertencias a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn sobre el escenario de violencia que preveían de cara al 1-O. A la vuelta, la Sala indicó que, por unanimidad, no se podía aceptar la pregunta.

La Fiscalía, que acusa al mayor de rebelión en un procedimiento separado que se conduce en la Audiencia Nacional, optó por no pedir al tribunal que Trapero declarara como testigo en el juicio del ‘procés’. Sí lo hicieron Vox y algunas de las defensas. El partido de Santiago Abascal, por ello, preguntó en primer lugar y, con ello -según el criterio que ha ido sentando el tribunal en los últimos días- delimitó el alcance de las preguntas que podía o no efectuar el Ministerio Público. Si Vox no preguntaba sobre un aspecto concreto y Trapero no lo mencionaba en sus respuestas, entonces la Fiscalía no podía ponerlo sobre la mesa durante su turno. Así, cuando llegó la pregunta más sensible del fiscal Javier Zaragoza, el abogado del ‘exconseller’ de Interior, Javier Melero, no perdió la oportunidad de congelar el interrogatorio.

Fue así porque durante el tramo de preguntas que efectuó el abogado de los de Abascal, Javier Ortega Smith, este recorrió los hechos del 20-S y los del 1 de octubre, pero no interrogó en ningún momento sobre esa reunión en la que, según anticiparon los mandos de los Mossos Manuel Castellví y Emili Quevedo, se avisó al Govern de que si continuaban adelante con sus planes de cara al referéndum habría un escenario de violencia.

Tras Vox, llegó el turno del Ministerio Público. Todo transcurrió con normalidad hasta que el fiscal Javier Zaragoza preguntó sobre los dos encuentros de los días 26 y 28 de septiembre en los que, según los testigos anteriores, se produjeron esos avisos que Puigdemont desdeñó. Melero entró automáticamente al trapo y pidió a la sala que no se admitiera esa pregunta: “Disculpe, señor presidente. El tema es de indudable interés, pero a la vista de lo peticionado por la acusación popular que plantea la prueba de su interrogatorio, las preguntas del fiscal en este punto parece que desbordan el marco de la testifical”, lanzó el abogado. El magistrado Manuel Marchena, presidente del tribunal, escuchó la protesta, miró a un lado y a otro del estrado, consultó brevemente con sus compañeros y decidió suspender para decidir, en conjunto, qué debía hacerse.

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La resolución de la cuestión se expuso de la mano del presidente tras dos horas de suspense. “La sala, para dar respuesta a la situación que había motivado con anterioridad el receso que se ha convertido en suspensión, quiere simplemente indicar que tras deliberar todos sus integrantes y por unanimidad [ha decidido no permitir que la Fiscalía pregunte]”, anunció.

“Simplemente indicar que (…) entiende que el hecho concreto de que esta pregunta o, mejor dicho, que este testigo, el señor Trapero, haya sido propuesto exclusivamente por la acusación popular, sitúa tanto al Ministerio Fiscal como a la Abogacía del Estado en los mismos límites que se derivan de la interpretación que venimos haciendo y que por otra parte es constante en la jurisprudencia de esta sala del artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, expuso Marchena. “En consecuencia, la pregunta que se quiso introducir por el Ministerio Fiscal sobre aspectos relacionados con la reunión que tuvo el señor Trapero, o las dos reuniones a las que asistió, se considera que son preguntas que desbordan los límites de, digamos, el desarrollo de la prueba testifical, tal y como han sido planteados en esta prueba por quien disponía de ella que era la acusación popular”, indicó.

Tras este aviso de la sala, se reanudó el interrogatorio y el fiscal Zaragoza hizo un intento de sortear la advertencia. Preguntaba a Trapero sobre si hubo avisos por escrito, cuando el mayo dejó caer “y en la reunión…”. El representante del Ministerio Público le devolvió la pelota con rapidez. “¿Qué reunión?”, dijo. Melero protestó con retranca: “¡La acusación se va por la puerta y sale por la ventana!”, exclamó. Marchena medió de nuevo para avisar al fiscal. La reunión quedó apartada definitivamente. El error fiscal fue no solicitar que declarara Trapero. El de Vox, no preguntar.

Marchena, sin embargo, sorprendió al final de la sesión con una nueva intervención que salvó ‘in extremis’ a las acusaciones. “Mire, señor Trapero, antes de marcharse, la ley de enjuiciamiento criminal, en el artículo 708 en su párrafo segundo, dice textualmente que ‘el presidente por sí o a excitación de cualquiera de los miembros del tribunal podrá dirigir a los testigos las preguntas que estime conducentes para depurar los hechos sobre que se declaren’”, lanzó. Acto seguido, el magistrado planteó la pregunta que la Fiscalía no pudo hacer: “¿Qué mensaje quiere usted transmitir a esos responsables políticos [en la reunión] y qué respuesta obtiene?”.

La respuesta de Trapero fue un gancho contra la mandíbula del Govern: “Les emplazamos a un cumplimiento de la legalidad, de las órdenes judiciales. Les dijimos que evidentemente las íbamos a cumplir, que no se equivocasen con nosotros”, lanzó el mayor. Tras tomar aire unos segundos, siguió adelante con su varapalo a la cúpula política: “Les dijimos que el cuerpo de Mossos evidentemente no iba a quebrar nunca con la legalidad ni la Constitución”. Puigdemont, Forn y Junqueras, sin embargo, siguieron adelante.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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Una mujer sostiene un pequeño frasco etiquetado con una etiqueta de "Vacuna contra el Coronavirus COVID-19" y una jeringa médica en esta ilustración tomada el 30 de octubre de 2020. (REUTERS/Dado Ruvic/Foto de archivo) Una mujer sostiene un pequeño frasco etiquetado con una etiqueta de "Vacuna contra el Coronavirus COVID-19" y una jeringa médica en esta ilustración tomada el 30 de octubre de 2020. (REUTERS/Dado Ruvic/Foto de archivo)
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