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España

Torra desafía a la Junta Electoral y anuncia que no quitará lazos amarillos y «esteladas»

Redacción

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Es una «demanda ridícula». Así entiende la Generalitat de Cataluña en manos de Quim Torra el requerimiento de la Junta Electoral Central (JEC) por el que las instituciones públicas deben mantener «la neutralidad política durante los procesos electorales» y, por lo tanto, le exige que retire todos los lazos amarillos, carteles políticos y banderas independentistas de «cualquier edificio público dependiente de la Generalitat».

De esta manera respondió ayer Elsa Artadi, portavoz autonómica catalana y consejera de la Presidencia, al acuerdo de la JEC –a petición de Ciudadanos– y cuyo plazo para su cumplimiento finaliza hoy miércoles.

Además de considerar que la decisión de la JEC es «ridícula», Artadi también informó de que la asesoría jurídica de la Generalitat está trabajando en una «respuesta combativa» para evitar tener que cumplir lo ordenado por la JEC. «Parece que les moleste que JpC, ERC o la CUP usen las palabras democracia y libertad», añadió la portavoz de la Generalitat, en alusión a dos palabras que los independentistas utilizan en sus pancartas para defender el procés.

La Generalitat tiene 20 días para recurrir en la vía contencioso administrativa ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que exigió el lunes por la tarde la retirada en un plazo de 48 horas de los lazos amarillos y de las esteladas de todos los edificios públicos. La JEC ha establecido que al ser un símbolo que representa a una ideología y a determinados partidos su utilización por parte de los poderes públicos rompe la neutralidad que se les exige sobre todo en periodo electoral.

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Quim Torra está ante la primera decisión que le coloca en la línea roja de la desobediencia y la prevaricación si no acata el mandato de la JEC. Además de a una multa de entre 300 a 3.000 euros. Como presidente de la Generalitat es considerado funcionario público y esto le lleva a la franja más elevada de la sanción. Para los particulares las multas son de entre 100 a 1.000 euros.

Pero más allá de la posible sanción económica, lo más relevante es que un incumplimiento de la orden de la JEC iría acompañado de una catarata de denuncias civiles ante la Fiscalía –el PP y Societat Civil Catalana ya trabajan en ellas, por ejemplo–para abrir un procedimiento contra el presidente de la Generalitat por desobediencia y prevaricación. Previsiblemente antes la Fiscalía actuaría de oficio.Los servicios jurídicos de la Generalitat presentarán sus alegaciones ante el Supremo para ganar tiempo. Pero Torra y su «núcleo duro» saben que más allá de los pulsos en el discurso político, el incumplimiento de esta resolución del «juez» en periodo electoral puede terminar en la apertura de un proceso penal contra el presidente de la Generalitat.

El Gobierno catalán respondió ayer que prepara una «respuesta combativa» a la orden de la JEC mientras desde el Gobierno y otros partidos advirtieron a la Generalitat de que debe cumplir el mandato. La posibilidad de buscar un subterfugio para sustituir los lazos amarillos por otra señal a la que se dé un carácter simbólico está también encima de la mesa.Desde el Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, advirtió en la Cadena Ser de que si el Gobierno catalán no obedece a la orden de la JEC «el Estado tiene instrumentos apropiados para hacer cumplir las disposiciones». Borrell defendió la decisión de la JEC, «muy atinada», en su opinión, como también lo hicieron otros dirigentes políticos como la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, que la consideró la orden «de sentido común». «Las plazas y las calles son de todos», señaló.

La portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, anunció la presentación de recursos similares al que motivó esta orden de retirar los lazos amarillos de edificios públicos del Gobierno catalán, esta vez ante las juntas de zona, para que obliguen también a los ayuntamientos a «permanecer neutrales».Una vez que acabe el ultimátum de 48 horas, tanto el partido denunciante, Ciudadanos, como las Juntas Electorales Provinciales, a quienes la JEC remitió su resolución, podrán hacer un seguimiento y denunciar los incumplimientos en cada edificio.

Por un hecho similar la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montserrat Venturós, de la CUP, fue condenada en 2018 a seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y a una multa de 540 euros, la mínima atribuible a un delito de desobediencia, por haberse negado a descolgar una bandera «estelada» colocada en el balcón del ayuntamiento durante las elecciones autonómicas y generales de 2015, informa Ep.De momento, en el caso actual se abre un largo camino de denuncias, alegaciones y recursos que se irán resolviendo caso por caso en la instancia donde corresponda, sea provincial o estatal, y sea por la vía administrativa o por la judicial.

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Multa de 300 a 3.000 euros si se desoye el mandato

El atículo 153 de la Ley del Régimen Electoral General establece en su artículo 1 que «toda infracción de las normas obligatorias establecidas en la presente Ley que no constituya delito será sancionada por la Junta Electoral competente. La multa será de 300 a 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 si se realiza por particulares». La norma también regula las multas por la publicación de encuestas o las infracciones electorales consistentes en la superación por los partidos políticos de los límites de gastos electorales.

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España

Fétido panorama de corrupción sanchista. Por Jesús Salamanca Alonso

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«Sin duda, estamos ante un informe para quitarse el sombrero, ponerse en posición de saludo a la Guardia Civil y agradecer a la UCO su extraordinario trabajo para los tribunales».

Han pasado diez días desde que se publicó el informe de la UCO y el secretario de organización socialista aún sigue negando la mayor. Insiste en que el tiempo demostrará la falsedad de cuanto se dice de él. Lo que sucede es que, a la vista de diferentes apartados del informe primero, el tal Santos Cerdán es el perejil de todas las salsas, pero sólo para poner el cazo. Desde mi punto de vista es nula su credibilidad; piensen que siempre que aparece un caso de corruptelas, latrocinio, mordidas o comisiones, el Gobierno lo niega como primera reacción, al menos hasta que la evidencia los deja por mentirosos. Ese ha sido el caso de Ábalos, Koldo, Begoña, Cerdán, el hermano, Isabel Pardo de Vera…

Parece que estos socialistas son almas caritativas y los malos son los demás. Siempre igual, al menos hasta que se dan de bruces o se encuentran frente al espejo. Y como éramos pocos, ahora aparece un nuevo caso de Begoña: cuentas no controladas ni fiscalizadas, pero sí engordadas. Lo que no sé es si de euros o dólares. La noticia ha saltado hoy, de ahí que debamos ponerla como presunta hasta que se confirme la veracidad. Esa es su condición como si lo llevaran en su ADN.

Para la confirmación de la marca en el citado ADN, no hay más que escuchar a Koldo tras enterarse de lo sucedido con Cerdán y su dimisión: «¡Eso es solo el principio!» No hay duda de que hay mucho más. Y es que el informe de la Unidad Central Operativa no deja dudas sin atar. «…el amaño de las primarias del PSOE señala el origen del pecado original del sanchismo y muchas de las desgracias que con él vinieron», dice el editorialista de un medio de tirada nacional, que no es sospechoso de sectarismo ni es abanderado del corrompido sanchismo.

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El informe de la UCO es exhaustivo en lo relativo a presuntas irregularidades en cuanto a la contratación pública y la implicación de personas con vinculación al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La investigación inicial se centró en Koldo y en Ábalos, que eran cargos orgánicos de 2028 a 2021. Y como la madeja comprendía varios ovillos, no había más que tirar de distintos hilos, precisamente de uno de ellos surge Víctor de Aldama, empresario privado vinculado al ramo de la construcción. Al menos, Aldama se ha abierto con la Audiencia Nacional y ha manifestado «motu proprio», que su relación con Koldo y Ábalos no fue sólo por el tema de la adquisición de mascarillas para organismos de tipo público allá por el año 2020, fecha en que la pandemia estaba en todo su esplendor.

Cierto es que Aldama tuvo muchas otras relaciones de «negocios» muy lucrativos con Ábalos y Koldo, llegando a tratar la adjudicación a una constructora de un expediente licitado en un organismo del Ministerio de Transportes. Justamente ahí es donde surge la figura de Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, con quien surgió un claro conflicto. Parece que, si no había trozo de pastel para él, no podía ser viable. Tranquilos, amigos lectores, que aún no hemos llegado a las mordidas a carrillos hinchados. Pero llegan pronto porque Cerdán no veía con buenos ojos que Aldama hubiera podido optar a una licitación de la zona norte de España, que Santos Cerdán tenía bajo control. ¿Solución? Entregar a Santos, «el gordito de Navarra», un tapabocas dinerario; es decir, 15.000 euros en efectivo. Fin del conflicto, en palabras textuales de Víctor de Aldama.

La visión de Aldama es certera porque lo documenta todo, incluso hace entrega de documentación y en ella aparece un apartado concreto que reza «sobre el reparto de comisiones ofrecidas a funcionarios públicos con ocasión de la adjudicación de obra pública y el reparto de territorios». Ahí es donde se mencionan diversas constructoras, que incluso aparecen con su OPR y su LIC. Algunas de ellas fueron adjudicatarias de expedientes licitados por la dirección general de carreteras y ADIF, siempre con la mediación de Ábalos y Koldo. ¡Caramba, qué pronto aparecen las mordidas, no sea que se marchen sin apoquinar!

Los hechos atribuidos en esta tropelía «consisten en haber percibido de forma ilícita determinados beneficios económicos a cambio de favorecer, prevaliéndose de su condición de ministro de España, la adjudicación de ciertos contratos con la Administración pública o institucional» Algunas de esas irregularidades también afectan a Aldama, que demuestra tener información para condenar a Koldo, Ábalos, Cerdán y, posiblemente más adelante, al propio presidente del Gobierno. El informe es para echarse a temblar y quitar el sueño al mentiroso presidente del Gobierno.

Según avanzamos en el informe de la UCO van saliendo más contraprestaciones con ACCIONA y las empresas mencionadas por Aldama y por las que se entregaron 15.000 euros en metálico a Cerdán. Si hablamos de grabaciones, cronológicamente se clasifican audios en los que en todos aparecen Koldo y Ábalos y, por primera vez, en el audio 3, aparece Isabel Pardo de Vera (ADIF), el 18 de noviembre de 2020. Sin duda, estamos ante un informe para quitarse el sombrero, ponerse en posición de saludo a la Guardia Civil y agradecer a la UCO su extraordinario trabajo para los tribunales.

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El demoledor informe de la UCO, contando las andanzas de los tres de la mafia criminal sanchista y las comisiones, da para mucho y sin dejar en libertad al trío, al menos mientras no se capture al capo de la banda del Peugeot. Eso sí, que Víctor de Aldama siga en la calle para que configure la manta y cumpla su palabra.

¿Aparecerá Bolaños en algún audio?  ¿Y Óscar López? Tranquilos, que aún vamos por una quinta parte del informe y seguramente saldrá el segundo informe antes de que podamos digerir el que conocemos. Ya no hablamos de mordidas de 15.000 eurillos, sino de medio millón en diversos lotes. No se retiren de la pantalla.

Sánchez no puede ser ajeno a todo lo que se manejaba entre Ábalos, Koldo y Cerdán.

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