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Soros sale de compras en USA y se compra varias docenas de fiscales… y con ello, a los jueces

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Las maniobras de Soros para monopolizar a los jueces.

 

(Luca Volontè en la Nuova Bussola Quotidiana)-El «filántropo» se ha gastado 40 millones de euros para elegir a 75 fiscales progresistas en Estados Unidos: esa es la acusación que le dirige el Law Enforcement Legal Defense Fund. Influencia indebida que va de la mano de la influencia en el Tribunal Europeo. Predican una sociedad inclusiva y abierta, pero solo para ellos y sus amigos.

George Soros se ha gastado 40 millones de dólares en la última década para elegir a 75 fiscales progresistas: esa es la acusación del último informe del Law Enforcement Legal Defense Fund (LELDF) contra el «filántropo» de la «sociedad abierta liberal».

Según el estudio publicado el pasado junio, estos llamados «fiscales progresistas» presiden «jurisdicciones en las que viven más de uno de cada cinco estadounidenses (alrededor del 22% de la población, o 72 millones), y 25 de los 50 municipios más poblados de Estados Unidos se encuentran entre sus jurisdicciones de competencia». De 2018 a 2021, Soros se ha gastado 13 millones de dólares solo en la elección de 10 fiscales, y en algunos casos su financiación ascendió al 90% del gasto electoral total. A fecha de junio de 2022, cuando se publicó el informe del  LELDF, Soros se había gastado más de 40 millones de dólares en campañas electorales directas para la elección de fiscales en la última década.

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Entre ellos se encuentran George Gascon, el polémico fiscal de distrito de Los Ángeles; Larry Krasner, el fiscal de distrito de Filadelfia; pero también ese Alvin Bragg de Nueva York que desde hace unas semanas está involucrado, por casualidad, en la acusación del caso de delitos fiscales contra Donald Trump; hace un año la investigación parecía haber terminado en un punto muerto. La influencia de estos fiscales en el sistema judicial y en la seguridad pública es aún mayor si se tiene en cuenta el volumen de delitos; de hecho, en 2021, más del 40% (más de 9.000) de los aproximadamente 22.500 homicidios en Estados Unidos se produjeron en zonas supervisadas por estos fiscales. Estas jurisdicciones representaron más de un tercio de todos los delitos violentos y contra la propiedad que tuvieron lugar en 2021.

Tradicionalmente, las elecciones a fiscal de distrito habían sido un «asunto tranquilo», escriben los autores; «los candidatos gastaban muy poco en sus campañas, tratando en cambio de conseguir apoyos locales y mejorar sus cualificaciones jurídicas». Pero con la aparición en escena del «liberal Soros» y su corriente de «justicia social», la situación ha cambiado y han fluido millones de dólares para las campañas electorales en esta competición a las segundas vueltas. El escandaloso y antiliberal «control de Soros» sobre la justicia estadounidense, que ha vuelto a salir a la luz en las últimas semanas, cuando Soros fue uno de los patrocinadores millonarios que llevaron a la victoria electoral de Janet Protasiewicz, la candidata pro-aborto y LGBTI, en el Tribunal Supremo de Wisconsin, ha resurgido en los últimos días.

Una organización sin ánimo de lucro de extrema izquierda, acusada de ponerse del lado de los delincuentes y de operar dentro de las fiscalías locales, está financiada casi en su totalidad por organismos del gobierno federal, incluido el Departamento de Justicia. El «Vera Institute of Justice», organización sin ánimo de lucro vinculada a Soros, ha recibido 290 millones de dólares del gobierno federal en los últimos 12 meses por su trabajo en el ámbito de la inmigración ilegal y el sistema de justicia penal. Si los contratos actuales se prorrogan durante los próximos cuatro años, los desembolsos podrían superar los mil millones de dólares. La organización, según las investigaciones periodísticas que ha realizado FoxNews, quiere, por un lado, reducir los sistemas de control en el sistema «penal y migratorio» y, por el otro, otro apoya el desarme de la policía, trabajando con fiscalías «amigas» o «sensibles a la justicia social» para domesticar artificialmente las «disparidades raciales» en las decisiones de procesar a los delincuentes, con el fin de demoler un sistema judicial «racista». «El sistema de justicia penal ha sido un instrumento de opresión racial y control social… Como actores poderosos del sistema, los fiscales tienen la responsabilidad de trabajar para corregir este impacto», ha afirmado recientemente el Vera Institute.

¿Le parece que está leyendo algo parecido a la misión moralizadora de los magistrados tan frecuente en la Europa continental? Sí, el mismo espíritu anima a muchos magistrados del Tribunal Supremo de Derechos Humanos a los que, cualquier ciudadano europeo, debería poder mirar con esperanza y deseo de justicia. Recordarán que hace tres años escribíamos en La Bussola sobre la investigación acerca del conflicto de intereses y la impresionante cantidad de decisiones «falsas» que surgieron de la conmixtión entre al menos 18 jueces y ONG respaldadas por Soros. Pues bien, gracias a una nueva investigación del ECLJ de Gregor Puppinck, publicada recientemente y retomada por varios órganos de la prensa internacional,  se ha podido comprobar que las decisiones del Tribunal para evitar conflictos de intereses, como ya se puso de manifiesto en años anteriores, han fracasado y «en los últimos tres años se han producido al menos otras 54 situaciones de conflicto de intereses, 18 de las cuales atañen a sentencias de la Gran Sala (última instancia), así como a casos de nepotismo, serias dudas sobre la veracidad de los currículos de algunos jueces, falta de transparencia de la secretaría… todo ello fruto de la indebida y permanente influencia que la Open Society de Soros y sus organizaciones ejercen sobre el Tribunal Europeo, en particular sobre 12 de los 46 jueces del TEDH».

Ante esta evidencia desconcertante hay que preguntarse si los filántropos y los movimientos liberal-progresistas que luchan por una sociedad más inclusiva y abierta no quieren, en realidad, controlar todos los poderes del Estado democrático, empezando por el judicial, con jueces armados para golpear a los opositores y amnistiar a sus amigos.

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El rojo canalla de Justin Trudeau: Una propuesta de ley podría permitir la cadena PERPETUA para “delitos” de “odio”

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Una propuesta de ley en Canadá del primer ministro Justin Trudeau permitirá a los jueces encarcelar de por vida a adultos que hagan apología del genocidio en Internet.

Fox News informó el jueves que la Ley de Daños en Línea (Proyecto de Ley C-63) permitiría condenas de cadena perpetua. El artículo también decía: “La ley también permitiría a un juez provincial imponer arresto domiciliario y una multa si hubiera motivos razonables para creer que un acusado ‘cometerá’ un delito”.

Después de que el ministro de Justicia, Arif Virani, presentara el proyecto de ley, declaró que, en su papel de padre, le asustaban los peligros que los niños podrían encontrar en Internet.

Virani también dijo que había leyes que regulaban la seguridad de los juguetes, pero no de las pantallas.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en compartir sus opiniones sobre el reportaje de Fox, y una persona escribió: “Descanse en paz la libertad de expresión”.

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Otra persona criticó al primer ministro: “Trudeau se convierte en dictador en Canadá”.

Según la página web del Gobierno de Canadá, el proyecto de ley C-63 se presentó a finales de febrero para crear la Ley de Daños en Línea.

Según el sitio, se trata de una “norma básica para que las plataformas en línea mantengan a salvo a los canadienses, para que las plataformas en línea sean responsables de los contenidos que alojan”.

“El proyecto de ley C-63 creará protecciones más fuertes para los niños en línea y protegerá mejor a todos en Canadá del odio en línea. El proyecto de ley establece una nueva visión para una participación en línea más segura e inclusiva”, continúa la página web:

“La propuesta de Ley de Daños en Línea se centraría específicamente en siete tipos de contenidos dañinos”:

Contenido que victimiza sexualmente a un niño o revictimiza a un superviviente;
Contenido íntimo comunicado sin consentimiento;
Contenido utilizado para intimidar a un niño;
Contenido que induce a un niño a hacerse daño a sí mismo;
Contenido que fomente el odio;
Contenido que incita a la violencia; y
Contenidos que inciten al extremismo violento o al terrorismo.

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Es importante señalar que una encuesta reciente reveló que menos de la mitad de los canadienses creen que el plan para regular las redes sociales dará lugar a un ambiente más seguro en línea, informó CTV News el miércoles.

Cuando la firma de encuestas Leger preguntó a los encuestados sobre la Ley de Daños en Línea, la mitad “dijo que desconfía de la capacidad del gobierno para proteger la libertad de expresión, y la mayoría dijo que apoya la controvertida propuesta de introducir sentencias más duras para los delitos de incitación al odio”, señaló el artículo.

En 2019, Trudeau dijo a sus ministros que presentaran una legislación para frenar el llamado “discurso del odio” en línea, informó Breitbart News en ese momento.

Fuente: Breitbart News.

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