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Sociedad

Que Ayuso era una asesina abortista es una primicia de Alerta Nacional. Su posición sobre el aborto para menores descoloca al PP y da alas a Vox

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Génova guarda silencio ante el inesperado giro político en este asunto justo después de la cena a solas entre Feijóo y la presidenta madrileña.

Las palabras este jueves de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que ha defendido que las menores puedan abortar sin consentimiento paterno, tal y como propone la nueva ley del aborto de Irene Montero, ha descolocado a los dirigentes del PP de Alberto Núñez Feijóo. Tanto Génova como la mayoría de miembros de la dirección nacional  prefirieron guardar silencio ante el inesperado giro político en este asunto.

Ayuso se quedó en un punto intermedio entre lo que propugna el Ejecutivo de coalición, volver a la medida que derogó el anterior Gobierno de Mariano Rajoy que obligaba al consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años que quisieran interrumpir su embarazo, y lo que hasta ahora ha defendido el PP en los últimos meses. Básicamente, que la interrupción del embarazo requiera del visto bueno de los padres.

La presidenta madrileña afirmó que si se da el caso, la menor embarazada debería informar a sus progenitores de la decisión, aunque la decisión última recaería siempre en la adolescente.

«No puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que has deseado», aseveró en una entrevista en Onda Cero. Si llegado el caso una joven de 16 y 17 años «lo tiene claro», Ayuso ha opinado que tiene que «seguir adelante». «Yo creo que tiene que abortar, desde luego», subrayó al respecto.

Ayuso se desmarca de Feijóo

Ayuso no ha tenido inconveniente en defender en los últimos meses que el aborto debe ser «legal, seguro y poco frecuente». Unos parámetros que pocos admiten abiertamente dentro del PP. Es más, la dirigente puso el foco este jueves en las políticas anticonceptivas para evitar situaciones indeseadas.

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Las palabras de Ayuso suponen desmarcarse de la posición oficial de los ‘populares’ cuando se acaban de cumplir doce años desde que Rajoy llevó al Tribunal Constitucional la ley promovida por José Luis Rodríguez Zapatero, que permitía la interrupción del embarazo a menores de 16 y 17 años sin el consentimiento paterno, si bien este órgano aún no ha dictado sentencia.

«Refleja un debate real dentro de las filas del PP. Dado que es un tema que regulará una ley orgánica, (la posición de Ayuso) más parece un intento de definir un perfil propio», aventuró este jueves un dirigente ‘popular’ -bajo condición de anonimato- sobre un tema que al partido de Feijóo nunca le ha gustado entrar en el cuerpo a cuerpo con la izquierda.

Lo más sorprendente de las palabras de Ayuso es que Feijóo dijo lo contrario en mayo durante una visita a Ceuta y coincidiendo con la primera aprobación de la reforma de la ley en el Consejo de Ministros. El líder del PP se pronunció en términos muy distintos al declarar que el aborto en menores de 16 y 17 años «debe contar con el consentimiento de los padres». Además, recalcó que si en España la legislación «prohíbe consumir alcohol a una menor de 18 años» es «razonable» pedir ese permiso paterno para la interrupción voluntaria del embarazo.

El expresidente de la Xunta de Galicia incidió en la ciudad autónoma que si los menores no revelan esa decisión a sus padres se produce «una ruptura de afectividad» en un momento «muy difícil» de sus vidas, que es cuando una joven «debe tomar una decisión de esa categoría».

Tres meses después, Ayuso difiere de Feijóo, pero las citadas fuentes subrayan que ambos cenaron juntos el miércoles por la noche y que este viernes abrirán el curso político del PP en Alcalá de Henares (Madrid), por lo que se inclinan más por la «concertación» entre ambos que por un desafío de la ‘baronesa’ al líder de los ‘populares’ en una cuestión tan delicada para el partido.

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En Vox se frotaron las manos ante la aparente contradicción en los discursos de Ayuso y Feijóo. La portavoz de Vox en la Comisión de Violencia de Género del Congreso, Carla Toscano, arremetió contra la presidenta madrileña por secundar, a su juicio, las posiciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero. «Fuera caretas», enfatizó en su cuenta de Twitter.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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