Tribunales
Puigdemont amenazó con declarar la independencia el 1-O si había un escenario de violencia

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6 años agoon
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Redacción
Pese a las insistentes advertencias al Gobierno de la Generalitat de que mantener el 1-O solo generaría un escenario de violencia y confrontación, los líderes del procés decidieron seguir adelante con sus planes y cumplir con la «voluntad popular». Hasta tal punto de que el entonces presidente autonómico, Carles Puigdemont, cortó de raíz estos avisos y aseguró que si el escenario que le pintaban los mandos de los Mossos se producía, «él declaraba la independencia» en ese mismo momento. Así lo ha revelado este miércoles el jefe de la comisaría superior de coordinación territorial y número dos del mayor Josep Lluis Trapero, Ferrán López.
Durante su declaración como testigo en la vigésimosexta sesión del juicio del procés, Ferrán López ha insistido en que los líderes independentistas que hoy se sientan en el banquillo eran plenamente conscientes de que el 1-O no iba a ser una jornada tranquila. Hasta en dos reuniones distintas (el 26 y el 28 de septiembre) los mandos de los Mossos advirtieron a Puigdemont, al exvicepresidente Junqueras y al exconsejero Joaquim Forn de que la violencia iba a ser segura, pero los dirigentes políticos se limitaron a decirles que «tomaban nota» y, en el caso de Puigdemont, a amenazar con que si ese día había un escenario de violencia declararía la independencia inmediata.
«El clima de tensión era evidente, porque se había generado una especie de cuenta atrás. Salimos pesimistas de esa reunión» del 26 de septiembre y fue precisamente esa sensación la que llevó a Trapero a pedir una segunda cita dos días después, ha dicho López. «No fue para decirles que íbamos a cumplir el auto, eso se daba por descontado. Era ya un tema de cumplimiento de legalidad, un movimiento que no podíamos ahorrarnos (…). Los informes hablaban de alta movilización y de una resistencia pasiva. Era más que seguro que el 1-O iba a haber incidentes. El clima de polarización de los dos bandos era crítico. Nos encaminábamos a un escenario de desórdenes y conflicto seguro». La respuesta de los tres procesados fue la misma, no había fisuras entre ellos: «Había una voluntad política de llevarlo a cabo y lo harían a pesar de los apercibimientos y las interpelaciones judiciales que estábamos teniendo».
Estafa
En la misma línea que su superior, el mayor Trapero, López ha expresado el malestar que generaron en el cuerpo de los Mossos las declaraciones de Forn y Turull en el sentido de dar por hecho que la policía autonómica permitiría la celebración del referéndum y que los mossos no acataban el nombramiento del coronel Diego Pérez de los Cobos como responsable del operativo policial del 1-O. A este respecto, el testigo ha reconocido que la figura del coordinador no les convencía por su marcado perfil político. Ha admitido la mala relación existente entre Trapero y Pérez de los Cobos y que ese fue el motivo por el que Ferrán empezó a acudir a las reuniones de coordinación policial en sustitución del mayor.
Ferrán López ha cerrado filas con Trapero y ha defendido sin titubeos el rol de los Mossos en el referéndum ilegal. El comisario ha atribuido la responsabilidad del dispositivo del 1-O a todos las policías, incluida la Guardia Civil y la Policía Nacional. «Nunca hubo un dispositivo de los Mossos. Fue un dispositivo conjunto bajo la coordinación del coronel Diego Pérez de los Cobos», ha asegurado.
Esta tesis, la misma que mantiene el mayor Trapero, supone extender la culpa del plan a todos los jefes policiales, lo que invalidaría la rendición exclusiva de cuentas del entonces jefe de los Mossos, para quien piden once años de cárcel por un delito de rebelión en la Audiencia Nacional. El coronel Pérez de los Cobos y los antiguos mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil (Sebastián Trapote y Ángel Gozalo, respectivamente) sostienen todo lo contrario y denunciaron que la cúpula de los Mossos construyó a propósito un plan de actuación «ineficaz, inadecuado e insuficiente». La Fiscalía considera que los Mossos facilitaron el referéndum.
De los Cobos llegó más lejos que nadie: calificó de «estafa» el operativo de los Mossos y acusó a Trapero de traicionarle el mismo 1 de octubre, lo que provocó la intervención precipitada de las Fuerzas de Seguridad del Estado en los centros de votación.
Al expresar esta tesis, Ferrán López ha descendido a los detalles y ha aportado una explicación más exhaustiva que el mismo Trapero. El antiguo jefe superior de la coordinación territorial de los Mossos ha diferenciado dos fases en el dispositivo que él atribuye a todas las policías. Una primera actuación de las patrullas formadas por dos mossos, cubriendo todos los centros de votación, con la intención según él de cumplir la orden judicial e impedir la votación. La segunda fase preveía la actuación de las fuerzas de orden público, allá donde fuera necesario, un cometido asignado a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Antes de que empezara a funcionar, «la arquitectura del dispositivo se quebró, a primera hora de la mañana, y entramos en una situación desconocida», ha lamentado Ferrán López sobre lo que sucedió el 1 de octubre.
Espionaje
El comisario de los Mossos se ha esforzado en intentar justificar el despliegue del binomio de Mossos, una decisión criticada, que según él fue «validada» por Pérez de los Cobos, igual que la cobertura de todos los centros y el establecimiento de las dos fases de actuación. Ferrán López ha explicado que las parejas de mossos debían tratar de cumplir la orden judicial de impedir el 1-O e intentar mantener cerrados los centros, pero además cumplir la supuesta misión de «identificar el momento óptimo» para la intervención de orden público de las otras policías.
Ferrán López ha denunciado que Pérez de los Cobos rechazó establecer una sala de coordinación desde la que todos los jefes policiales siguieran el dispositivo en directo, un mando único, una medida que según él hubiera evitado «todas las suspicacias» que se han generado. Según él, el coordinador decidió configurar cuatro células de seguimiento distintas, en cada una de las cuatro subdelegaciones del Gobierno en las cuatro capitales catalanas de provincia, en la que estarían presentes representantes de los tres cuerpos policiales. Esa ausencia de un cauce común para seguir el dispositivo e intercambia información lo complicó todo, en su opinión.
En una declaración precisa, sin explicaciones espectaculares, el comisario también ha rechazado que los Mossos realizaran seguimientos a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Ha alegado que aquel día, había numerosos agentes de información, de paisano, de todos los cuerpos, algunos de vigilancia en edificios públicos e instituciones, y que era necesario un mayor control. Es su posible explicación a las denuncias de espionajes.
Cara a cara
Al terminar de interrogar al testigo, el abogado Javier Melero –que defiende al antiguo consejero catalán de Interior Joaquim Forn– ha solicitado al tribunal que acuerde un careo entre Ferrán López y el coronel Diego Pérez de los Cobos. Dos versiones totalmente opuestas –decisivas para resolver la responsabilidad de los Mossos, la cuestión central del proceso seguido en la Audiencia Nacional– sobre el dispositivo policial del referéndum ilegal, cara a cara. El tribunal comunicará su decisión en la sesión de tarde del juicio.
España
El juez del Tribunal Supremo que investiga al Fiscal General le acusa de «destruir pruebas». Pero aquí no dimite nadie

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4 meses agoon
26/02/2025
El juez que investiga a García Ortiz le reprocha que haya hecho «desaparecer pruebas»
Hurtado señala la «falta de colaboración» del fiscal general del Estado por no haber comunicado al tribunal la eliminación de sus mensajes
El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado por revelación de secretos -por la filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso- ha reprochado a Álvaro García Ortiz que haya hecho «desaparecer pruebas» de sus móviles, tras constatar la Unidad Central Operativa (UCO) que eliminó sus mensajes en los días claves de la divulgación de esa información confidencial sobre la investigación al empresario por fraude tributario.
Así lo pone de manifiesto el magistrado Ángel Hurtado en la resolución en la que -tras la queja del fiscal general sobre la incorporación de datos reservados a los informes de la UCO- acuerda que acusaciones y defensas puedan consultar los anexos de esos dictámenes en la propia secretaría del tribunal, para reducir así el riesgo de filtraciones. El instructor toma esta decisión tras recibir el último informe de la UCO, fechado el pasado día 21, que incorpora tres anexos sobre lo «cambios de móvil» del fiscal general
El instructor señala que «es una evidencia» que García Ortiz «ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles» a lo largo de la instrucción. Y «aunque ha dado distintas explicaciones para hacerlo», añade, «de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición» y «no aprovechar» para llevar a cabo ese borrado masivo el mismo 16 de octubre del pasado año, «cuando es notorio que este Tribunal Supremo se declara competente para conocer de la causa, a raíz de auto de 15 de octubre».
«Precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia»
Ante esa eliminación de datos, y «el cauteloso «conjunto de precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia», como dice nuestra LECrim -asegura-, se han acordado diversas diligencias «para tratar de recuperar pruebas», para lo que «ha sido necesario acudir a la realización de una serie de medidas de investigación tecnológica en búsqueda de los dispositivos móviles con los que se presume que ha desplegado su actividad delictiva, en las que, previsiblemente, el propio investigado debió haberse representado la posibilidad de encontrar datos relativos a terceros, que no había razón para descartar que ofrecieran información que contribuyese a ese esclarecimiento de los hechos».
Hurtado se refiere de forma expresa a lo que señala a este respecto la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) cuando se refiere -con el lenguaje propio de finales del siglo XIX- a la «desigualdad» de condiciones entre el investigado y el Estado en un procedimiento penal en la medida en que «desde que surge en su mente la idea del delito, o por lo menos desde que, pervertida su conciencia, forma el propósito deliberado de cometerlo», aquel «estudia cauteloso un conjunto de precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia y coloca al Poder público en una posición análoga a la de la víctima, la cual sufre el golpe por sorpresa, indefensa y desprevenida». Para restablecer esa igualdad, expone la norma procesal, «menester es que el Estado tenga alguna ventaja en los primeros momentos siquiera para recoger los vestigios del crimen y los indicios de la culpabilidad de su autor».
Y aunque deja claro que «no desconoce» que «carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desparecer pruebas», añade que «tampoco se debe ignorar» que ese borrado de mensajes de su móvil (y también de las copias de seguridad, según ha constatado la UCO) «no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal».
La consulta de documentos, en el Supremo
Hurtado acuerda que, a partir de ahora, los anexos de los oficios que realice la UCO no se entregarán a las partes, que únicamente podrán consultarlos en la secretaría del alto tribunal. García Ortiz se quejó de una supuesta vulneración de la normativa de protección de datos por la divulgación de información reservada en los anexos a esos dictámenes.
El magistrado se ampara en el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que faculta a los jueces a adoptar las medidas necesarias para suprimir datos personales de resoluciones y documentos «siempre que no sean necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva», y sin que en ningún caso, pueda producirse indefensión a las partes.


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