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Tribunales

Prisión incomunicada sin fianza para los cuatro detenidos por el asesinato de un guardia civil en Don Benito

AGENCIAS

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La titular del Juzgado de Instrucción número tres de Don Benito ha decretado prisión incomunicada sin fianza para los cuatro detenidos por la muerte en esta localidad pacense del guardia civil Juan Francisco Lozano, de 50 años, tras intentar mediar en una pelea cuando estaba fuera de servicio.

Los cuatro detenidos, que a esta hora van camino de la prisión de Badajoz, han pasado casi doce horas en dependencias judiciales, donde han prestado declaración ante la jueza, que ha decretado también el secreto de sumario del caso.

Dos de los tres hermanos detenidos por este suceso están investigados por homicidio, mientras que el otro es por encubrimiento, según ha afirmado a EFE su letrado, José Duarte.

Además, hay un cuarto investigado también por encubrimiento, y todos ellos pasaron esta mañana, antes de las 10:00 horas, a disposición judicial, después de permanecer cerca de 48 horas en la Comisaría de la Policía Nacional de Don Benito, donde ellos mismos se personaron tras las gestiones realizadas por el abogado que los representa con distintos agentes policiales.

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En declaraciones a los medios tras conocerse la decisión de la jueza de enviarlos a todos a prisión, Duarte ha matizado que «no lo hace en el mismo grado de implicación» para los cuatro.

Uno de los hermanos ha sido el que se ha declarado autor material de los hechos, aunque el abogado defensor no ha facilitado más información al respecto por estar el caso bajo secreto de sumario.

Ha destacado también que sus defendidos colaborarán en todo momento para esclarecer los hechos, además de recordar que «se entregaron voluntariamente y participaron en la inspección ocular del inmueble».

Los acusados, según José Duarte, «se han mostrado muy arrepentidos» y han declarado que en el momento del suceso se encontraban bajo los efectos del alcohol.

A su juicio, la magistrada entiende que «aún existe riesgo de obstrucción a la justicia y teniendo en cuenta que las diligencias aún están abiertas es por eso que ha decretado el ingreso en prisión» de los cuatro detenidos.

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En cuanto al arma homicida, el principal implicado ha reconocido que «aunque es complicado, se puede localizar» y se ha mostrado dispuesto a seguir colaborando en ese sentido, según su abogado.

Aunque ha reconocido que la decisión de enviar a todos a prisión es contraria a los intereses de sus defendidos, «lo único que nos queda es respetar» lo que ha determinado la jueza, de quien ha dicho que «ha hecho un buen trabajo».

Duarte ha indicado que los cuatro implicados «están destrozados, nunca esperaban que este fuera el desenlace» a la vez que han trasladado el pésame a la familia del fallecido.

Finalmente, este abogado penalista ha dicho que «no es el momento de recurrir», sino de «colaborar» para esclarecer los hechos para que el arma homicida aparezca.

El guardia civil Juan Francisco Lozano falleció en la madrugada del pasado día 1 tras ser apuñalado mortalmente en la Plaza de España de Don Benito, después de haber intentado mediar en una reyerta que había tenido lugar en un bar de las inmediaciones.

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El agente, que estaba destinado en la localidad guipuzcoana de Zarauz, era natural de Don Benito, adonde había viajado para disfrutar de los días del puente.

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España

El juez del Tribunal Supremo que investiga al Fiscal General le acusa de «destruir pruebas». Pero aquí no dimite nadie

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El juez que investiga a García Ortiz le reprocha que haya hecho «desaparecer pruebas»

Hurtado señala la «falta de colaboración» del fiscal general del Estado por no haber comunicado al tribunal la eliminación de sus mensajes

El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado por revelación de secretos -por la filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso- ha reprochado a Álvaro García Ortiz que haya hecho «desaparecer pruebas» de sus móviles, tras constatar la Unidad Central Operativa (UCO) que eliminó sus mensajes en los días claves de la divulgación de esa información confidencial sobre la investigación al empresario por fraude tributario.

Así lo pone de manifiesto el magistrado Ángel Hurtado en la resolución en la que -tras la queja del fiscal general sobre la incorporación de datos reservados a los informes de la UCO- acuerda que acusaciones y defensas puedan consultar los anexos de esos dictámenes en la propia secretaría del tribunal, para reducir así el riesgo de filtraciones. El instructor toma esta decisión tras recibir el último informe de la UCO, fechado el pasado día 21, que incorpora tres anexos sobre lo «cambios de móvil» del fiscal general

El instructor señala que «es una evidencia» que García Ortiz «ha hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles» a lo largo de la instrucción. Y «aunque ha dado distintas explicaciones para hacerlo», añade, «de haber mostrado algún grado de colaboración con el esclarecimiento de los hechos, bien podía haberlo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición» y «no aprovechar» para llevar a cabo ese borrado masivo el mismo 16 de octubre del pasado año, «cuando es notorio que este Tribunal Supremo se declara competente para conocer de la causa, a raíz de auto de 15 de octubre».

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«Precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia»

Ante esa eliminación de datos, y «el cauteloso «conjunto de precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia», como dice nuestra LECrim -asegura-, se han acordado diversas diligencias «para tratar de recuperar pruebas», para lo que «ha sido necesario acudir a la realización de una serie de medidas de investigación tecnológica en búsqueda de los dispositivos móviles con los que se presume que ha desplegado su actividad delictiva, en las que, previsiblemente, el propio investigado debió haberse representado la posibilidad de encontrar datos relativos a terceros, que no había razón para descartar que ofrecieran información que contribuyese a ese esclarecimiento de los hechos».

Hurtado se refiere de forma expresa a lo que señala a este respecto la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) cuando se refiere -con el lenguaje propio de finales del siglo XIX- a la «desigualdad» de condiciones entre el investigado y el Estado en un procedimiento penal en la medida en que «desde que surge en su mente la idea del delito, o por lo menos desde que, pervertida su conciencia, forma el propósito deliberado de cometerlo», aquel «estudia cauteloso un conjunto de precauciones para sustraerse a la acción de la Justicia y coloca al Poder público en una posición análoga a la de la víctima, la cual sufre el golpe por sorpresa, indefensa y desprevenida». Para restablecer esa igualdad, expone la norma procesal, «menester es que el Estado tenga alguna ventaja en los primeros momentos siquiera para recoger los vestigios del crimen y los indicios de la culpabilidad de su autor».

Y aunque deja claro que «no desconoce» que «carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desparecer pruebas», añade que «tampoco se debe ignorar» que ese borrado de mensajes de su móvil (y también de las copias de seguridad, según ha constatado la UCO) «no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal».

La consulta de documentos, en el Supremo

Hurtado acuerda que, a partir de ahora, los anexos de los oficios que realice la UCO no se entregarán a las partes, que únicamente podrán consultarlos en la secretaría del alto tribunal. García Ortiz se quejó de una supuesta vulneración de la normativa de protección de datos por la divulgación de información reservada en los anexos a esos dictámenes.

El magistrado se ampara en el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que faculta a los jueces a adoptar las medidas necesarias para suprimir datos personales de resoluciones y documentos «siempre que no sean necesarios para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva», y sin que en ningún caso, pueda producirse indefensión a las partes.

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