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Sociedad

Podemos pretende que los azotes y cachetes a los niños se castigue con penas de cárcel

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Podemos ha propuesto prohibir todo tipo de violencia contra la infancia y la adolescencia, incluyendo las formas más leves como manotazos, bofetadas, cachetes o azotes, en una proposición de ley que ha presentado ante el “atasco” de la que está preparando el Gobierno sobre este mismo asunto.

De hecho, el texto es una mano tendida” al Ejecutivo para que lleve cuanto antes una ley para erradicar la violencia contra niños y jóvenes porque, ha resaltado durante su presentación la portavoz adjunta del grupo confederal, Ione Belarra, se puede tener preparada una norma de estas características “en pocos meses”.

Para la dirigente de la formación morada, si el Gobierno no presenta su propuesta hasta el segundo trimestre del año que viene, tal y como manifestó la exministra de Sanidad Carmen Montón, la ley no podrá materializarse esta legislatura.

Bajo el título ‘Proposición de Ley Orgánica de Promoción del Buen Trato y Erradicación de las Violencias contra la Infancia y Adolescencia’, Podemos quiere “cambiar el paradigma” y prohibir cualquier forma de violencia contra los menores, que va desde el descuido a trato negligente a la violencia psicológica y física, la sexual o los castigos corporales, entre otras.

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Definiendo éstos como aquellos en los que se usa la fuerza física “y que tenga como objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve como manotazos, bofetadas, azotes, dar puntapiés, zarandear, arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles del pelo o de las orejas, golpearlos con un palo u otro objeto, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles quemaduras, etc”. Incluso estas formas de castigo leve a los menores podría ser castigada con penas de cárcel.

El texto de la iniciativa, realizada con las aportaciones de distintas organizaciones sociales especializadas en infancia y redactada con un enfoque de “derechos humanos”, recoge también la reivindicación de muchas ONG para aumentar el plazo de prescripción de los delitos sexuales, de forma que empiece a computar cuando la víctima cumple 30 años y no 18 como sucede ahora.

Crear una línea pública de atención telefónica que funcione las 24 horas del día y que esté atendida por un equipo de profesionales que, en casos de emergencia, tengan la capacidad de actuar, así como la elaboración de un registro de casos que garantice el principio de “intervención mínima” para evitar duplicidades de actuaciones y con ello la revictimización de los menores.

En aras a impedir esta revictimización, Unidos Podemos quiere que en el ámbito de la Justicia se instaure la “prueba preconstituida”, de forma que se grabe la declaración de los menores y no tengan así que rememorar varias veces lo ocurrido en un proceso judicial.

Para hacer “más amables” estos procedimientos para niños y adolescentes, el grupo confederal propone crear una figura de acompañamiento social.

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Y también un comisionado comparable al Defensor del Pueblo o el defensor del menor que existe en algunas comunidades autónomas y que sea elegido directamente por la ciudadanía.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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