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Petro -El Bufón de Colombia- arruina en tiempo récord la economía, ahuyentando TODA la inversión extranjera, aterrorizada con sus reformas comunistas

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La agenda de la extrema izquierda amenaza con socavar la estabilidad en las reglas de juego imperantes en el país desde hace más de 30 años. La caída de la inversión es particularmente intensa en el sector energético, el más dinámico y competitivo del país.

Crecen cada vez más las dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento económico y el desarrollo de Colombia bajo el actual gobierno comunista del presidente Gustavo Petro, el ex guerrillero que llegó al poder en agosto del año pasado.

La prestigiosa calificadora de riesgos Moody’s Investors Service advirtió que las reformas de extrema izquierda de Petro están espantando las inversiones extranjeras y recomendó frenar cualquier tipo de proyecto en el país, debido a que atentan contra la estabilidad de las reglas de juego e impiden la previsibilidad a largo plazo (un elemento fundamental para el desarrollo inversor).

En tiempo récord, Petro atentó contra los principales pilares del modelo económico que funcionaba hasta entonces. Lanzó una reforma tributaria que aumenta los impuestos vigentes y crea nuevos gravámenes sobre la acumulación de capital y el sector energético

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Asimismo, el presidente preparó una reforma previsional que deteriora el canal de transmisión entre ahorro y crédito doméstico, y generó una masiva distorsión de precios relativos al anunciar el congelamiento nominal de todas las tarifas de los servicios públicos (los entes reguladores fueron intervenidos y despojados de su independencia).

La ambiciosa agenda de reformas del gobierno de Colombia intensifica el riesgo de cambios de políticas, lo que afecta la confianza de los inversionistas”, señala el informe presentado por Moody’s.

La incertidumbre política y el cambio incesante de las reglas que deben asumir los agentes provocan que la inversión y el crecimiento potencial del PBI se vean dramáticamente perjudicados. Sólo el andamiaje institucional podría ayudar a revertir este proceso, funcionando como una suerte de barrera para aminorar el impacto de las reformas extremistas presentadas por el oficialismo.

El informe de Moody’s es especialmente crítico con la reforma previsional del Gobierno, alertando que provocará una menor disponibilidad de fondos para el sistema bancario (y por lo tanto menos crédito en moneda local) y contribuirá a aumentar los pasivos del sistema en los próximos años a medida que se profundice el envejecimiento poblacional. El menor ahorro disponible para el sector privado se traducirá en mayores tasas de interés domésticas, encareciendo el acceso a la vivienda o la financiación de proyectos empresariales.

Por otra parte, las reformas inducen a una violenta caída de la inversión energética. Solamente para el año 2023 las principales petroleras privadas de Colombia anunciaron que reducirán su inversión en un 33% con respecto al año pasado, según confirmó la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas.

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La menor inversión energética no solamente impacta sobre la demanda interna y la generación de puestos de trabajo altamente calificados, sino que además afecta negativamente al volumen exportador (Colombia dispone de amplias ventajas comparativas en el sector petrolero).

Solo el petróleo crudo ocupa hasta el 42% de las exportaciones anuales del país, y si se considera también la refinación del mismo la cifra representa prácticamente la mitad de las exportaciones. Otro componente importante de la exportación es el carbón, que ocupa casi el 15% del total. La agenda del presidente Petro desalienta abiertamente al 65% del saldo exportador de la economía.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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