Cuando la corrupción deja de esconderse y se exhibe como virtud, sabemos que hemos cruzado el umbral que separa la democracia del autoritarismo

Hay gestos que definen épocas. No los grandes discursos, ni las reformas estructurales, ni los tratados internacionales. Los gestos pequeños, casi nimios en su aparente insignificancia, pero reveladores de una podredumbre que ya no se avergüenza de sí misma. Uno de esos gestos acaba de producirse en la relación entre el Gobierno español y la Organización Internacional del Trabajo. Y su lectura correcta no deja lugar a la interpretación benévola, a la duda razonable, a la esperanza de que quizás no sea lo que parece. Es, exactamente, lo que parece. Y es peor de lo que imaginábamos.

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través de su ministerio correspondiente, acaba de realizar una «aportación voluntaria» a la OIT. La cifra, lejos de ser simbólica o decorativa, asciende a 1,7 millones de euros. Una cantidad que equivale aproximadamente a la suma de los salarios brutos de cien trabajadores españoles medios durante un año entero. Un millón setecientos mil euros que desaparecen de las arcas públicas en julio de 2025, hace apenas unos días, con la discreción que el Gobierno reserva para las operaciones que no desea que examinen demasiado de cerca.

La generosidad del Estado español hacia una organización internacional que, teóricamente, debería funcionar con los presupuestos ordinarios de sus miembros, sin necesidad de dádivas extraordinarias, habría pasado inadvertida de no ser por lo que ocurrió exactamente después. Pero en el universo del socialismo español, las dádivas extraordinarias siempre tienen un destinatario final, un beneficiario oculto, un retorno de la inversión que nunca aparece en las cuentas públicas.

Apenas unos días después de que esos 1,7 millones de euros abandonaran las arcas públicas rumbo a Ginebra, la noticia ha saltado como un resorte bien aceitado: Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo y Economía Social, líder de Sumar y aspirante a suceder a Sánchez en la Moncloa, ocupará la dirección de la OIT con un sueldo base de 250.000 euros anuales. La correlación es tan obscena, tan descarada, tan insultantemente evidente, que solo los fanáticos más acérrimos del PSOE y del PCE pueden pretender no verla. El resto de españoles —los que pagamos impuestos, los que soportamos la inflación, los que vemos cómo se dilapidan nuestros recursos— tenemos ante los ojos el ejemplo perfecto de lo que las puertas giratorias siempre fueron, pero que ahora ni siquiera se molestan en disfrazar.

La puerta giratoria como espectáculo

Las puertas giratorias no son un invento español. Son el lubricante habitual de las democracias occidentales, el mecanismo por el que quienes regulan hoy las industrias se convierten mañana en los directivos mejor pagados de las empresas que regulaban. Es una forma legalizada de corrupción, de pago diferido de favores, de canje de influencias que el derecho penal no alcanza a tipificar, pero que cualquier ciudadano con dos dedos de frente identifica como lo que es: un negocio de amiguismo, una compra de lealtades, un mercado de puestos camuflado de carrera profesional.

Lo que distingue al Gobierno de Sánchez no es la novedad del mecanismo, sino la desfachatez con que lo ejecuta. En tiempos pasados, las puertas giratorias requerían cierto tiempo de maduración, cierta decencia de esperar unos años, cierta cortina de humo mediática que permitiera fingir que el nombramiento respondía a méritos profesionales. No aquí. No ahora. La aportación de 1,7 millones en julio y el nombramiento de Díaz en los días siguientes se producen en un intervalo tan breve que solo el cinismo más absoluto puede explicarlo.

Es como si un comprador entregara un maletín en un parque, y al día siguiente el vendedor le entregara las llaves de un piso en el mejor barrio de la ciudad. No hace falta abrir el maletín para saber qué contiene. No hace falta leer el contrato para saber qué se ha comprado. El precio está a la vista: 1,7 millones de euros públicos a cambio de un puesto de 250.000 euros anuales para la número dos del Gobierno. Un negocio redondo, si se mira desde la perspectiva de quien no paga, sino cobra. Un atraco, si se mira desde la perspectiva del contribuyente español.

Y es precisamente esa certeza de impunidad lo que convierte este episodio en un síntoma grave, en un indicador de que hemos cruzado una línea que separa la democracia liberal de algo distinto, algo que ya no respeta ni siquiera las formas de la decencia republicana. Cuando un gobierno ya no siente la necesidad de ocultar sus operaciones de clientelismo, cuando ejecuta la compra de puestos a plena luz del día, cuando trata a la ciudadanía como a retrasados mentales incapaces de conectar dos puntos separados por apenas unos días y 1,7 millones de euros, estamos ante una degradación institucional que no tiene precedentes en la España democrática.

La ventana de Overton y el insulto a la inteligencia

El concepto de ventana de Overton, desarrollado por el analista político Joseph Overton, describe el rango de ideas que el público acepta como políticamente viable en un momento dado. Lo que hoy es impensable, mañana es radical, pasado mañana es aceptable, y al final se convierte en política oficial. La ventana se desplaza, y con ella, los límites de lo que consideramos normal.

El Gobierno de Sánchez ha convertido esta teoría en práctica de gobierno. Hace apenas una década, la idea de que un ministro en activo ocupara un puesto internacional tras una «aportación voluntaria» de 1,7 millones de euros de su propio gobierno habría provocado un escándalo mayor, dimisiones en cascada, preguntas en el Congreso, portadas de periódicos durante semanas. Hoy, provoca un murmullo, algunos tuits indignados, y la certeza de que pasará a engrosar la lista de irregularidades que nunca tendrán consecuencias. La ventana se ha desplazado tanto que lo que antes era corrupción, hoy es gestión ordinaria.

Pero hay algo más insultante que la propia operación: el trato que recibimos los españoles como destinatarios de esta información. Nos tratan como ciegos, como si no pudiéramos ver la conexión entre los 1,7 millones entregados en julio y el puesto de 250.000 euros recibido días después. Nos tratan como sordos, como si no pudiéramos escuchar el ruido de la puerta giratoria girando a velocidad de crucero. Nos tratan como tontos, como si fuéramos incapaces de entender un mecanismo que un niño de primaria identificaría como intercambio de favores. Y nos tratan como mudos, como si no tuviéramos voz para denunciarlo, o como si esa voz, aunque la alzáramos, no llegara a ninguna parte.

Es este último punto el más preocupante. El Gobierno no solo sabe que la operación es corrupta; sabe que nosotros lo sabemos. Y no le importa. Porque ha calculado que la indignación, por intensa que sea, no se traducirá en consecuencias electorales, ni judiciales, ni institucionales. Ha calculado que el sistema de contrapesos está tan deteriorado, que la oposición tan deslegitimada, que los medios tan sometidos, que puede permitirse el lujo de la corrupción exhibida sin temor al castigo. Y en ese cálculo, en esa certeza de impunidad, reside el verdadero autoritarismo, el que no necesita tanques en las calles porque ya controla las mentes, o al menos las ha convencido de que la resistencia es inútil.

El olor a Caracas

Hay un momento en la degradación de las democracias que los historiadores identifican como punto de no retorno. No es el golpe de Estado, ni la suspensión de la Constitución, ni la proclamación del estado de excepción. Es algo más sutil, pero más letal: la normalización de la corrupción, la conversión del amiguismo en sistema, la aceptación resignada de que los políticos roban, que las instituciones sirven a los gobernantes y no a los gobernados, que el dinero público es botín privado y que nadie, absolutamente nadie, pagará por ello.

Ese momento, en España, ya ha llegado. Y el olor que desprende el Gobierno de Sánchez es cada vez más difícil de disimular, más denso, más parecido al que emanaba de los regímenes bolivarianos que tanto admiran sus socios de Podemos y Sumar. La compra de puestos internacionales con dinero público —1,7 millones de euros que se evaporan en julio para que florezcan 250.000 euros anuales días después—, el nombramiento de familiares y afines, la persecución de jueces incómodos, la compra de voluntades parlamentarias con cargos y subvenciones, la transformación de la administración en ejército de clientes, todo esto tiene nombre en el vocabulario político sudamericano: populismo autoritario, chavismo light, democratura.

Venezuela no se convirtió en Venezuela de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, de desgaste institucional, de compra de lealtades con petrodólares, de silenciamiento progresivo de la oposición, de convencimiento generalizado de que la alternancia democrática era imposible porque los que detentaban el poder habían construido una máquina de perpetuación tan sofisticada que nadie podía desmantelarla. España no tiene petróleo, pero tiene deuda pública, fondos europeos, y una maquinaria de gasto político que sirve para los mismos fines: comprar lealtades, financiar clientelas, perpetuar el poder. Y ahora, también tiene la OIT: un puesto bien remunerado para la vicepresidenta que se retira, un premio de consolación por los servicios prestados, un seguro de vida política pagado con el dinero de todos.

Y en ese camino, la operación OIT-Díaz —con sus 1,7 millones de euros de entrada y sus 250.000 euros anuales de salida— es un hito, una señal de que ya no hay límites, que la ventana de Overton se ha desplazado hasta el extremo de que la corrupción ya no necesita excusas. ¿Qué será lo próximo? ¿Una aportación voluntaria de 2 millones a la ONU a cambio de un puesto para la imputada Begoña Gómez? ¿Una donación a la Unión Europea a cambio de la presidencia de turno para algún exministro? La pregunta ya no es retórica. La pregunta es, simplemente, cuál será el siguiente paso en esta escalada de cinismo que nos acerca, paso a paso, al modelo venezolano de democracia simulada.

Conclusión: El momento de la verdad

El Gobierno de Pedro Sánchez es, en rigor, un gobierno de imputados y criminales. No lo decimos nosotros; lo dicen los tribunales, los informes policiales, las investigaciones en curso, las condenas ya firmes de quienes ocuparon ministerios y secretarías de Estado. Pero más grave que la corrupción individual es la corrupción sistémica, la que convierte al Estado en instrumento de perpetuación del poder, la que transforma las instituciones en rehenes de quienes deberían servirles. Y esa corrupción sistémica ya no se oculta. Se exhibe. Se presume. Se impone.

La operación OIT-Díaz —1,7 millones de euros en julio, 250.000 euros anuales días después— es el ejemplo más reciente, pero no será el último. Mientras los españoles sigamos tolerando, mientras la oposición siga sin encontrar el tono y la estrategia para movilizar el hartazgo, mientras los medios sigan amortiguando la gravedad de lo que ocurre con eufemismos y equidistancias, el Gobierno seguirá avanzando. Porque no tiene freno. Porque no tiene vergüenza. Porque ha calculado, correctamente, que la indignación sin consecuencias es indignación inútil, y que la denuncia sin castigo es, en el fondo, una forma de consentimiento.

Pero hay un límite. Siempre lo hay. Y ese límite se acerca cada vez que un español normal, trabajador, contribuyente, padre de familia, comprende que su esfuerzo diario —que se traduce en facturas, en impuestos, en 1,7 millones de euros entregados a la OIT en julio— sirve para financiar la opulencia de quienes le desprecian, para pagar los sueldos de quienes le insultan, para sostener el poder de quienes le consideran un retrasado mental incapaz de ver lo evidente. Ese límite es el que el Gobierno está forzando, con cada operación de estas características, con cada desafío a la inteligencia pública, con cada muestra de que ya no les importa ni siquiera fingir.

La pregunta no es si ese límite se alcanzará. La pregunta es qué ocurrirá cuando se alcance. Si la reacción será democrática, institucional, pacífica pero contundente. O si, por haber dejado deteriorar tanto las instituciones, por haber permitido que la corrupción se normalizara hasta este punto, la reacción tendrá que ser otra, más drástica, más dolorosa, más parecida a las que han sufrido otras naciones que creyeron que la degradación democrática era un proceso reversible por las urnas, y descubrieron demasiado tarde que las urnas ya estaban compradas, que los conteos ya estaban amañados, que la democracia ya era, en realidad, una farsa.

España apesta, efectivamente, a Venezuela. Y ese olor, lejos de disiparse, se intensifica con cada millón de euros que desaparece en Ginebra para reaparecer como sueldo de lujo para la vicepresidenta. El momento de abrir las ventanas, de sacudir los trapos, de limpiar lo podrido, se acerca. O eso, o aprenderemos a respirar en la pestilencia, como hicieron otros pueblos que también creyeron que la corrupción ajena no les concernía, hasta que la corrupción se convirtió en aire irrespirable, y ya no hubo forma de escapar de ella.