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Sociedad

Otra «cerdada» de la Derechita Cobarde, también conocida por Partido Popular, y su Mamporrero Mayor, también conocido por Pablo Casado: El PP “desactivó” el Tribunal de Cuentas tras saber que iba a rechazar los avales de los golpistas del 1-O

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Fuentes del Tribunal de Cuentas aseguran que Pablo Casado “tuvo conocimiento” antes de proponer su renovación al PSOE.

El Partido Popular “desactivó” el Tribunal de Cuentas tras conocer que iba a tumbar los avales presentados por la Generalidad de Cataluña para los golpistas acusados de malversación, en el marco del procedimiento abierto por el golpe del 1-O y su llamada “acción exterior”. Es decir, el destino de recursos públicos para promocionar su acción política independentista en el extranjero durante los ejercicios 2011 y 2017.

Fuentes del Tribunal de Cuentas aseguran que el líder del PP, Pablo Casado, “tuvo conocimiento” de que la instructora de esta causa en el citado tribunal, Esperanza García, iba a rechazar los avales de la Generalidad para cubrir a los golpistas. Por ello, el líder popular “aceleró la negociación” y el pasado miércoles 13 de octubre, ofreció en el Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, renovar los órganos constitucionales. Entre ellos, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Constitucional, dejando al margen el Consejo General del Poder Judicial CGPJ. La celeridad de la propuesta del líder popular sorprendió a muchos.

Tal y como se le había informado al propio Casado, al día siguiente de su ofrecimiento a Sánchez el Tribunal de Cuentas rechazaba el aval de la Generalidad y anunciaba el embargo a 28 dirigentes independentistas de un total de 5,4 millones de euros.

 

Desactivar al Tribunal de Cuentas era una exigencia de ERC para pactar los Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno. Lo que se desconoce es por qué los populares se han prestado a participar en este golpe institucional. Nadie entiende la decisión de Casado de desactivar el Tribunal de Cuentas cuando tenía a los independentistas contra las cuerdas”, denuncian.

Cabe destacar que el pacto alcanzado por socialistas y populares contempla la renovación de 10 de los 12 consejeros del tribunal. Concretamente, salen los 7 consejeros que propuso el PP en la anterior renovación, 2 de los 4 que propuso el PSOE y también se cubre la vacante de otro consejero socialista. Las únicas consejeras que se mantienen son dos de las propuestas en su día por los socialistas Enriqueta Chicano y Dolores Genaro, y el que fuera fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, que ahora desempeñará su labor como consejero, Miguel Ángel Torres.

Las mismas fuentes destacan que en el golpe al Tribunal de Cuentas “es clave” el cese de la que fuera ministra de Justicia durante el primer Gobierno de Aznar, Margarita Mariscal de Gante. Esta magistrada se iba a encargar de enjuiciar el citado caso de el 1-O y su “acción exterior”. Tras la renovación pactada por socialistas y populares, Mariscal de Gante era sustituida por Elena Hernáez, expresidenta del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid y propuesta como nueva consejera de este órgano por el Partido Popular.

La nueva consejera también propuesta por los populares, Rebeca Laliga, exsubdirectora General del Notariado y de los Registros, presidirá la Sección de Enjuiciamiento de la causa junto a Rosario García, magistrada de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid propuesta por el PSOE, y Diego Iñíguez, exjefe de Gabinete de la ministra de Defensa, Margarita Robles, también a propuesta de los socialistas.

Por otro lado, previsiblemente la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, nombre al fiscal progresista Carlos Castresana como nuevo fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, en sustitución de Miguel Ángel Torres.

Poco probable que se juzguen los hechos

Las mismas fuentes consultadas apuntan que todos estos movimientos “alejan las posibilidades y complican mucho” que los golpistas sean juzgados en el Tribunal de Cuentas por el 1-O y su “acción exterior”.

“Ahora las partes personadas en este procedimiento deben presentar demanda para que la causa cuya instrucción ha finalizado pueda ser finalmente juzgada. Se espera que la Fiscalía no presente acusación con el nuevo fiscal jefe del Tribunal de Cuentas nombrado por Delgado, mientras la Abogacía del Estado ya está fuera de la causa”, afirman.

Cabe destacar que los denunciantes del caso, Sociedad Civil Catalana y Abogados por la Constitución, sí presentarán demanda para juzgar los hechos. Sin embargo, no se descarta que los golpistas planteen ante el propio Tribunal de Cuentas que los citados denunciantes “no tienen legitimación para denunciar“, el tribunal lo acepte y se entierre definitivamente la causa.

 

Miguel Ángel Pérez, LD.

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Y usted, ¿Porqué dice que Ayuso no es lo mismo que Feijóo o que Sánchez? ¿eh? ¿Porqué? Vea: Ayuso suspende a un profesor por decir que sólo existen hombres y mujeres

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JESÚS BARRÓN DENUNCIA LA MORDAZA «A QUIENES DISIENTEN»

 

La Comunidad de Madrid ha notificado a un profesor de Biología y Geología la suspensión durante seis meses de empleo y sueldo por enseñar en clase que la realidad científica es que «sólo existen dos sexos: hombres y mujeres».

«Ahora estoy en casa, sin trabajo y sin nómina. Esto es lo que pasa cuando dices algo en contra de la apisonadora de la ideología de género que están intentando imponer en los colegios a los niños más pequeños y en los institutos públicos», ha afirmado en un vídeo publicado por la Asociación de Abogados Cristianos, que ha iniciado una recaudación de fondos para poder ayudarle a hacer frente a la sanción.

Para conseguir dicha imposición, añade Jesús Barrón en un vídeo publicado por la entidad, «se viola la Constitución, los derechos de los padres y la libertad de cátedra de los profesores». «Llevo más de 30 años de docente y no pienso permitir que impongan la ideología de genero a mis alumnos», subraya.

La Administración regional le notificó el viernes 13 de enero que le inhabilitaban de su puesto de trabajo docente. En una entrevista concedida a ElToro TV, Barrón ha criticado que no se permita a los profesores decir «verdades científicas», mientras los activistas que adoctrinan sí pueden entrar a las aulas.

«Jamás me van a obligar a decir sale que el sol sale por el oeste», ha dicho el profesor, que también censura «el marco totalitario e inquisidor» que establece «una dictadura de lo políticamente correcto» y no permite disidencias respecto al lobby LGTBI, el feminismo, etc. La consecuencia, afirma, es la mordaza a los profesores que disienten.

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¡Aplaudan, necios! No tardaremos en sufrirlo en España. Los británicos se enfrentan a una multa de 300 libras por quemar leña para calentarse

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El gobierno británico ha ordenado a las autoridades locales que repriman a quienes utilicen estufas de leña para calentarse, con multas de 300 libras o posibles acciones penales para quienes se nieguen continuamente a acatar los dictados estatales sobre el clima.

El uso de estufas de leña se ha disparado en medio de la crisis energética que sufre el Reino Unido, provocada en gran parte por la obsesión de los gobiernos del Partido Conservador de los últimos diez años por aplicar políticas ecologistas globalistas y negarse a explotar los recursos naturales más fiables del país, como el gas natural.

Ahora, el gobierno de Westminster ha ordenado a las autoridades locales que utilicen la Ley de Medio Ambiente de 2021 para imponer multas puntuales de entre 175 y 300 libras a quienes utilicen estufas de leña que no cumplan las normas estatales sobre contaminación atmosférica, informa The Times of London.

También se informó a los ayuntamientos de que, en el caso de los infractores recurrentes, también podrían emprender acciones penales que podrían acarrear a los ciudadanos antecedentes penales y multas de 5.000 libras y 2.500 libras más por cada día adicional que utilicen leña para calentar sus hogares.

En los últimos seis años, los ayuntamientos ingleses sólo han impuesto 17 multas por quemar madera, a pesar de haber recibido más de 18.000 quejas de ciudadanos.

La Secretaria de Estado de Medio Ambiente, Thérèse Coffey, que encabeza la campaña, afirmó que quiere que el Gobierno adopte “un enfoque educativo” sobre los problemas que plantean las estufas antiguas y la quema de madera húmeda: “Queremos que la gente haga lo correcto”.

ClientEarth aplaudió la medida, pero la organización ecologista pidió al Gobierno que fuera más allá y prohibiera la quema de madera en el hogar.

“La contaminación provocada por la combustión de madera es una fuente creciente de partículas finas en algunas zonas, lo que supone una grave amenaza para la salud de las personas”, declaró la portavoz Andrea Lea.

La oficina del alcalde londinense de extrema izquierda, Sadiq Khan, también elogió la medida: “Al tomar la iniciativa en la capital, el alcalde ya ha reducido la contaminación del aire en Londres cinco veces más rápido que en el resto del país desde 2016”.

Sin embargo, el profesor Frank Kelly, del Imperial College de Londres, cuestionó si los ayuntamientos tienen los recursos necesarios para dedicarse a vigilar los hogares que utilizan estufas de leña.

“Si informas de que has pasado por delante de una propiedad y puedes ver humo saliendo de una chimenea cuando no debería haber humo, es muy, muy poco probable que un oficial de aplicación se presente en esa puerta y haga algo. Corresponde a los ayuntamientos hacerlas cumplir y no tienen personal para ello”, explica.

Un informe del Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra) concluye que las estufas de leña emiten menos de la mitad de partículas PM2,5 de lo que se afirmaba anteriormente, reduciendo la cifra del 38% de todas las emisiones a sólo el 17%.

En el último año, los hogares británicos se han enfrentado a una subida del 65,4% en el precio de la electricidad y del 128,9% en el del gas natural. Aunque a menudo se atribuye a la guerra de Ucrania la causa principal de este aumento, las políticas ecologistas de los gobiernos conservadores, que controlan Downing Street desde 2010, han invertido miles de millones en formas de energía poco fiables, como la eólica y la solar, ignorando en gran medida la energía nuclear y prohibiendo rotundamente el uso del fracking para explotar las abundantes reservas nacionales de gas natural del país.

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Los delitos e infracciones cometidos por el independentismo sobre el presunto “policía infiltrado”

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El mundo radical independentista nos tiene muy acostumbrados a sus absurdos bulos (violaciones policiales, brazos rotos que cambian …) y exageraciones (España nos roba, opresión …). Ahora habían fijado un nuevo objetivo; un presunto policía infiltrado que fornicó a diestro y siniestro con casi una decena de “inocentes víctimas” adultas. Necesitan alimentar continuamente el odio a cualquier precio.

Les ha salido mal, han hecho el ridículo; los memes, la ironía … han sido la mejor respuesta en redes. Pero el acoso y derribo sobre un policía nacional ha sido brutal; se han publicado fotos de una cara fácilmente reconocible, con apenas un leve pixelamiento de un alumno-policía de la Academia de Ávila, vulnerando la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, sin olvidar la propia Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que también sanciona este tipo de conductas, cuando suponen un peligro para la seguridad del agente.

Estos señalamientos, propios de otras épocas y sistemas de corte autoritario, buscan convertir a ese policía en una diana. Desde el odio se le ha calumniado, acusándole de violador y mostrando fotografías personales. Estas conductas ya no son una broma es radicalismo, es puro fascismo sobre una víctima concreta.

El Ministerio del Interior y en concreto la Dirección General de la Policía debería salir al paso buscando la protección de la dignidad y el honor de este agente, además de solicitar las sanciones administrativas referenciadas. Los sindicatos policiales también tienen la obligación ética y hasta jurídica, de defender la dignidad y el honor de un policía y de la propia institución.

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Sociedad

Un guardia civil recibe hasta 12.675€ menos de pensión que un «mozo de cuadra»

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Independientes de la Guardia Civil consideran necesaria una actualización de los haberes reguladores de
los funcionarios incluidos en grupos C1 y A2, ya que se están viendo muy perjudicados, además de la
recatalogación al grupo B.

Los guardias civiles muestran su malestar al quedar excluidos de la revalorización de sus pensiones, percibiendo hasta 12.675€ menos al año que los agentes de los Mossos en Cataluña, una enorme cantidad que no hace referencia ha la revalorización de 2023.

Desde Independientes de la Guardia Civil (IGC) señalan que la revalorización de las pensiones de cada año desde el mes de enero, viene regulada en los artículos 58 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y el 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado en los que se establecen cómo se debe de hacer, sin embargo, para la Guardia Civil esta normativa no le afecta y no va suponer una revalorización efectiva de sus pensiones.

Indican desde esta asociación que la Administración Central no cotiza por la totalidad de los ingresos de los Guardias Civiles, por lo tanto, la actualización con la inflación sólo afecta a la prestación correspondiente a la base cotizada, no al resto, con lo que la pérdida del poder adquisitivo se ve agravada. Durante su vida laboral, los guardias civiles vienen cobrando hasta 500€ menos de sueldo al mes en activo que los Mossos.

Como ya se publicó en h50 en 2022, tras la jubilación, el sistema de cotización hace que un Mosso se jubile con hasta 2819€ mensuales en catorce pagas, y sin embargo un agente de la Benemérita retirado o un Policía Nacional recibirían 1913€, un 32% menos, lo que supone una diferencia de 12.675€ al año, teniendo ya de por si un salario claramente inferior, sin contar que las policías autonómicas pueden prejubilarse varios años antes.

La diferencia de sueldos es notable y la misma genera un problema muy grave a largo plazo, ya que repercute de forma significativa en el cálculo de las pensiones. Así, a mayor cotización por un funcionario, mayor será el computo de su pensión, y es por ello que entre ambos cuerpos policiales existe esa discriminación en sus jubilaciones.

“Los guardias civiles estamos hartos de ser maltratados, tal es así, que no entendemos como el pasado 26 de julio de 2022, se aprobó en Consejo de Ministros la transferencia de crédito para la jubilación anticipada de Mossos d Escuadra y la policía foral de Navarra por un importe de 48.5 millones de euros, sin embargo a los guardias civiles y policías nacionales, el Estado solo tributa por una parte de su nómina para la jubilación y no por la totalidad, como si ocurre con las autonómicas”,

indican desde IGC.

Desde esta asociación abogan por una revalorización justa y real de los haberes reguladores para el Cuerpo de la Guardia Civil, que no haga que exista tanta diferencia entre funcionarios policiales con las mismas funciones y es por ello que emplazan a la Administración a que cotice por la totalidad del sueldo de sus agentes y cese definitivamente la discriminación salarial que vienen sufriendo.

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