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Economía

Más de 10.000 olivareros salen a la calle para exigir medidas contra los bajos precios

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El sector olivarero ha salido a la calle este jueves, a través de las asociaciones Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, por el centro de Madrid para denunciar la «crisis tremenda» por la que atraviesan más 250.000 familias de productores y que tiene su origen, según los organizadores de la marcha, en los bajos precios del aceite de oliva en origen que les producen pérdidasy la posibilidad de que, a partir del 18 de octubre, Trump imponga a este producto un arancel adicional del 25% por una disputa con origen en el sector aeronáutico.

A la capital han acudido más de 10.000 olivareros procedentes de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja y Cataluña quienes han recorrido las calles hasta la puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación bajo el lema «Precios justos parsa un olivar vivo». El objetivo no es otro que reclamar una serie de medidas que permitan alzas de precios en origen y garanticen una futuro «digno» para el olivar tradicionaal.

A pesar de que España es la principal productor de aceite de oliva a nivel mundial, cuenta con los precios en origen más bajos de la Unión Europea, llegando incluso a situarse por debajo de los costes de producción (el coste medio ponderado de producción de aceite de oliva en España, según el Consejo Oleícola Internacional, se estableció ya en 2015 en 2,75 euros por kilo de aceite de media).

Almacenamiento y autorregulación

Durante la manifestación, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha afirmado que el sector del olivar está atravesando una «crisis tremenda» y que es el momento de actuar, de modo que la voluntad política vea la luz en el almacenamiento y en la autorregulación.

Al respecto, Barato ha ironizado diciendo que «está muy de moda hacer decretos leyes para muchas cosas, y nosotros también exigimos un decreto ley: que no se pueda vender un producto que se hace en el campo por debajo del valor al que nos cuesta a nosotros producirlo».

Por su parte, el presidente del sector del aceite de oliva de cooperativas agroalimentarias, Rafael Sánchez Puerta, ha valorado la unión del sector en la manifestación, ya que el año está siendo «muy complicado» en cuanto a precios, por lo que se necesitan organismos para adecuar la oferta y la demanda.

Respecto a los aranceles de Estados Unidos, Sánchez Puerta ha señalado que complican más la situación, puesto que es un país en el que se vendían más de 200 millones de kilos de productos agroalimentarios, lo que supone una pérdida “letal” para el sector y deja en evidencia la desventaja de España respecto a otros países europeos.

Caída del precio del 26% en 2018

El sector recuerda que en 2018 ya se produjo una caída del 26% de los precios, a una media de 3,53 euros por kilo, según datos del Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura de Andalucía, y ha continuado la tendencia bajista durante 2019, hasta situarse en un 44% menos (de 3,53 euros por kilo en junio de 2018 a cotizaciones por debajo de los actuales dos euros por kilo, por debajo de los costes de producción, 2,75 euros por kilo), en un contexto internacional de menor producción, principalmente en los países extracomunitarios.

Los manifestantes han demandado instrumentos regulatorios en el mercado para que «no se arruinen» en momentos de descensos de los precios, así como que no se produzcan aumentos excesivos que el consumidor no puede pagar.

Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha denunciado que en la última campaña se haya quitado a los olivareros más de 1.000 millones de euros, debido a que «la industria envasadora especula con los precios por sus propios intereses, manipulando los precios y las cantidades sin un control por parte de la administración pública».

Críticas a la distribución

A todo ello se suman, según el sector, las prácticas comerciales desleales de las cadenas de distribución que utilizan el aceite de oliva como producto reclamo, «tirando por tierra la imagen de un producto de excelencia y contribuyendo a la tendencia a la baja de los precios».

«Esta situación amenaza la viabilidad de las explotaciones de olivar tradicional y pone en riesgo el modo de vida de más de 250.000 familias y cientos de municipios que viven directa e indirectamente de este cultivo», han denunciado.

La superficie de cultivo dedicada al olivar en España se eleva a 2,6 millones de hectáreas, distribuidas en más de 400.000 explotaciones. Este cultivo mantiene 15.000 empleos en la industria y genera más de 50 millones de jornales por campaña.

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Economía

Pensión muy trabajada para la “ex-madame” del “Menesterio de Igual-dá”: Irene Montero cobrará 61.982,69 euros al año de indemnización tras dejar de ser ministra

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Irene Montero abandona el Ministerio de Igualdad en la remodelación del Gobierno que ha llevado a cabo Pedro Sánchez. La impulsora de una de las leyes más polémicas de la legislatura, el sólo sí es sí, abandona el Ejecutivo, convirtiéndose en su sucesora la socialista Ana Redondo. Tras su salida del Consejo de Ministros, Irene Montero no cobrará una pensión vitalicia del Estado, pero sí tiene derecho a recibir una indemnización equivalente al 80% de su sueldo por un periodo igual a la duración de su mandato y hasta un máximo de dos años. Así lo recoge la ley de Presupuestos Generales del Estado de 1981 (art. 10, número 5, norma primera).

En concreto, en este apartado se recoge que «todas las personas que cesen en el ejercicio de dichos cargos a partir del 1 de enero de 1981 tendrán derecho a percibir, a partir del mes siguiente en que se produzca el cese, y durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo, sin que puedan percibirse más de 24 mensualidades una pensión indemnizatoria mensual del 80% por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el Presupuesto en vigor durante el plazo indicado». Una indemnización que, recoge el mismo artículo, «es incompatible con las retribuciones que pudieran corresponderles, en caso de ser designados de nuevo para uno de los cargos de referencia».

Por tanto, teniendo en cuenta que el sueldo de Irene Montero como ministra de Igualdad era de 77.478,24 euros anuales, la cuantía que tiene que recibir es de 61.982,69 euros por año. Según la norma citada anteriormente, esta indemnización podrá cobrarse durante dos años, por lo que el total ascenderá a 123.965,18 euros. Una especie de sueldo que Irene Montero recibirá en cuotas mensuales.

Sí cabe recordar que esta compensación es incompatible con cualquier otra retribución que provenga de la actividad pública o privada, según recoge el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Asimismo, es incompatible con la percepción de la pensión de jubilación.

Ione Belarra, que también abandona el Gobierno en favor de Pablo Bustinduy -el nuevo ministro de Derechos Sociales-, no podrá cobrar esta indemnización porque ella sí sigue como diputada en el Congreso, por lo que ya va a cobrar una prestación pública.

Ángela Rodríguez Pam

Ángela Rodríguez Pam, número dos de Irene Montero, también recibirá una indemnización muy gorda al abandonar su cargo al frente de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.

Al igual que Ione Belarra e Irene Montero, tiene derecho a percibir un 80% de su sueldo durante dos años. En su caso, el salario es mucho más superior: de 123.694,36 euros. Por tanto, percibirá 98.955,488 euros cada año, que se traduce en un total de 197.910,976 euros.

En este caso, como en los anteriores, la indemnización «es incompatible con las retribuciones que pudieran corresponderles, en caso de ser designados de nuevo para uno de los cargos de referencia», así como con cualquier otra retribución que provenga del sector público o privado.

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Economía

Las Consejerías de Agricultura de VOX, en defensa del glifosato

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  • Ante los intentos de la izquierda europea para prohibir este producto, los consejeros del sector de Castilla y León, Aragón, Valencia y Extremadura desmontan las falacias sobre este herbicida “no cancerígeno”, de “innegable eficacia” que, además, cumple con los objetivos de sostenibilidad de la UE
  • “De prohibirse, al agricultor solo le quedaría la opción de volver a aplicar el laboreo o recurrir a la combinación de varios herbicidas para garantizar un correcto control de las malas hierbas, lo que incrementaría tanto el coste como los efectos no deseados sobre el medio ambiente”, defienden

Los fanáticos de la Agenda 2030 han vuelto a la carga, esta vez, con un intento de prohibir el glifosato, un herbicida imprescindible en el campo. Por eso, los consejeros de Agricultura de VOX en Castilla y León, Aragón y Valencia, así como el de Gestión Forestal en Extremadura, han salido en defensa de esta herramienta imprescindible para los agricultores de sus correspondientes comunidades.

Frente a los ataques de la izquierda europea y sus manipuladores argumentos -como que es dañino para la salud-, Gerardo Dueñas, Ángel Samper, José Luis Aguirre e Ignacio Higuero -respectivamente- defienden que el glifosato no solo es una “herramienta indispensable para la sostenibilidad de la agricultura” por ser de “innegable eficacia para controlar las malas hierbas”, sino que también “cumple con los objetivos de sostenibilidad de la UE”.

Además, toda limitación y prohibición gratuita no justificada por criterios científicos están provocando una subida de los alimentos en los lineales de los supermercados. Es decir, que las familias ya no pueden adquirir determinados alimentos porque éstos son gravados constantemente por las políticas erráticas que agreden el consumo de los sectores más frágiles.

Actualmente el glifosato es una herramienta indispensable para la sostenibilidad de la agricultura al permitir el control de las malas hierbas que compiten por el agua, los nutrientes del suelo y la luz del sol con los cultivos. Hay que destacar su innegable eficacia para controlar las malas hierbas, su facilidad de uso y su coste relativamente asequible, no existiendo una alternativa que, desde el punto de vista técnico y económico, pueda sustituir su empleo.

Muchos de los enfoques alternativos sugeridos para la gestión de las malas hierbas requieren la reintroducción de prácticas agrícolas mecanizadas. Aparte del impacto negativo que esto tendría en el medio ambiente, las condiciones estructurales de muchos cultivos no permiten el uso de estos métodos mecánicos.

Además, ningún herbicida individual o combinación de herbicidas registrados actualmente en Europa podría ofrecer los mismos beneficios en términos de reducción del laboreo y la posibilidad de adoptar cultivos de cobertura, elementos esenciales de la agricultura de conservación.

El glifosato es imprescindible para la técnica de siembra directa, tanto en cereales de secano como en maíz para hacer dobles cosechas, con todos los beneficios probados que estás técnicas significan para el medio ambiente y para la rentabilidad de las explotaciones, especialmente, en secanos áridos donde volver al laboreo tradicional sería inconcebible.

Por otra parte, el incremento de las labores mecánicas en las explotaciones para garantizar un correcto control de las malas hierbas supondría el consiguiente incremento de los costes de producción en las explotaciones, lo que, a su vez, se traduciría en un aumento del precio final de los alimentos al consumidor final.

Desde el punto de vista medioambiental, el glifosato contribuye a cumplir con los objetivos de sostenibilidad de la propia UE al permitir el desarrollo de prácticas de agricultura de conservación, que captura carbono en el suelo, fomenta la preservación y mejora de la biodiversidad en los ecosistemas y mejora la calidad del agua. Estas prácticas también contribuyen a la mejora de la calidad de la tierra y evitan la pérdida de suelo fértil provocada por procesos como la erosión o la escorrentía.

Ambientalmente, el principal reto que debe afrontar la Agricultura en España es la lucha contra la erosión del suelo y, para ello, el glifosato es una herramienta imprescindible para asegurar el mantenimiento de restos vegetales o cubiertas permanentes que la evitan y contribuyen a que se preserve mucho mejor el suelo, a mantener una estructura viva que favorece la fertilidad del suelo y la biodiversidad de las especies y evitar las emisiones de carbono.

Por consiguiente, de prohibirse este herbicida, al agricultor solo le quedaría la opción de volver a aplicar laboreo o recurrir a la combinación de varios herbicidas para garantizar un correcto control de las malas hierbas, lo que incrementaría tanto el coste como los efectos no deseados sobre el medio ambiente.

Seguridad e impacto económico

Por todos estos motivos, el glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo. Y, frente a las falacias manipuladoras que dudan de su seguridad para la salud, ésta ha sido testada y posteriormente certificada por la AESA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) y la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA, por sus siglas en inglés).

En el caso de la renovación del glifosato, a debate en estos días en el seno de la UE, su continuidad ha contado también con el informe positivo de la ECHA, que ya desmintió en su día y con evidencias científicas que el herbicida sea cancerígeno.

Por último, en cuanto al impacto económico que supondría eliminarlo, según un estudio solicitado a PricewaterhouseCoopers (PwC) por la Asociación Española de Agricultura de Conservación Suelos Vivos (AECS,SV), la Asociación Empresarial Española para la protección de las Plantas (AEPLA) y la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria y Espacios Verdes (ANSEMAT), el impacto macroeconómico de la utilización del glifosato se estima en 2.431 millones de euros en producción; 1.087 millones de euros de PIB y 23.082 personas empleadas. Es decir, que suprimirlo tendría un gran impacto no solo en el sector agrícola, sino en todos los sectores vinculados al mismo y en los hogares de los españoles.

Por todo ello, los consejeros del sector de VOX en Castilla y León, Aragón, Valencia y Extremadura quieren mostrar su apoyo al uso del glifosato y seguirán luchando desde sus comunidades autónomas para hacer frente a la Agenda 2030 que solo responde a fanatismos climáticos y no a las necesidades de los agricultores.

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VOX logra aprobar una propuesta para prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Cáceres)

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EN LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA

 

El pleno de la Asamblea de Extremadura aprobó el pasado jueves una propuesta de pronunciamiento planteada por VOX mediante la cual se insta al Gobierno central a modificar la política energética y a prorrogar la vida útil de las centrales nucleares «por el tiempo que permita la seguridad de las mismas».

La iniciativa salió adelante gracias a los votos de VOX y PP, frente al rechazo del PSOE y Unidas por Extremadura que se situaron una vez más al lado de las tesis ecologistas y de la Agenda 2030, que es partidaria del desmantelamiento nuclear.

El encargado de defender la iniciativa en el Pleno fue el portavoz de VOX en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, que reclamó al Gobierno de España la realización de un estudio técnico con carácter de urgencia, valorando la extensión de la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz; al mismo tiempo, Fernández solicitó que se destinen «cuantos recursos sean necesarios, dentro de las posibilidades técnicas y de seguridad» para asegurar la extensión de la vida útil de la central nuclear de Almaraz.

Por otra parte, se solicitó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que estudie un cambio de modelo energético a nivel nacional, apostando por la energía nuclear como fuente energética «viable, constante, segura, económica y compatible con el concepto de soberanía energética», porque con la eólica y la solar «todavía no es suficiente».

El texto definitivamente aprobado cuenta con una ligera modificación respecto al original debido a la enmienda presentada por el Partido Popular y aceptada por VOX, en la que se incluye continuar con el criterio sobre la continuidad de la central de Almaraz aprobado en la Asamblea mediante una iniciativa el 15 de septiembre de el año pasado.

Por su parte, el Partido Socialista de Extremadura defendió otra enmienda, que fue rechazada por VOX, debido a que, en la misma, los socialistas extremeños exigían que no se solicite al Gobierno un cambio en el modelo energético a nivel nacional. Este rechazo llevó al PSOE a votar en contra y a posicionarse en contra de la central nuclear de Almaraz.

La extrema izquierda de Unidas por Extremadura también votó en contra de la iniciativa de los de Santiago Abacal, defendiendo el «cierre» de la central y esgrimiendo como un argumento que dicho cierre generaría empleo en la región.

Con esta votación, se sigue dando cumplimiento al acuerdo de gobierno suscrito entre PP y VOX en Extremadura, el cual recogía la extensión de la vida útil de la central nuclear de Almaraz.

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Economía

Impacto de los préstamos personales en la economía: Estimulando el consumo, inversiones y los riesgos asociados

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Los préstamos personales desempeñan un papel crucial en la economía moderna, ya que permiten a las personas obtener financiamiento para cubrir una variedad de necesidades y metas. Estos préstamos, ofrecidos por instituciones financieras como bancos y cooperativas de crédito, tienen un impacto significativo en la economía en general. En este artículo, exploraremos cómo los préstamos personales influyen en la economía y cómo pueden afectar tanto a los individuos como a la sociedad en su conjunto.

Los préstamos personales son una forma común de financiamiento utilizada por individuos para adquirir bienes duraderos, financiar proyectos personales o cubrir gastos inesperados. Estos préstamos se caracterizan por tener tasas de interés más altas que los préstamos respaldados por garantías, como los préstamos hipotecarios o los préstamos para automóviles. Sin embargo, a pesar de las tasas de interés más altas, los préstamos personales siguen siendo una opción atractiva para muchas personas debido a su acceso relativamente fácil y su flexibilidad en términos de uso.

Como argumentan en Moneido España, una fuente confiable de información financiera, los préstamos personales tienen un impacto significativo en la economía. En primer lugar, estos préstamos estimulan el consumo y fomentan la demanda de bienes y servicios. Cuando las personas obtienen préstamos personales, tienen más capacidad para realizar compras importantes, como electrodomésticos, muebles o incluso vacaciones. Esto a su vez impulsa la actividad económica y beneficia a los sectores relacionados con el consumo.

Además de estimular el consumo, los préstamos personales también pueden promover la inversión. Al proporcionar financiamiento para proyectos personales, como la apertura de un pequeño negocio o la mejora de una vivienda, estos préstamos contribuyen al crecimiento económico a largo plazo. Los emprendedores y los propietarios de viviendas pueden aprovechar los préstamos personales para expandir sus actividades económicas, generar empleo y aumentar la productividad.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que los préstamos personales también pueden tener implicaciones negativas en la economía. El endeudamiento excesivo y el incumplimiento de pagos pueden llevar a problemas financieros tanto para los individuos como para las instituciones financieras. Cuando una gran cantidad de personas incumplen sus pagos de préstamos personales, los bancos y otras entidades pueden enfrentar pérdidas significativas y experimentar una disminución en su capacidad para proporcionar financiamiento adicional.

Además, el alto nivel de endeudamiento personal puede afectar la estabilidad financiera de los individuos y restringir su capacidad para ahorrar e invertir en el futuro. Si las personas destinan una gran parte de sus ingresos al pago de préstamos personales, es probable que tengan menos recursos disponibles para invertir en bienes raíces, acciones u otros activos financieros. Esto puede dificultar el crecimiento económico a largo plazo y limitar las oportunidades de acumulación de riqueza.

En resumen, los préstamos personales desempeñan un papel importante en la economía al estimular el consumo, promover la inversión y proporcionar financiamiento para proyectos personales. Sin embargo, también existen riesgos asociados, como el endeudamiento excesivo y el incumplimiento de pagos, que pueden tener consecuencias negativas tanto para los individuos como para las instituciones financieras. Es fundamental que tanto los prestatarios como los prestamistas ejerzan una gestión responsable y prudente al utilizar y otorgar préstamos personales, respectivamente, para garantizar un equilibrio saludable entre el acceso al crédito y la estabilidad financiera. Además, los préstamos personales pueden tener un efecto en la economía a nivel macroeconómico.

El crecimiento del crédito personal puede indicar un aumento en la confianza de los consumidores y en la actividad económica en general. Sin embargo, un aumento excesivo en los préstamos personales puede generar preocupaciones sobre la estabilidad financiera y la acumulación de deuda. Es importante que los reguladores financieros supervisen de cerca esta situación y tomen medidas para prevenir posibles riesgos sistémicos. En última instancia, los préstamos personales pueden ser un motor para el crecimiento económico, pero su uso responsable y una gestión adecuada son cruciales para evitar desequilibrios y crisis financieras.

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