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Sociedad

Los vecinos de Barcelona arman patrullas de vigilancia ante la inacción de Colau

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Hace un año Eliana Guerrero se recorría sola el Metro de Barcelona señalando y cazando a carteristas únicamente acompañada por un silbato. Hoy lidera un organizado sistema de patrullas vecinales que ya reúne a medio centenar de personas que vigilan, día y noche, a los ladrones que campan a sus anchas por las entrañas de la capital catalana. No en vano, los vacíos legales, la inacción manifiesta del gobierno de Ada Colau en materia de seguridad y la falta de efectivos policiales han creado un caldo de cultivo perfecto para que sean los propios ciudadanos quienes acaben organizándose al margen de la administración para garantizar la seguridad urbana.

«No solo roban a turistas, también a discapacitados, ciegos y personas con síndrome de Down. A los niños les arrancan los móviles de las manos si están viendo dibujos. Es horrible», relata Cecilia, una joven boliviana que se unió a las patrullas hace unos meses. La mayoría de miembros de estas agrupaciones son extranjeros que se sorprenden cuando se les expone que su actividad es vista por algunos como un acoso de trasfondo xenófobo. «Es absurdo, esto no va sobre de dónde vienes, sino si delinques o no», expone Eliana.

Las patrullas se organizan a través de de Whatsapp, donde se convocan las rondas. Estas tienen lugar en las estaciones, vagones y pasillos del Metro de Barcelona. Las patrullas de vecinos-vigilantes cuentan con al menos cinco personas uniformadas con camisetas negras que las identifican.

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Uno de ellos ejerce el papel de «líder» y coordina el grupo, otro graba las distintas acciones para luego difundirlas o usarlas en caso de litigio y el resto se dedica a identificar, señalar y «cazar» carteristas.

También tratan de lograr que los usuarios del metro se unan para acabar expulsando por la fuerza cualquiera que tenga intención de delinquir. Los ladrones ya les conocen y solo de verles abandonan rápidamente vagones y estaciones. «No volváis más, sinvergüenzas», exclama Cecilia mientras enseña una pancarta que advierte en siete idiomas de la presencia de una pareja de ladrones.

En la mayoría de ocasiones las patrullas apenas se enfrentan a los carteristas, que se van al escuchar los gritos y silbatos de los activistas vecinales como si la cosa no fuera con ellos. Sin embargo, a veces estos buscan el cuerpo a cuerpo. «Por supuesto que pasamos miedo, cuando increpo a un ladrón se me pone la piel de gallina pero es la única forma de lograr que se vayan y vean que no son los dueños de esta ciudad», relata todavía nerviosa una de las participantes de la patrulla tras lograr que tres supuestos carteristas más abandonen la estación de Diagonal del metro barcelonés. Las acciones de las patrullas son aplaudidas por los vecinos, que no paran de acercarse al grupo para agradecerles su labor.
«Seremos más»

Los agentes de seguridad del suburbano, que tienen buena relación con patrullas como la de Eliana, llevan meses desbordados por la llegada incesante de ladrones que, a pesar de ser identificados, detenidos y procesados recurrentemente, siempre vuelven a la calle. De allí otra vez al metro. «Un ladrón me dijo una vez: ‘me da igual lo que hagas, mañana estaré libre y volveré a robar’. A mí también me da igual, seguiré aquí, y seremos más», resume Eliana.

A lo largo de los últimos años, la cuestión de la seguridad ha ido ganando peso entre las preocupaciones de los barceloneses. Así, mientras en 2015, cincidiendo con el inicio del gobierno de Colau, el 3,4% de los vecinos afirmaba estar preocupado por la inseguridad, según el Barómetro Municipal más reciente, el 27,4% ya reconocía vivir con preocupación este problema. No se trata de una percepción alarmista: los números cantan. Los hecho delictivos han pasado de 153.063 en 2016 a 194.212 en 2018, y los datos del primer semestre de 2019 (9%) aceleran esta tendencia. Los robos con violencia, los que más alarma generan, se han disparado un 35% entre enero y junio.

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Ante esta realidad, los ciudadanos se movilizan, y la red ha sido otro espacio que ha servido de altavoz para la frustración vecinal. Los perfiles de redes sociales dedicados a denunciar y compartir casos de agresiones y robos se han multiplicado hasta convertirse en auténticos guardianes digitales. «Helpers» es una de las más populares. Su cuenta de Twitter suma casi diez mil seguidores y se actualiza cada pocas horas con fotos de robos, atracos o peleas que registran y comparten sus miembros desde cualquier punto de la capital catalan. También escrutan la red buscando más casos que compartir con el método «Socmint» de filtrado. «Somos una inmensa red ciudadana con cientos de ojos en todos los puntos calientes de la ciudad», presumen desde la plataforma. Asimismo, afirman querer «presionar» a las administraciones para que vuelvan a garantizar la seguridad ciudadana, como es su obligación.

Al margen de la ley

Los expertos en seguridad ven por contra con recelo el auge de estas patrullas de autodefensa vecinal. El decano del Colegio de Criminólogos de Cataluña y profesor de la UOC, Daniel Limones, expone sus dudas y apunta que su eclosión es normal en un momento en el que cualquier caso de robo o violencia se torna «viral» gracias a las redes sociales. «La sociedad puede participar más en la seguridad, pero de una forma reglada. Si grupos al margen de la ley actúan por libre se pueden generar reacciones adversas», explica a este diario este experto en delincuencia urbana. «Hay que tratar esta cuesión con sumo cuidado», añade.

(ABC)

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España

Dimisión forzada del máximo mando operativo de la Policía tras una querella por agresión sexual

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En noviembre de 2024, Marlaska dejó sin efecto su jubilación al cumplir 65 años para que continuara en el cargo de por vida.

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, ha renunciado a su cargo después de que un juzgado de Madrid haya admitido a trámite una querella que lo sitúa como investigado por un presunto delito de agresión sexual contra una subordinada, además de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. La decisión judicial ha precipitado una salida que ya no podía sostenerse desde el punto de vista institucional, dada la extrema gravedad de los hechos denunciados y la posición de poder del investigado dentro del cuerpo.

La citación judicial está fijada para el próximo 17 de marzo, cuando el juez escuchará tanto a González como a la agente denunciante. La mera admisión de la querella —no una condena— resulta, sin embargo, incompatible con la permanencia en el cargo de quien ha sido durante años el máximo responsable operativo de la Policía Nacional, con capacidad directa de mando y decisión sobre miles de agentes.

Una acusación que apunta a abuso de poder institucional

Según el escrito judicial, la denunciante mantuvo en el pasado una relación afectiva con el DAO que derivó en una supuesta dinámica de abuso de poder, marcada por una asimetría jerárquica extrema. La querella sostiene que la agente se vio incapaz de poner fin a la relación pese a su voluntad expresa, debido al control ejercido por su superior, lo que introduce un elemento especialmente perturbador para cualquier organización jerarquizada como es la Policía Nacional.

Los hechos denunciados se sitúan el 23 de abril de 2025, cuando la agente se encontraba de servicio en la comisaría de Coslada. Según la querella, González habría utilizado su autoridad para ordenar a la funcionaria abandonar su puesto y desplazarse en un vehículo policial camuflado para reunirse con él. Tras un encuentro casual con otro comisario, ambos se trasladaron a la vivienda oficial del DAO, donde, siempre según la acusación, se produjo un acercamiento sexual reiteradamente rechazado por la denunciante.

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El relato judicial describe una conducta persistente pese a las negativas, caracterizada por violencia física e intimidación ambiental. La agente habría logrado abandonar finalmente el domicilio y regresar a la comisaría para devolver el vehículo oficial, antes de dirigirse a su casa. Posteriormente, la querella habla de una cadena de acoso telefónico, manipulación psicológica e intentos de ofrecer compensaciones laborales para evitar la denuncia, un extremo que, de confirmarse, dibujaría un escenario de utilización del poder público con fines estrictamente personales.

El papel del ministro Marlaska y una protección política cuestionada

José Ángel González ocupaba el cargo de DAO desde 2018, cuando fue nombrado por el ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska. Durante estos años se consolidó como una figura clave dentro del aparato policial y de seguridad del Estado, participando en órganos de alto nivel como el CECOR y el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus. Su cercanía al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y al propio ministro reforzó una posición de poder prácticamente incontestable.

Especialmente controvertida fue la decisión adoptada en noviembre de 2024 por Grande‑Marlaska de dejar sin efecto la jubilación obligatoria del DAO al cumplir 65 años, recurriendo a una modificación legal ad hoc para permitir su continuidad indefinida. Aquella maniobra fue duramente cuestionada por la oposición y por sectores del propio cuerpo policial, que alertaron del precedente que suponía blindar políticamente a un alto mando de forma tan explícita.

La admisión a trámite de la querella ha terminado por hacer insostenible esa protección. La presión institucional y mediática, unida a las reacciones políticas posteriores, ha forzado una dimisión que llega tarde para muchos y que vuelve a colocar el foco no solo sobre el investigado, sino sobre las responsabilidades políticas de quienes lo mantuvieron en el cargo hasta el último momento.

Una crisis de credibilidad para Interior y la Policía

Cuando el máximo mando operativo se ve envuelto en una investigación por presunta agresión sexual a una subordinada, la respuesta política no puede limitarse a una dimisión forzada por los acontecimientos. El caso expone con crudeza los riesgos de concentrar poder, prolongar mandatos de forma excepcional y confundir lealtad política con control institucional. Y plantea una pregunta incómoda pero inevitable: quién supervisa a quienes mandan cuando el sistema decide mirar hacia otro lado.

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