Tribunales
Los jueces discrepantes con la sentencia de las hipotecas dicen que se ha roto la confianza en la Justicia
Los 12 jueces del Tribunal Supremo contrarios a la sentencia del Pleno de la Sala Tercera que el pasado 6 de noviembre anuló el cambio jurisprudencial de la Sección Segunda que habría hecho recaer en los bancos el pago del impuesto de las hipotecas, avisan en seis votos particulares de que, con este movimiento, se ha producido una quiebra de la confianza social en la Justicia.
En concreto, seis magistrados –Nicolás Maurandi, Pablo María Lucas Murillo, Francisco José Navarro, José Manuel Bandrés, Fernando Román y José Manuel Sieira– han presentado votos particulares a las tres sentencias sobre este asunto que, tras pasar por el Pleno, depositaron el pago del impuesto sobre los ciudadanos, mostrando discrepancias a las que se han adherido otros seis. Hubo un decimotercero que votó en contra, pero no ha emitido voto alguno.
Sin embargo, más allá de expresar su disconformidad con el fondo, pues en general argumentan que debería ser el banco quien asumiese el tributo, critican el modo en que se ha llevado esta cuestión en el Tribunal Supremo, avocando al Pleno el debate sobre una sentencia que ya era firme e implicaba un cambio en la jurisprudencia.
“La confianza social en la administración de justicia es un elemento esencial para que el modelo de convivencia que es el Estado de Derecho no sea una mera proclamación retórica y se convierta de manera efectiva en una real convicción de la mayoría de los ciudadanos”, dice el voto particular del magistrado Nicolás Maurandi.
“Y esa confianza -añade– queda gravemente quebrantada si, después de un cambio jurisprudencial extensamente argumentado, el más alto órgano jurisdiccional del Estado lo deja sin efecto, sin justificar que sea un claro desacierto jurídico, en el breve espacio temporal de un número de días que no completa un mes”.
Es una percepción similar a la que expresa el magistrado Lucas Murillo, en un voto al que se han adherido Isabel Perelló, José María Del Riego y Diego Córdoba. Dice que “el Pleno de la Sala no podía corregir la interpretación de la Sección Segunda sin grave daño a la seguridad jurídica ni muy serio quebranto de la posición constitucional del Tribunal Supremo”.
“El órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes salvo en materia de garantías constitucionales no puede decir una cosa el 16 de octubre y otra radicalmente opuesta el 6 de noviembre simplemente porque se considere preferible una interpretación a la otra”, asegura.
Tanto el magistrado que lo escribe como los tres que lo refrendan aceptan que “en cualquier momento se puede someter al Pleno de la Sala la corrección de una doctrina sentada por una Sección si fuera errónea”. “Ahora bien, cuando la contraposición se mueva entre una solución posible y otra que se tiene por preferible, se ha de evitar que en el curso de unos pocos días el Tribunal Supremo afirme una cosa y su contraria, desdiciéndose, porque entonces no transmitirá a la sociedad la imagen de que hace justicia sino la de que siembra desconcierto”, afirma.
EL TRIBUNAL NO ESTUVO A LA ALTURA
Para el magistrado Fernando Román, el Supremo no ha estado a la altura de lo que demandaba el “interés general”. “Exigía que, en un momento de gran incertidumbre social, que afectaba gravemente al mercado hipotecario en nuestro país, diéramos una respuesta lo más precisa posible a la cuestión del alcance temporal y material que cabría atribuir a la nueva doctrina jurisprudencial que consideraba que el prestatario no era el sujeto pasivo de este tributo”, apunta en su voto particular.
El magistrado José Manuel Sieira, para quien el cambio jurisprudencial que hizo la Sección Segunda al avalar a los clientes frente a la banca está “plenamente justificado”, añade una crítica velada hacia el presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis María Díez Picazo, que le reemplazó en el cargo. Opina que si bien tiene competencia para convocar el Pleno “ello no supone que su criterio deba necesariamente ser compartido ni que tal decisión no pueda ser sometida al control de éste”.
En su opinión, “la jurisprudencia, por su propia naturaleza, esta llamada a evolucionar, precisarse y matizarse con el transcurso del tiempo” pues “el Derecho es algo vivo que evoluciona como consecuencia de que la interpretación de las normas jurídicas es un proceso integrado por diferentes criterios que van desde el sentido propio de las palabras en relación con su contexto, los antecedentes históricos y legislativos, hasta la realidad social del momento”.
Así, para el magistrado, “basta tener en consideración la relevancia que hoy alcanza la tutela de los derechos de los consumidores, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, dirigir la mirada a las sentencias en la materia de la Sala Primera de este Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre todo en lo que atañe los negocios jurídicos bancarios, para darse cuenta de lo contrario”.
PREGUNTAR AL TUE Y AL TC
De hecho, para el magistrado José Manuel Bandrés, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo “no puede desbordar los límites de interpretación de las normas tributarias asumiendo funciones propias del poder legislativo”, cosa que en su opinión estaba haciendo porque al final, ninguno de los supuestos sobre la mesa conducía a “una solución unívoca”, ya que el origen del problema es “la inconcrección de la norma aplicada”.
Por eso, considera que antes de fallar en casación, el Pleno debió haber planteado una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional desde el punto de vista de la igualdad a nivel tributario. También tendría en su opinión, que haber planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque “puede ser relevante” que “aclare los límites que deban respetar los Estados miembros de la Unión a la hora de establecer la tributación que deben soportar las operaciones inmobiliarias para la adquisición de la primera vivienda”.
UN TONO “BELIGERANTE” Y “DESAPACIBLE”
El voto particular del magistrado Francisco José Navarro, al que se adhieren sus compañeros de Sala Eduardo Calvo, Ángel Aguallo y Jesús Cudero, contra las sentencias es uno de los más duros y más extensos. De hecho, dedica las primeras diez páginas al “beligerante” y “desapacible” tono empleado en las sentencias y transmite su “extraordinaria preocupación” por la imagen ofrecida por el Supremo.
“Lo más preocupante, con mucho, es la imagen que de nosotros mismos estamos proyectando a la sociedad, en particular a los teóricos y prácticos del Derecho y, muy en especial, a los jueces y magistrados que integran la carrera judicial y, que, en su quehacer diario, confían en el ejemplo del Tribunal Supremo a la hora de esclarecer la resolución de los asuntos que se someten a su decisión, que pueden quedar perplejos con estas actitudes belicosas”, explica.
Pero además de esta “falta de respeto”, Navarro cree que las “poco templadas palabras de los ponentes” de las sentencias que deshacen el cambio jurisprudencial también van dirigidas contra los propios magistrados de la Sala de lo Contencioso que asistieron al Pleno, pues considera que las sentencias utilizan un “tono despectivo o burlesco” al referirse a quienes defendían que el impuesto recayese en la banca y de “panegírico” cuando aluden a las atribuciones del presidente de la Sala.
El voto particular de este magistrado incluye además, críticas contra la “acelerada” convocatoria del Pleno, cuyas “circunstancias y términos hacían pensar, no de un modo implícito ni dudoso, en una terminante llamada a la rectificación o enmienda de la jurisprudencia establecida” en la sentencia que daba la razón a los clientes.
Sucesos
Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?
El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch
Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.
Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.
Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.
Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.
Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.
Más del 90% de los presos, en el País Vasco
En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia».
La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.
De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro días. No obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.
Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.
Sucesos
(VÍDEO DE LOS HECHOS) ¡ÚLTIMA HORA! ¡TRIUNFÓ LA JUSTICIA! Kyle Rittenhouse, INOCENTE DE TODOS LOS CARGOS
Un jurado de Kenosha (Wisconsin) ha declarado a Kyle Rittenhouse, de 18 años, no culpable de todos los cargos.
El jurado había deliberado desde el martes por la mañana. Rittenhouse estaba visiblemente emocionado al conocerse el veredicto.
Rittenhouse se había enfrentado a dos cargos de asesinato, un cargo de intento de asesinato y dos cargos de imprudencia temeraria relacionados con unos disturbios cerca de la medianoche del 25 de agosto de 2020, durante los disturbios de Black Lives Matter en la pequeña ciudad del Medio Oeste.
Esa noche, Rittenhouse y un grupo de voluntarios armados estaban vigilando un concesionario de automóviles que había sido incendiado la noche anterior. Después de que Rittenhouse apagara un incendio, fue perseguido por un alborotador llamado James Rosenbaum, que alcanzó el rifle estilo AR-15 de Rittenhouse. Rittenhouse disparó cuatro veces, alcanzando a Rosenbaum e hiriéndolo mortalmente. Los disparos también estuvieron a punto de alcanzar al periodista del Daily Caller Richie McGinniss, que estaba cubriendo los disturbios, aunque finalmente no resultó herido.
A continuación, una multitud se dio a la tarea de perseguir a Rittenhouse mientras intentaba huir hacia los agentes de policía. Un asaltante desconocido le golpeó en la cabeza con una piedra y una persona conocida como “Jump Kick Man” le dio una patada en la cara, a la que Rittenhouse disparó sin conseguir herirlo. Un alborotador llamado Anthony Huber golpeó entonces a Rittenhouse en la cabeza y el cuello con un monopatín, y alcanzó el rifle; Rittenhouse disparó un tiro, matándolo. Otro alborotador, Gaige Grosskreutz, que iba armado con una pistola, levantó las manos por encima de la cabeza y cargó contra Rittenhouse apuntándole con su pistola. Rittenhouse disparó, hiriendo a Grosskreutz en el brazo.
Los medios de comunicación corporativos y los políticos demócratas, como el entonces candidato Joe Biden, calificaron a Rittenhouse de “supremacista blanco” y describieron la violencia como si se hubiera propuesto matar a manifestantes pacíficos de Black Lives Matter. La acusación en el juicio calificó a Rittenhouse de “tirador activo” y argumentó que la turba, llena de “héroes”, había sido “totalmente razonable” al perseguirlo.
La defensa argumentó que Rittenhouse había actuado en defensa propia, ante el temor razonable de una muerte inminente o un daño corporal grave.
Además, la defensa había solicitado repetidamente la anulación del juicio. Durante el propio juicio, la defensa dijo que la fiscalía había infringido los derechos de Rittenhouse en virtud de la Quinta Enmienda al comentar su silencio tras la detención. El fiscal también mencionó pruebas que el juez había descartado específicamente en el juicio. El juez Bruce Schroeder estuvo de acuerdo y amonestó al fiscal, pero permitió que el juicio continuara, diciendo que se pronunciaría sobre la moción de desestimación más tarde. Más tarde, después del juicio, mientras el jurado deliberaba, la defensa presentó otra moción de desestimación, después de que la fiscalía utilizara una versión de alta definición de un vídeo de los hechos que la defensa nunca había visto; la defensa sólo había tenido acceso a una versión de menor definición de la misma grabación.
¿Servir a los españoles o a los políticos?
Quiero empezar este artículo manifestando mi pleno apoyo a una de las instituciones más honorables y necesarias de la historia de España y más en concreto hoy, en esta basura de Régimen degenerado en el que malvivimos. Y no sólo eso. El que escribe iba directo a opositar a la Guardia Civil por la más sincera vocación de servir y proteger a mis conciudadanos bajo ese lema eterno de el honor es mi divisa.
Una vocación que, por cierto, se desvaneció de golpe y porrazo cuando contemplé cómo todas las Fuerzas de Seguridad encubrieron vergonzosamente el mayor atentado de nuestra historia, pero eso es otro tema. Hoy toca hablar del lastimoso papel que lamentablemente les han puesto a realizar a nuestros cuerpos de Policía, ésos que juraron defender nuestra seguridad, libertad y propiedades, pero al parecer hay una prioridad mucho mayor como es servir a los intereses de una casta vergonzosa, parasitaria y cada día más instalada en la dictadura total. Todo ello mientras nos hablan de Franco, sin duda el gran culpable también del covid y de esta ruina.
Pero no. No vamos aquí a entrar, hablando de Franco, en cómo se profanó una tumba, hecho lamentable sin precedentes cuando se realizó desde instancias del Estado y además presumiendo públicamente de un acto tan cobarde y vil contra cualquier ciudadano. Sobre todo porque hay que hacer constar que Franco nunca quiso enterrarse ahí, sino que fue una decisión del Gobierno de entonces, pero bueno. Lo que sí podría interesarnos es que en ese acto vergonzoso estaba, por supuesto, ese héroe del Sistema que es el Coronel de los Cobos, al que se ha querido luego victimizar con asuntos para peperos que no me interesan ni lo más mínimo.
Porque una cosa es el honor y defender a la Patria y otra es estar en las miserias del PP y el PSOE, que son el mayor atajo de sinvergüenzas criminales que ha conocido nuestro país. Unos ladrones organizados que se dedican a utilizar a los cuerpos de Policía para perseguir a los ciudadanos que sí somos honrados, por delitos tan tremendos como pasear por la calle o expresarnos libremente.
Y a esto quería llegar con un caso que es muy personal. En realidad, se trata de tres situaciones que me han ocurrido a mí, Miguel de Cervera, y que creo que son arquetipicas de lo que está sucediendo en mi amado país. Y voy a ir por orden cronológico:
28 de marzo de 2020: miembros de la Guardia Civil me intentan llevar sin medidas de seguridad en un viaje de media hora y todo por unas acusaciones de risa
En lo peor de la pandemia, después de haberme estado buscando por todo Santander como si fuera el Lute, se presentan en mi casa dos agentes de la unidad científica de la Guardia Civil. Al parecer, había cometido el horrendo crimen de criticar en Facebook a miembros de canes familiares (nunca dije la palabra gitano) por saltarse las medidas del confinamiento cuando más falta hacían, según el comité de expertos, haciéndome eco de las noticias que me llegaban por las redes sociales.
Pues bien. Debido a esto, los señores de la GC me quisieron llevar al juzgado de Santoña desde mi casa sin ninguna medida de seguridad, en un coche pequeño y sin mascarillas para nadie, insisto, cuando ni siquiera iba como detenido. Iba como investigado de un crimen urgente por una serie de paridas que alguien de peso dentro del colectivo aludido, el de los clanes familiares, me atribuían. Una sarta de mentiras que incluso incluían audios en los que yo supuestamente incitaba a matar a tiros a los gitanos y a sus hijos y a encerrarlos en campos de concentración.
Cosa curiosa cuando en mi propio Facebook tengo ni más ni menos que cuatro amigos gitanos, por lo que creo que resulta fácil de adivinar que no soy ningún racista y menos en el tema de los gitanos.
Hay que destacar que estos señores me insistieron bastante en que los acompañara, pero yo me negué en redondo a poner en peligro mi salud y la de mis convivientes, por lo que tuvieron que envainarsela y dejarme tranquilo por una temporada tan larga que llegué a pensar que todo había quedado en una anécdota absurda. Máxime cuando ese mismo día salió Matías Prats en las noticias diciendo lo mismo que yo había manifestado en el Facebook, al igual que el propio alcalde de Santoña y un número indeterminado de pringaos de esta villa, aunque en su caso refiriéndose en concreto a la palabra gitanos. Cosa que yo no había hecho.
Lo más curioso ha sido, para mí, verme involucrado en el mismo atestado que un socialista, lo que nos da idea de la inteligencia que está detrás de la denuncia. Porque acusar a un alcalde socialista de racismo es bastante difícil.
También quiero resaltar que nunca quise insistir en la irresponsabilidad manifiesta de la Guardia Civil, al pretender llevarme en ese coche en un viaje de media hora sin ninguna medida de seguridad contra el covid. Pero todo se entiende cuando corría prisa, claro, porque había un colectivo amenazado por mí al que yo quería asesinar a tiros y encerrar en campos de concentración. Y es que un caradura que no me conoce de nada así lo afirmó y esto lo justifica todo, claro.
También quiero decir que les facilité guantes y mascarillas a esos agentes, cosa que me agradecieron mucho, dado que el Ministerio del Interior o de Defensa les obligaban a trabajar en esas condiciones.
7 de julio de 2020: ningún cuerpo de Policía ni la Inspección de Trabajo de Cantabria investigan un accidente en el que pude perder la vida
Del penoso funcionamiento de la Inspección de Trabajo de Cantabria ya he hablado en muchas ocasiones, refiriéndome al problema de fondo de esta situación y que es su falta de medios y personal. Definitivamente, la seguridad de los trabajadores expuestos a accidentes laborales no están la agenda de ningún político ni mucho menos de ningún sindicato, puesto que existen temas más de moda que éstos.
Pues bien. Hace casi un año sufrí un accidente muy grave en una nave industrial de pinturas y paramentos situada entre Santander e Igollo. Y pese a ser sábado por la tarde, como autónomo que soy, me encontraba allí currando, por expresa invitación del empresario que regentaba esa nave y que me citó allí por segunda vez en el día. Y por expresa incompetencia por su parte, que nadie hasta la fecha ha investigado para nada, varios tableros de más de 150 kg cada uno se me cayeron sobre la cabeza, de tal manera que salí vivo de milagro.
Incluso el propietario de la nave se sorprendió de que hubiera sobrevivido con frases que tengo grabadas y que son del estilo:
Te he visto mal, eh, Miguel… Eres duro, ¿eh?
Pues sí, hijo de puta. Duro hay que ser para aguantar las condiciones laborales a las que estamos expuestos todos los currantes de este país y en concreto los autónomos, por culpa de subnormales como éste, que no sabe ni apilar unos tableros, y frente a los cuales no nos protege absolutamente nadie.
Y digo esto porque intenté denunciar estos hechos en la Guardia Civil, en la Policía Nacional y por supuesto en la inoperante Inspección de Trabajo de Santander, con los resultados que quiero transmitiros ahora y que son de verdad:
Policía Nacional y Guardia Civil: si no has perdido la vida ningún miembro nosotros no podemos actuar.
Inspección de Trabajo de Cantabria: si eres autónomo no podemos actuar.
Juzgado de Santander: vaya usted a un abogado y presente una denuncia formal.
Yo siempre pongo el mismo ejemplo para explicarlo que quiero deciros y que, aunque suene un poco bruto, es el siguiente:
¿Os imagináis que una mujer a la que acaban de violar recibe estas respuestas por parte de las instituciones? ¿Qué pasaría si intentan asesinar a alguien y cuando va a denunciarlo le contestan estas cosas?
¿Cabe mayor ridículo que plantearse que la Policía o Trabajo pueda ir a investigar un crimen meses después de sucedido o no ir nunca, por qué no, como ha pasado con este accidente mortal mío y que todavía sigue sin investigar?
¿Éstas son las personas que luego dicen que hay que salvar vidas y denunciar al paisano que va sin mascarilla por la calle porque es un riesgo para los demás?
¿Es que soy el único que se pasa a menudo por instalaciones industriales donde no se cumple prácticamente ninguna medida de seguridad básica?
Pero sigamos con el tercer caso, que para mí es el que cierra el círculo en estas aventuras mías con la Guardia Civil.
Febrero de 2021: la Guardia Civil me denuncia por pasear por el campo
Aunque pueda parecer una parida, el comportamiento de nuestras instituciones públicas a diario es cada vez más ridículo y estrambótico, pero ante todo totalitario.
Y quiero destacar que yo nunca he sido delincuente ni lo seré, por lo que me extraña tener que estar mirando a la Policía como una amenaza desde que empezaron todas estas medidas irrisorias, que no han conseguido salvar ni una puñetera vida, arruinar a millones de trabajadores, inclusive autónomos a los que no nos quieren considerar como tales. Y para muestra de esto último está lo que acabo de comentar de la Inspección de Trabajo, que cuando eres trabajador por cuenta ajena investiga a los X meses las cosas, pero que si eres autónomo no te investiga nada jamás.
Pues bien. A la una de la mañana de un día cualquiera de febrero de este año cuando, por diversos motivos que no vienen al caso, me encuentro por la calle y soy interceptado por una pareja de la Guardia Civil que me preguntan a dónde voy.
Por supuesto, colaboro con ellos y les muestro mi DNI, pero lo que viene a continuación es una extralimitación total en sus funciones policiales. Y es que van corriendo a llamar y chivarse a la Sanidad Pública, orwelliana institución, antes de despedirse de mí diciéndome que tendré que rendir cuentas ante la Autoridad competente por estar por la calle a esas horas.
Yo, entonces, le contesto con otra pregunta: ¿cuál es autoridad competente? ¿La del Gobierno de proetarras?
Esto dolió en el ánimo de una persona que se dedica a luchar contra el crimen, sencillamente porque es verdad que tenemos un Gobierno y una oposición de delincuentes. Y, como es natural, mi pobre Guardia se puso a la defensiva y me espetó lo siguiente:
Pero pónganse en mi lugar, caballero.
Ya me he puesto y te he dicho lo que estás haciendo: chivarte a tus jefes los políticos. Como si estuviéramos en la Unión Soviética.
Pero, entiéndame, me insistía el pobre hombre, si bien yo no estaba dispuesto a reírle la gracia. Ni aunque fuera un miembro de mi querida Guardia Civil que, por cierto, tenía honor, ya que le dolían los argumentos que le hacía.
Que yo te entiendo, le insistí yo también. Entiendo que estás obedeciendo órdenes de tus jefes los políticos, a los que nunca hay que preguntar a dónde van ni de dónde vienen, como acaba de demostrar recientemente la anécdota lamentable del mentiroso Revilla.
Pues ya sabe lo que tiene que hacer, me dijo, por despedida. Ya sabe a quién tiene que votar.
Lógicamente, se estaba refiriendo a Vox, sin poder imaginarse que yo fui uno de los pocos fundadores de esa basura en esta región. Sin ser capaz de darse cuenta de que Vox está de acuerdo en todas y cada una de las medidas de esta dictadura sanitaria absurda.
No me dé consejos, gracias, que yo lo que hago en cada momento, me despedí. ¡Y ni buenas noches ni buena guardia!
Además, ¿qué norma tan importante es ésta cuyo incumplimiento se puede explicar nada menos que con 10 supuestos imposibles de demostrar?
¿Por qué unos sí y otros no?
Y quiero acabar con una reflexión que se basa en hechos tan objetivos como los que acabo de comentar aquí.
¿Por qué no se investigan por delito de odio las constantes llamadas al racismo antioccidental o al odio antipolicial o anticristiano? ¿Por qué no se investiga al famoso patriota Leguina por decir que habría que fusilar a todos los políticos al amanecer? O al corrupto de Pujol por decir que los castellanos y andaluces somos una raza inferior. ¿Qué pasa con éstos, eh, es que tienen más derechos que el común de los mortales?
Y, sobre todo, ¿por qué no se investiga a Echenique por incitación al odio y las agresiones físicas cuando jalea a los violentos que agreden a la Policía en la calle? ¿Por qué no le interesa al señor Miguel Rodríguez, que creo que es ministro de Sanidad de esta taifa local mía, que los trabajadores suframos accidentes que luego nos llevan a sus hospitales llenos de covid? Le he escrito y llamado muchas veces y pese a hacerle constar el motivo de mi llamado, que no es otro que plantearle que es necesario establecer un protocolo de actuación en los hospitales, cuando se produce un accidente laboral… Que es necesario coordinar la Sanidad pública y privada con la Inspección de Trabajo y los cuerpos de Policía para prevenir los accidentes laborales y activar un protocolo de investigación inmediato… Pues bien. El señor director de Sanidad Pública en Cantabria no tiene tiempo para mí. Debe ser que está muy ocupado cerrando bares a lo tonto y desde luego que fracasando constantemente en su tarea de aplanar esa famosa curva.
Y no quiero terminar este artículo sin gritar bien fuerte ¡viva España! ¡Viva la Libertad! ¡Viva la Justicia de verdad, que debería ser independiente! ¡Viva la Guardia Civil!
Tribunales
¡AL FIN! el diario de Soros y del Nuevo Orden, PIERDE por primera vez: The New York Times pierde un juicio por difamación contra el grupo periodístico Project Veritas: su primer derrota legal en más de 50 años
El grupo periodístico independiente ganó el primer paso de un litigio judicial al gigante de la prensa por una causa de difamación, luego de que el NYT publicara falsedades sobre una investigación de Veritas sobre fraude electoral.
[U]n tribunal del Estado de Nueva York falló a favor del grupo periodístico independiente Project Veritas en una demanda por difamación contra el pasquín ultra-demócrata The New York Times.
El juez Charles D. Wood determinó que la demanda iniciada por Veritas puede continuar sin problemas, y rechazó una moción del diario neoyorquino para desestimar la causa, propinándole así una dura derrota al gigante de la prensa demócrata.
El magistrado explicó que el grupo comandado por el ex editor de Breitbart, James O’Keefe, presentó evidencia suficiente para demostrar que el Times puede haber actuado con “imprudencia y malicia real” cuando publicó varios artículos que difamaban con falsedades una investigación de campo que Veritas había realizado.
El hecho que dio lugar a la demanda se remonta a septiembre del pasado año, cuando el grupo de periodistas independientes publicó una investigación que explicaba el mecanismo de compra de votos que el Partido Demócrata utilizaba en la comunidad somalí del Estado de Minnesota para hacer fraude electoral.
En el reportaje, realizado en pleno año electoral, se podía observar cómo punteros políticos que respondían a la diputada demócrata de extrema izquierda y musulmana, Ilhan Omar, realizaban maniobras de fraude electoral y de compra de votos para que la actual diputada obtenga al reelección en su distrito.
Las reporteras del NYT, Maggie Astor y Tiffany Hsu, calificaron en sus artículos a la investigación como ”engañosa, falsa y sin evidencias verificables”, y hablaron de “una campaña de desinformación coordinada“ para referirse a la repercusión que el reportaje había tenido — que en su momento fue difundido por el entonces presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter.
Temiendo que esta denuncia avance y tengan que pagar millones de dólares en conciliación, el New York Times hizo un pedido formal al juez neoyorquino para desestimar la causa alegando que los dichos tanto de Astor como de Hsu eran meramente ”opiniones incapaces de ser juzgadas como verdaderas o falsas”.
El juez Wood denegó este pedido y continuó reprendiendo al Times, afirmando que el diario neoyorquino no puede librarse de sus obligaciones legales usando este argumento y que en ningún momento de la nota el diario le explica a sus lectores que el artículo es uno de opinión y no de información, algo que es una obligación para todo medio informativo que no goza de la inmunidad legal que tienen las redes sociales.
La difamación a Veritas no es un caso aislado. El New York Times consistentemente omite de manera intencional incluir una aclaración en sus artículos que no son piezas informativas sino meramente opiniones que muchas veces ni siquiera tienen evidencia.
Esta defensa no fue la única que el pasquín demócrata utilizó para desestimar el litigio, pero de todas formas también fracasó.
Otro de los pedidos fue remontarse al hecho de que “las expresiones inverosímiles o erradas no pueden ser catalogadas como difamatorias”, tratando de justificar sus notas como un “error” en vez de una difamación intencionada.
También intentaron desestimar otras palabras utilizadas en el artículo por sus propias reporteras bajo la premisa de que las mismas “no tenían una finalidad difamatoria“.
El Times también se remontó a una definición de Project Veritas extraída de Wikipedia en la cual trataban de hacer pasar al portal de O’Keefe como un ”grupo activista de ultra derecha“. Algo que no es cierto y de hecho O’Keefe se ha identificado en más de una oportunidad como un libertario, aunque sí ha admitido su admiración por el ex presidente Trump.
Desde uno de los fallos más históricos de la Corte Suprema de los Estados Unidos que garantizó la libertad de prensa, como lo fue New York Times v Sullivan en 1964, que el diario demócrata era prácticamente intocable en los tribunales neoyorquinos. El fallo representa la primer derrota legal del gigante de la prensa en más de 50 años.
Después de la decisión de la justicia, Trump se mostró en un video junto a O’Keefe felicitando a Veritas por su victoria en los tribunales y se mostró dispuesto a ayudar con su propio fondo legal el litigio que sigue.
El encargado de relaciones mediáticas de Projecto Veritas, Mario Balaban, expresó en una entrevista para Fox News que todo el grupo está muy complacido y contento por esta victoria y por haberse podido reunir con Trump.