Los independentistas catalanes se plantearon ilegalizar, en el contexto de la pretendida república, a las formaciones políticas que se posicionaran «contra la existencia de Cataluña como Estado», así como denegar la nacionalidad de esa región a los militares profesionales que no fueran catalanes de origen y a los miembros de las fuerzas españolas del orden público militar o civil.

Así lo hace constar la Guardia Civil española en un documento remitido al juzgado de Barcelona que instruye la causa contra la organización del referéndum soberanista ilegal del 1 de octubre de 2017, al que ha tenido acceso Europa Press. El informe está elaborado a partir de los trabajos de planificación de las estructuras estatales para una eventual república catalana independiente, que le fueron incautados al juez y exsenador Santiago Vidal.

Los textos intervenidos a Vidal se consideran el borrador de la Constitución de la pretendida república, y en su título II puede leerse que «se permitirá la existencia de todo tipo de participación política siempre y cuando su programa electoral no vaya contra la existencia de Cataluña como Estado ni contra esta Constitución». En el título IV, el texto establece que todos los funcionarios del nuevo Estado solo podían ostentar una «única nacionalidad», la catalana.

El «control del territorio»

Esa nacionalidad, sin embargo, sería denegada a los militares profesionales que no tuvieran origen catalán, así como a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado español, si bien se concedería la posibilidad de replantear los casos en que los oficiales renunciaran a su nacionalidad de origen».

Las disposiciones en materia de seguridad e inteligencia tienen especial importancia en la configuración de la nueva república, porque «para ser aceptado como Estado hay que ser capaz de garantizar la seguridad de las personas y el control del territorio», tal como puede leerse en los documentos intervenidos, en los que también se especifica que «los máximos mandos han de contar con absoluta lealtad al cuerpo y no tener ninguna duda, algo que hay que tener trabajado y testeado previamente».

El texto también considera la necesidad de intervenir en la esfera cultural y se refiere a la educación y a la enseñanza escolar como «vehículo de socialización política y de cohesión social» que, en sintonía con «los medios de comunicación y otros espacios públicos compartidos», fomente «la vivencia de los símbolos nacionales» y «la lealtad y el sentimiento de pertenencia al nuevo Estado».

Vidal fue suspendido de sus funciones como juez el 26 de febrero de 2015 por un plazo de tres años, precisamente por su participación en la redacción de este borrador. Una vez cumplido el periodo de suspensión, ha iniciado los trámites para reincorporarse a la judicatura.