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Consideran que no ha nacido del consenso, que su aprobación exprés tampoco favorece el alcanzar un acuerdo amplio y denuncian que limite la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos reconocida por la Constitución Española.
Para la principal patronal del sector Escuelas Católicas, que representa a cerca de 2.000 centros educativos en España con más de 1,2 millones de alumnos y 103.000 trabajadores, es grave que el Ejecutivo considere en su nueva Ley la educación concertada como subsidiaria de la pública en lugar de complementaria como hicieron las otras leyes educativas justamente para garantiza la libertad de las familias a elegir el tipo de centro con independencia de su situación económica.
Por ello aseguran es preocupante que la Ley Celáa suprima el criterio de la demanda social en la programación de los puestos escolares. También critican la inclusión de un representante municipal en los Consejos Escolares de los centros concertados que tildan de “comisariado político”.
Apoyarán, aseguran, toda medida académica para reforzar la autonomía de los centros y el aumento de oportunidades del alumnado pero no las que supongan una rebaja de la calidad y la exigencia como la excepcionalidad de las repeteciones que establece la LOMLOE; la posibilidad de cursar el Bachillerato en 3 años; la eliminación de las pruebas de final de etapa o la obtención del título de Bachillerato con una asignatura suspensa.
También lamentan que se degrade el estatus de la clase de Religión a pesar de que 7 de cada 10 familias eligen esta asignatura, de los establecido en los acuerdos Iglesia-Estado, y de su contribución al desarrollo integral de la persona, objetivo último de la educación.
Para el Foro de la Familia se trata según su presidente, Ignacio García-Juliá, de dos modelos enfrentados “la enseñanza libre frente la enseñanza dirigida” que propugna el Gobierno de Pedro Sánchez.
Y de nuevo sin consenso
También critican que la Ley Celáa creada como una reacción por la falta de consenso en torno a la LOMCE nazca, a su vez, sin un acuerdo necesario para garantizar la estabilidad del sistema educativo.
Lo mismo opinan desde el sindicato de profesores mayoritario en la concertada, FSIE, que auguran que la Ley “no va a tener el amplio y necesario consenso político y social que necesita la Educación en España”.
Consideran un flaco favor el continuo cuestionamiento de la educación concertada y piden una financiación pública acorde con el coste real y la gratuidad del bachillerato y de la futura escuela de 0 a 3 años también en este modelo.
Recuerdan en el sector de la concertada que actualmente el Estado paga 6.000 euros anuales por cada niño escolarizado en la escuela pública frente a los 3.000 por año que desembolsa por una plaza en la concertada.
Tampoco ven que sea urgente tramitar de forma exprés la Ley pues las medidas más controvertidas de la LOMCE nunca se llegaron a aplicar y esperan que en el trámite parlamentario impere la sensatez y la búsqueda de un consenso amplio y real.
Consideran que hay una amplia base para mejorar la educación en España y están dispuestos a colaborar en este objetivo de modernización. Para ello consideran básico la búsqueda de acuerdos, el fomento de la calidad y de la equidad y la defensa de la libertad de enseñanza.
Es una clara línea roja a la que no van a renunciar y que si es preciso les llevará a la calle. Y es que según señala a COPE García Juliá del Foro de la Familia “los padres deben poner pie en pared y conviene que nos movilicemos y lleguemos a donde tengamos que llegar ante una ley que es completamente perniciosa.
Hay otras críticas al nuevo proyecto de Ley, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que apoyan la LOMLOE, consideran insuficiente el gasto en educación previsto en la Ley hasta alcanzar el 5 por ciento del Producto Interior Bruto de forma progresiva. Y CSIF pide la contratación de 26.600 docentes y una inversión de 7.000 millones de euros en Educación mientras en USO reclaman una rebaja de la carga lectiva del profesorado.
Justamente la reforma más importante la del profesorado, piedra angular del sistema, no llegará junto a la modificación en el sistema de becas, hasta un año después de la aprobación de la LOMLOE que el Ejecutivo espera sea aprobada en el Congreso antes del próximo verano tras una tramitación parlamentaria que se iniciará en las próximas semanas.
