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Tribunales

La Fiscalía investigará los incidentes que Ciudadanos denunció durante la marcha del Orgullo

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La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, junto a la Responsable del Área Mujer y LGTBI, Patricia Reyes (d), y el secretario general del Grupo Parlamentario del partido en el Congreso, Miguel Gutiérrez (i), tras haber presentado una denuncia por las presuntas vejaciones y agresiones sufridas por miembros del partido durante la manifestación del Orgullo 2019
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La Fiscalía Provincial de Madrid ha iniciado diligencias a raíz de la denuncia presentada por Ciudadanos por los incidentes ocurridos durante la celebración del Orgullo Gay el pasado 6 de julio. Tras el escrache y acoso que varios miembros de la formación sufrieron los representantes del partido tuvieron que ser escoltados fuera de la marcha por parte de policías vestidos de paisano.

Ciudadanos presentó el pasado 10 de julio su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que la remitió a la Fiscalía de Madrid por ser el órgano competente de los hechos registrados en la capital. En dicha denuncia, la formación de Albert Rivera defendió haber sido objeto de «agresiones, insultos y vejaciones» durante la marcha por los derechos del colectivo LGTBI.

Líderes del partido aseguraron que ese acoso que sufrieron por parte de algunos participantes de la marcha fue «una clara maniobra organizada».

La entonces portavoz de la Ejecutiva de Cs y portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, afirmó que «fue una situación absolutamente intolerable que no cabe en democracia», y puso mucho énfasis en que se hizo en un día en el que se reivindican «la tolerancia, el respeto y la libertad».

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«Un grupo de radicales intolerantes se dedicaron a intentar expulsar del Orgullo a personas por sus ideas. Los militantes LGTBI de Ciudadanos no pudieron manifestarse el día del Orgullo y eso es una vergüenza», insistió Arrimadas.

Ciudadanos solicitó también la dimisión del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, al considerar que alentó los abucheos e increpaciones que sufrieron durante la marcha.

En opinión del partido, Marlaska actuó de forma incendiaria al afirmar que era ilusiorio pensar que no tendría consecuencias «pactar con quien de una forma descarada, incluso obscena, trata de limitar los derechos humanos», criticando los acuerdos alcanzados con Vox en el Ayuntamiento de Madrid.

La denuncia de 37 páginas de Ciudadanos incluye numerosas fotografías de varios momentos de la manifestación, e incluso «pantallazos» de comentarios de usuarios de redes sociales y enlaces a noticias de todo tipo de medios de comunicación que cubrieron el hecho.

Entre las diligencias a practicar que proponía Ciudadanos están la «averiguación de la identidad del autor o autores» de los hechos, la declaración de los dirigentes del partido que estuvieron en la manifestación –Inés Arrimadas, Ignacio Aguado, Patricia Reyes, Miguel Gutiérrez, Marcos de Quinto y Melisa Rodríguez– y la identificación y citación como investigados de los propietarios de los perfiles de redes sociales donde se llevaron a cabo las «proclamas de odio».

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Informes policiales

Tras lo ocurrido, la Jefatura Superior de Policía de Madrid emitió un primer informe donde se cuestionaba la actuación de Ciudadanos en la manifestación al concluir que «maniobró para catalizar la acción mediática y publicitaria». También sostenía que «no hay constancia de que se produjeran agresiones físicas» y acusaba a los representantes del partido de «no seguir en ningún momento las instrucciones policiales».

A los dos días de los incidentes, la vicealcaldesa de Madrid y dirigente de Ciudadanos, Begoña Villacís, acusó a la Policía Nacional de «tardar mucho en llegar» y actuar «de forma muy ineficiente cuando podía haber pasado cualquier cosa» durante la manifestación del Orgullo.

Ese mismo día, fuentes policiales apuntaron que la Policía Nacional desplegó 20 agentes de paisano en la comitiva de Ciudadanos durante la manifestación estatal del Orgullo para garantizar su seguridad y que se planteó en tres ocasiones su evacuación ante los ataques e insultos que estaban sufriendo.

«El dispositivo fue totalmente adecuado a las circunstancias y la Policía Nacional estuvo garantizando su seguridad en todo momento y sin retraso. Además, había furgonetas de la Unidad de Intervención Policial por si los incidentes iban a mayores».

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Tras el primer informe, la Jefatura redactó otro «ampliado» que validaba el relato de los incidentes tras la participación de los dirigentes de Ciudadanos en la manifestación.

Este «informe ampliado» incluye «bastante información, sin modificar en lo sustancial» lo expuesto en el primer documento, con fecha de 8 de julio, y que fue criticado por Ciudadanos y algunos sindicatos policiales por su tono valorativo, poniendo en duda su autenticidad por la falta de firma y sello oficial o por los errores en los logotipos del Ministerio del Interior y de la Policía.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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