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La cajera de supermercado devenida ministra de Igualdad decide penar con hasta 15 años de cárcel las relaciones sexuales que la mujer considere no consentidas

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La nueva ley de libertad sexual y contra las violencias sexuales, que acaba con la distinción entre abuso y agresión sexual, castigará las violaciones con penas de 4 a 10 años, que podrán llegar hasta los 12 años con una agravante y hasta los 15 con dos agravantes.

Así se recoge en el anteproyecto de ley integral que la ministra de Igualdad, Irene Montero, lleva este martes al Consejo de Ministros, y que ha provocado los primeros roces en el Gobierno, que cree que la reforma podría llegar al Congreso en marzo y quedar aprobada antes del verano.

La adaptación del Código Penal al Convenio de Estambul para que el consentimiento sea la clave para determinar una violación y no dependa de la intimidación y la violencia, una reforma conocida como ‘sí es sí’, es el aspecto más conocido de la ley, pero esta legislación aspira a ser integral e incluye no sólo más cambios punitivos, sino un enfoque amplio contra la violencia sexual.

Ahora, toda penetración sin consentimiento será considerada una violación y este delito podrá ser penado con entre 7 y 12 años si hay un agravante. Si se le suman dos, podría ser castigado con penas entre 9 y 15 años de prisión, han informado a Efe fuentes de Igualdad.

En la modificación del Código Penal relativa a los delitos sexuales se introducirá además la agravante de que la agresión sexual haya sido precedida o acompañada de violencia y grave daño y también se matiza la agravante de parentesco para dejar claro que se debe incrementar la pena en caso de que la víctima sea la esposa o expareja del agresor.

Acaba con la distinción entre abuso y agresión sexual

En concreto la ley tiene como objeto la protección integral del derecho de libertad sexual de todas las personas mediante la prevención y la erradicación de todas las violencias sexuales que afectan a las mujeres de manera desproporcionada, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de género.

Con la nueva norma será castigado con pena de prisión como culpable de agresión sexual el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunsatancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto.

También se considerará agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima, o actuando de manera sorpresiva, así como los que se ejecuten sobre las personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusara y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada su voluntad por cualquier causa.

Crea un delito de acoso “callejero” ocasional

El anteproyecto de ley orgánica también incluirá en el Código Penal el delito de “acoso ocasional”, que considerará como un delito leve aquellas “expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas” que pongan a la víctima en una situación “objetivamente humillante, hostil o intimidatoria”.

Este delito conllevará penas de localización permanente, trabajos comunitarios o multas para los agresores, y castigará así el conocido como acoso “callejero”, situaciones que no tienen por qué darse en vía pública: pueden ocurrir en bares, fiestas privadas, conciertos, establecimientos.

El Ministerio de Igualdad ha explicado que hasta ahora solo estaban penadas estas situaciones en el ámbito de la violencia doméstica, es decir, entre familiares, pareja o expareja.

Fecha simbólica coincidiendo con el 8M

La premura con la que Igualdad quería aprobar este proyecto, en la semana del 8-M para dotarlo de un mayor simbolismo, ha chocado con las reticencias de los ministros del PSOE que veían la necesidad de pulir algunos detalles del texto que afectaban a los juzgados especializados, para garantizar que no invadía competencias de las comunidades autónomas y que tenía en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Hasta última hora del lunes no se cerró el texto que aborda el Consejo de Ministros, y que ha contado con la contribución de otros departamentos del Gobierno. Fuentes del Ministerio de Justicia reconocían a Efe que expertos y penalistas estaban realizando las últimas aportaciones para “mejorar” el proyecto, en lo que califican como “un procedimiento habitual” para “lograr el mejor texto posible”.

El anteproyecto podría sufrir cambios

Finalmente, superadas las discrepancias aparentemente, el texto conlleva una modificación del Código Penal con la creación de nuevos delitos y, sobre todo, acaba con la distinción entre abuso y violación al convertir en el eje central del proyecto la figura del consentimiento, como reclama el Convenio de Estambul, para que quede claro que “solo sí es sí”. Una llamada que ya se ha convertido en el nombre por el que es conocida la ley.

El anteproyecto debe pasar aún por la fase de informes y después tramitarse en el Congreso, donde también podría sufrir cambios, pero ya se conoce que modifica el artículo 178 del Código Penal para establecer que será “castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años como reo de agresión sexual el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento”.

Y precisa en el mismo artículo que “se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad de participar en el acto”.

Asimismo, define como actos de agresión sexual aquellos que “se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima, o actuando de manera sorpresiva”.

Adaptación del Código Penal al Convenio de Estambul

También los que “se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada su voluntad por cualquier causa”.

Los castigos de uno a cuatro años para estos delitos corresponden al tipo penal básico para los delitos de carácter sexual, han indicado a Efe fuentes de Igualdad, y habrá tipos concretos que serán penados de manera diferente, entre ellos, la violación, y también agravantes que incrementarán esas cuantías.

La adaptación del Código Penal al Convenio de Estambul para que el consentimiento sea la clave para determinar una violación y no dependa de la intimidación y la violencia es el aspecto más conocido de la ley, pero esta legislación aspira a ser integral e incluye un enfoque amplio contra la violencia sexual.

Derecho a decidir

El objetivo es, en palabras de Irene Montero, “ampliar el foco” con un “marco normativo integral que reconozca como formas de violencias machistas todas las conductas que impliquen la vulneración en cualquier forma del derecho a decidir acerca de la vida sexual”.

Agresiones sexuales, acoso sexual, acecho, extorsión y engaño pederasta, también cuando se lleven a cabo mediante tecnologías de la información y la comunicación, o infección intencionada de enfermedades de transmisión sexual son algunas de ellas.

La ley también conllevará la creación de una red de servicios de información y asistencia integral especializada, con “centros de crisis” que atiendan a las víctimas de delitos sexuales las 24 horas del día. Según la ministra de Igualdad, la sensibilización y la prevención serán pilares básicos de su funcionamiento.

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España

“Macaloca”, los tacones de colores y la caída al Abismo de la Locura de quien fuera una brillante oradora

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Macarena Olona registra el partido Caminando Juntos y se presentará a las elecciones generales del 23 de julio

Macarena Olona se presentará a las elecciones generales bajo la marca ‘Caminando Juntos’, un partido nuevo que ha registrado este miércoles en el Ministerio del Interior.

La exdiputada de Vox Macarena Olona acudió este miércoles al Registro de Partidos Políticos tras lo que difundió dos imágenes en sus redes sociales. En una de ellas sujeta un ‘recibo de presentación en oficina’ de registro y otra del logo de su partido, dos zapatos de tacón, uno de color rojo y otro de color azul, junto al lema ‘Caminando con el pie izquierdo y con el derecho’

Olona, que rompió con la dirección de Vox el pasado verano, descartaba en todo momento presentarse a las elecciones municipales y autonómicas con una nueva marca, pero mantuvo siempre en el aire su participación de cara a las generales. La precipitación del adelanto electoral ha acelerado los plazos de registro y la abogada del Estado ha hecho público este miércoles que decide dar el paso.

“Tengo muy claro que estoy para servir a los españoles y que estaré donde ellos quieran”, confesaba Olona el pasado noviembre en una entrevista concedida a El Mundo en la que detallaba que no daba el paso de momento para no “fragmentar aún más” el escenario político en nuestro país. “Por eso no he aceptado la financiación para formar un partido ahora mismo. Y lo hago teniendo voces muy autorizadas. ¿Qué opinaban? Lo contrario, pero yo tengo la íntima convicción de que ahora mismo no es tiempo de fragmentar el voto”, explicaba.

Ahora, sin embargo, Olona considera que es el momento de dar vida a su plan político. La noticia llega apenas 24 horas después de que Ciudadanos renunciara definitivamente a concurrir a la cita del 23-J y en pleno proceso de negociación urgente en la izquierda alternativa por ensamblar el máximo de fuerzas posibles en Sumar, la plataforma de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

No obstante, el desembarco de un nuevo partido de la mano de Olona repercute especialmente en el flanco derecho del tablero político. Especialmente a la formación en la que triunfó Olona hasta hace menos de un año, Vox, que es una de las grandes vencedoras de las elecciones regionales y locales del 28-M y tiene en su mano la gobernabilidad de la derecha hasta en seis autonomías y diversas importantes ciudades.

Apenas han trascendido datos o detalles de Caminando Juntos. La propia Olona ha compartido lo que parece el emblema de la formación: dos zapatos de tacón, el izquierdo rojo y el derecho azul, en posición de caminar, en movimiento. “Caminando con el pie izquierdo y con el derecho”, se puede leer como lema. Se trata de una de las frases más repetidas por la propia Olona en los últimos meses.

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TENEMOS IMÁGENES. ENORME ÉXITO CENSURADO de la convocatoria de Alvise Pérez y Daniel Esteve (Desokupa) en Barcelona

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La convocatoria de manifestación realizada online por el  analista Alvise Pérez y el  empresario y director de la empresa DESOKUPA, Daniel Esteve, ha supuesto un éxito de asistencia, pese a  la tremenda censura, de nivel soviético, a la que TODOS los medios, sin EXCEPCIÓN  han sometido a Alvise, a la convocatoria y, en general, a todas las noticias que nos dan y que ellos, días después de aparecer en el canal de TELEGRAM de ALVISE PÉREZ, se atribuyen sin citar al investigador.

Les ofrecemos las imágenes que el propio  Alvise ha subido a Internet, y juzguen ustedes  mismos.

 

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España

HISTÓRICO. Pese a todos los DELITOS DEL GOBIERNO, el Supremo ABSUELVE a un ciudadano que se negó a volver a su casa durante el estado de alarma -ILEGAL- y fue DETENIDO

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El Tribunal Supremo ha absuelto a un ciudadano lucense de una condena a seis meses de prisión por hacer caso omiso a las restricciones impuestas de manera arbitraria durante la crisis sanitaria del coronavirus. El Tribunal Constitucional, a raiz del recurso que VOX interpuso, reconoció que los dos estados de alarma fueron inconstitucionales al llevarse a cabo por decreto y no bajo un estado de excepción.

Entre los pocos ciudadanos que desobedecieron al Ejecutivo y la presión mediática, un vecino de Lugo que el 17 de abril de 2020 salió a la calle como en otras ocasiones y fue detenido por la Policía Nacional al negarse a volver a su domicilio. Casi tres años después, a la luz de la sentencia del TC, este lucense ha demostrado su derecho a transitar libremente por la vía pública, lo que también le ha permitido ver revertidas las sanciones que le habían sido impuestas. El resultado: el Tribunal Supremo, aun reconociendo que el vecino gallego conocía perfectamente las restricciones vigentes, admite que no cometió irregularidad alguna.

Estado de alarma inconstitucional

El motivo de la decisión del alto tribunal es la nulidad de los dos estados de alarma, que señala la violación sistemática de derechos fundamentales provocada por el Real Decreto, sin fundamento bajo la figura elegida. Para tal fin, debía haberse proclamado el estado de excepción —algo que no se hizo—, lo que hubiera significado un control absoluto al Ejecutivo por el Parlamento. Se utilizó la alarma para limitar derechos sin reconocerlo de manera oficial, sin discusión previa parlamentaria, sin autorización de los representantes políticos y con menos condicionantes.

El 14 de marzo de 2020 el Consejo de Ministros dictaba el Real Decreto 463/2020 por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se basó en el mecanismo previsto en el artículo 116 de la Constitución para imponer la limitación de libertades básicas durante 15 días. Ese periodo, como es conocido, se prorrogó en repetidas ocasiones.

En la práctica, mientras durase el estado de alarma, la circulación debía realizarse de manera individual, siempre con un pretexto laboral, comercial o sanitario. La imposición gubernamental fue acatada de manera irreflexiva por la mayoría de la población, llegando algunos ciudadanos a señalar y denunciar a sus vecinos, cuando no se comportaban según las órdenes cambiantes del Gobierno.

La pericia y picaresca del ciudadano estaba servida. Alquiler de perros a vecinos, compras mínimas para salir una y otra vez… todo con tal de no apoyar unas medidas que se han declarado inconstitucionales sin efecto legal alguno para los ejecutores y que, ahora, puede que también para todos aquellos que fueron condenados a pena de cárcel. No ocurre lo mismo, en cambio, con las penas económicas.

La memoria es frágil y cuesta recordar todas y cada una de las afrentas cometidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez durante los inconstitucionales estados de alarma. Seguramente no se lleguen a conocer nunca. Sin embargo, gracias a la sentencia del Tribunal Supremo, ha quedado claro que todos los ciudadanos condenados a penas de cárcel podrán recurrir sus castigos y quedar sin antecedentes.

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Partido Popular, o la traición Ad Nauseam y Más Allá: El PP ficha a un exconcejal de Bildu que amenazó de muerte al alcalde de Güeñes

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Los populares han anunciado en las provincias vascas una campaña que tiene por objetivo cortar el paso a VOX en la región y atraer al votante del PNV.

Amenazas de muerte por no podar los árboles cercanos a su casa. Esa es la carta de presentación del fichaje del Partido Popular para las próximas elecciones municipales en la localidad vizcaína de Güeñes, que ocupa el número tres en las listas para el ayuntamiento.

Esas amenazas no es lo único escandaloso en el currículum político de José Manuel Gómez Ruiz, lo más llamativo es que esta persona hasta hace muy poco era concejal de EH Bildu en la localidad Güeñes.

Este fichaje choca con las últimas declaraciones de diferentes dirigentes populares que afean al Gobierno sus pactos con los herederos de ETA, pero cuadra a la perfección con la trayectoria que ha mantenido el PP desde la llegada a la Moncloa de Mariano Rajoy en 2011. Antes de ese año, la dureza de los populares contra la legalización de Bildu era máxima, pero durante todos los años que se mantuvieron en el poder las acciones y declaraciones dieron un giro de 180 grados con el brazo político de los asesinos.

Una de las muestras más evidentes de ese giro fue la votación que tuvo lugar en febrero de 2012 que fue llevada al Congreso por UPyD, el partido de Rosa Díez se quedó sólo en la Cámara defendiendo la expulsión de Bildu de las instituciones porque el resto de los partidos políticos decidió votar en contra con el PP a la cabeza, que por aquel entonces tenía una enorme mayoría absoluta.

Otro ejemplo llamativo de la tolerancia de los populares con el brazo político de ETA fueron las declaraciones que realizó en 2013 el actual portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, en las que afirmó que: «el futuro en Euskadi se tiene que construir también con Bildu».

Tras la salida del Partido Popular del gobierno de España la retórica hacia Bildu recuperó la dureza anterior que se mantiene hasta nuestros días con Feijóo denunciado la presencia de terroristas en las listas de la formación abertzale para las elecciones del 28-M.

Con esa dureza de palabra pretenden cortar el paso a VOX en las provincias vascas, pero fichajes como el del exconcejal de Bildu en Güeñes no concuerdan y eso se nota en las últimas encuestas aparecidas en las que VOX podría irrumpir hasta con dos representantes en las Juntas Generales de Álava y con un concejal en los ayuntamientos de Vitoria y Bilbao.

Una de las pruebas de fuego para el PP será si apoyan o no la iniciativa presentada el pasado viernes por VOX en el Congreso en la que piden ilegalizar a Bildu utilizando la Ley de Partidos. Durante esta legislatura la formación azul no ha apoyado ninguna de las iniciativas del partido de Abascal para sacar a los partidos separatistas del circuito democrático.

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