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España

Intento de asalto al Parlament tras instar Torra a los CDR a “apretar”

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Cientos de independentistas intentan asaltar el cordón de seguridad del Parlament que defendían los Mossos
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Otoño caliente para recordar el otoño negro catalán de 2017. El independentismo conmemoró este lunes el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre con una nueva jornada de movilización callejera protagonizada en buena forma por los Comités de Defensa de la República (CDR) y el independentismo más violento, cuyas acciones -intento de asalto al Parlamento catalán anoche, enfrentamientos con los Mossos, cortes de carreteras, ocupación de las vías el AVE, fallido intento de paralizar la actividad económica…-, un año después del hito del 1 de octubre reflejan la impotencia de un movimiento secesionista que se sabe fracasado.

Por la tarde, una nutrida manifestación convocada por la ANC recorrió las calles de Barcelona para recordar lo sucedido hace un año y denunciar la intervención policial de entonces, ahora mismo, junto a la petición de libertad de los políticos presos, el único nexo común de un independentismo dividido, fracturado en su estrategia y que después de años proclamando ser la «revolución de las sonrisas» se descubre bronco y hasta violento. Al acabar la marcha, y después de que por la mañana el presidente Quim Torra animase a los CDR a «seguir apretando», frente al Parlamento catalán se produjeron escenas de violencia cuando varios centenares de manifestantes desbordaron el cordón policial y se enfrentaron a los Mossos, a los que lanzaron las vallas del perímetro mientras exigían la dimisión de Torra y del consejero del Interior, Miquel Buch.

«Se acabó la paciencia»

«Se nos ha acabado la paciencia, se acabaron las sonrisas, desobediencia o dimisión», gritaban los manifestantes a la vez que arremetían contra el PDECat y ERC. Torra y el presidente del Parlament, Roger Torrent, fueron abucheados a la vez que decenas de encapuchados se arremolinaban frente a la puerta del palacio del Parlament, donde los Mossos acabaron recluyéndose ante el acoso e intento de asalto de los violentos. Únicamente el gran portón de madera impidió el paso de una turba que acabó siendo dispersada por un fuerte contingente de los Mossos, tanto de la Brigada Móvil como de agentes que habitualmente trabajan en el Parlamento catalán, y que fueron pertrechados con elementos de defensa que se guardan en el interior del palacio.

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De forma simultánea, también se produjeron graves incidentes y fuertes cargas en Vía Layetana, en el centro de Barcelona, donde varios miles de manifestantes desgagajados de la marcha principal se habían concentrado frente a la Prefectura del Cuerpo Nacional de Policía. Entrada la madrugada ya se había restablecido el orden en el centro de Barcelona.

Los graves incidentes de este lunes -una reformulación del asedio al Parlament de 2011- son el reflejo de la deriva secesionista, a la que Torra responde plegándose a los radicales. Si el sábado los Mossos sacaban brillo a sus porras para contener la contramanifestación de la CUP -ante el enojo del independentismo más radical- ayer se refería a los CDR como sus «amigos». De forma simultánea a que esos mismos CDR mantenían cortada la línea del AVE en Gerona, o bloqueaban el macropolígono industrial del Vallés, Torra les animaba ayer a seguir con sus acciones. «Amigos de los CDR: apretáis y hacéis bien en apretar», explicó Torra desde Sant Julià de Ramis (Gerona), el pueblo donde el expresidente Carles Puigdemont debía votar el pasado 1 de octubre, y donde ayer su sucesor reunió de forma extraordinaria a su gobierno. El expresidente aludió anoche a los violentos asegurando que «si van encapuchados no son 1-O».

En precario equilibrio entre un Govern que actúa en modo autonomista pero gallea en modo republicano, y un independentismo que le exige liberar a los presos y cerrar la vía autonomista, Torra ayer se puso del lado de estos últimos. Primero en Sant Julià, y luego ya en Barcelona jaleado y exigido por un grupo de estudiantes, Torra les prometió que «el Govern estará, tened confianza», sin especificar en qué se concretará ese «estar». Lo explicó después de que representantes de los CDR volvieran a dejar claro a la Generalitat cuál es su posición»: «El pueblo manda, el gobierno obedece».

Lo que manda el pueblo -una parte del mismo, se entiende-, es cumplir con el «mandato del 1-0», algo que la Generalitat, es obvio, no está en condiciones de llevar a cabo. En este contexto, la premisa del Govern parece ser la de seguir ganando tiempo y prepararse para la «ventana de oportunidad» que a su criterio podría abrirse con el juicio a los líderes independentistas y la respuesta social que se produzca entonces. Patada a seguir. «Apelo a las consciencias colectivas de los catalanes para saber si aceptaremos o no las sentencias, por saber si volveremos a determinarnos». Épica de saldo para animar a los catalanes a «afrontar estas semanas sin miedo». «O libertad o libertad», concluyó con una frase que al independentismo más hiperventilado, empezando por los CDR, les suena casi a tomadura de pelo, como se acabó viendo anoche con los incidentes frente al Parlament.

La jornada de ayer fue el mejor resumen de esta dicotomía que afronta el independentismo: por la mañana y a última hora, un nuevo paso hacia la «borrokizacion» de la movilización callejera; por la tarde, una manifestación en Barcelona que, aunque no tan masiva como las de la Diada -180.000 personas según la Guardia Urbana-, volvió a llenar el centro de la ciudad. El escenario es preocupante, tanto por la capacidad de los activistas para, al grito de «ni olvido ni perdón» amagar con poner patas arriba el país -dos centenares bastaron para cerrar la AP-7 en Tarragona, y otros tantos hicieron lo mismo con el AVE en Gerona- como por el apoyo que, al menos de palabra, se les ha dado desde la administración autonómica.

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Preocupación en los Mossos

La preocupación es amplia, al sentirse utilizados políticamente y por no notar suficiente apoyo por parte de la Generalitat, tal y como denuncian los sindicatos policiales. El apoyo a los CDR o el anuncio por ejemplo de que el Govern investigará las cargas de la manifestación del sábado ha encendido los ánimos en un cuerpo que ayer, por otra parte, daba cuenta de la detención del agresor de uno de los participantes de la marcha del sindicato policial Jusapol.

Por contra, horas antes de los disturbios, el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, insistió en la política de apaciguamiento y dijo conferir una «importancia relativa» a las declaraciones de Torra en apoyo a los CDR. Según insistió, la jornada estaba transcurriendo de modo «asumible» y al Gobierno le «importan las acciones más allá de los discursos».

El apoyo de Quim Torra a los CDR fue denunciado por los grupos de la oposición. Cs y PP firmaron ayer una petición conjunta de comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que dé explicaciones por el «deterioro general de la política española» y las «amenazas independentistas».

En este sentido, el líder del PP, Pablo Casado aseguró en Twitter tras los incidentes que «me duele Cataluña y ver a los totalitarios independentistas tomar las calles y el Parlament. ¿Cómo es posible que el Gobierno no haga nada? Exigimos aplicar ya el artículo 155 y la ley de Partidos para restablecer el orden y destituir a Torra. O que convoquen elecciones generales ya”. También el presidente de Cs, Albert Rivera, reaccionó y se preguntó en un mensaje en la misma red social «¿se puede saber dónde anda Pedro Sánchez ante el caos y la violencia sembrada por los separatistas en Cataluña», indicó, para añadir que «hoy se ha humillado a la democracia española».

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Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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