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Economía

INFORME COMPLETO: El socialismo ES IMPOSIBLE

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En el siglo XIX, los críticos del socialismo solían sostener dos argumentos contra el establecimiento de una sociedad colectivista. En primer lugar, advertían que, bajo un régimen de socialismo integral, el ciudadano común se enfrentaría a la peor de las tiranías imaginables. En un mundo en el que todos los medios de producción estuvieran concentrados en manos del gobierno, el individuo dependería total e ineludiblemente de la autoridad política para su propia existencia.

El Estado socialista sería el único proveedor monopólico de empleo y de todos los elementos esenciales de la vida. La disidencia o la desobediencia a un Estado tan todopoderoso podría significar la indigencia material para el crítico de la autoridad política. Además, ese mismo control centralizado significaría el fin de toda actividad intelectual y cultural independiente. Lo que se imprimiera y publicara, las formas de arte y de investigación científica que se permitieran, quedarían completamente a la discreción de quienes tuvieran el poder de determinar la asignación de los recursos de la sociedad. La mente y el bienestar material del hombre estarían esclavizados al control y al capricho de los planificadores centrales del Estado socialista.

Del mismo modo, bajo el socialismo el hombre ya no vería ningún beneficio directo de un mayor esfuerzo, ya que lo que se le repartiría como su «parte justa» por el Estado no estaría relacionado con su esfuerzo, a diferencia de las recompensas en una economía de mercado. La pereza y la falta de interés envolverían al «nuevo hombre» en la sociedad socialista que se avecina. La productividad, la innovación y la creatividad se reducirían drásticamente en la futura utopía colectivista.

Las experiencias del siglo XX con el socialismo, comenzando con la revolución comunista en Rusia en 1917, dieron la razón a estos críticos. La libertad personal y prácticamente todas las libertades civiles tradicionales fueron aplastadas bajo el poder centralizado del Estado Total. Además, la ética del trabajo del hombre bajo el socialismo quedó plasmada en una frase que se hizo notoriamente común en toda la Unión Soviética: «Ellos fingen que nos pagan y nosotros fingimos que trabajamos».

Los defensores del socialismo respondieron argumentando que la Rusia de Lenin y Stalin, la Alemania nacionalsocialista de Hitler y la China de Mao no eran el «verdadero» socialismo. Una verdadera sociedad socialista significaría más libertad, no menos, por lo que era injusto juzgar el socialismo por estos experimentos supuestamente retorcidos para crear un paraíso de los trabajadores. Además, bajo un verdadero socialismo, la naturaleza humana cambiaría, y los hombres ya no estarían motivados por el interés propio, sino por el deseo de promover desinteresadamente el bien común.

En las décadas de 1920, 1930 y 1940, los economistas austriacos, sobre todo Ludwig von Mises y Friedrich A. Hayek, propusieron un argumento singularmente diferente contra la sociedad socialista. Ellos, Mises en particular, aceptaban en aras del argumento que la sociedad socialista estaría dirigida por hombres que no deseaban abusar de su poder y aplastar o abrogar la libertad, y además, que en el socialismo prevalecerían los mismos motivos para trabajar que en la propiedad privada en la economía de mercado.

Incluso con estos supuestos, Mises y Hayek demostraron de forma devastadora que la planificación central socialista integral crearía un caos económico. Hasta bien entrado el siglo XX, el socialismo siempre había significado la abolición de la propiedad privada en los medios de producción, el fin de la competencia de mercado por parte de los empresarios privados por la tierra, el capital y la mano de obra y, por tanto, la eliminación de los precios generados por el mercado para los productos acabados y los factores de producción, incluidos los salarios de la mano de obra.

Sin embargo, sin este sistema de precios de mercado generado por la competencia, Mises argumentó que no habría ningún método de cálculo económico racional para determinar los métodos de producción de menor costo o la rentabilidad relativa de la producción de bienes y servicios alternativos para satisfacer mejor los deseos del público consumidor. Puede ser posible determinar la forma tecnológicamente más eficiente de producir algún bien, pero esto no nos dice si ese método concreto de producción es el más eficiente económicamente.

Mises explicó esto de muchas maneras diferentes, pero podemos imaginar un plan para construir un ferrocarril a través de una montaña. ¿Debe construirse el revestimiento del túnel ferroviario con platino (un material muy duradero) o con hormigón armado? La respuesta a esta pregunta depende del valor de ambos materiales en sus usos alternativos. Y esto sólo puede determinarse conociendo lo que la gente estaría dispuesta a pagar por estos recursos en el mercado, dada la demanda y los usos que compiten entre sí.

 

En el mercado libre, los empresarios privados expresan su demanda a través de los precios que están dispuestos a pagar por la tierra, el capital, los recursos y el trabajo. Las ofertas de los empresarios se guían por su previsión de la demanda y los precios que los consumidores pueden estar dispuestos a pagar por los bienes y servicios que pueden producirse con esos factores de producción. Los precios de mercado resultantes recogen las estimaciones de millones de consumidores y productores sobre el valor y los costos de oportunidad de los bienes acabados y los escasos recursos, capital y mano de obra de la sociedad.

Pero bajo la planificación central socialista integral, no habría ningún mecanismo institucional para descubrir estos valores y costos de oportunidad. Con la abolición de la propiedad privada en los medios de producción, no se podrían comprar ni contratar recursos. No habría pujas y ofertas que expresaran lo que los miembros de la sociedad pensaban que valían los recursos en sus empleos alternativos. Y sin pujas y ofertas, no habría intercambios, de los que surge la estructura de mercado de los precios relativos. Por lo tanto, la planificación socialista significaba el fin de toda racionalidad económica, decía Mises, si por racionalidad entendemos un uso económicamente eficiente de los medios de producción para producir los bienes y servicios deseados por los miembros de la sociedad.

Dado que nada permanece quieto -que la demanda de los consumidores, la oferta de recursos y mano de obra y los conocimientos tecnológicos cambian continuamente-, una economía socialista planificada se quedaría sin el timón del cálculo económico para determinar si lo que se producía y cómo era más rentable y provechoso.

Ni Mises ni Hayek negaron nunca que una sociedad socialista pudiera existir o incluso sobrevivir durante un periodo prolongado de tiempo. De hecho, Mises enfatizó que en un mundo que fuera sólo parcialmente socialista, los planificadores centrales tendrían un sistema de precios en el que basarse por aproximación, es decir, copiando los precios de mercado en los países en los que aún prevaleciera el capitalismo competitivo. Pero incluso esto sólo tendría un valor aproximado, ya que las condiciones de oferta y demanda en una sociedad socialista no serían una réplica exacta de las condiciones de mercado en una sociedad capitalista vecina.

Los críticos socialistas e incluso algunos pro-mercado de Mises han ridiculizado a veces su supuesto lenguaje extremo de que el socialismo es «imposible». Pero con «imposible», Mises simplemente quería refutar la afirmación socialista del siglo XIX y principios del XX de que una economía global de planificación centralizada no sólo generaría la misma cantidad y calidad de bienes y servicios que una economía de mercado competitiva, sino que la superaría con creces. El socialismo no podía crear el paraíso material en la tierra que los socialistas habían prometido. Los medios institucionales (la planificación central) que proponían para alcanzar sus fines declarados (una mayor prosperidad material que en el capitalismo) conducirían, en cambio, a un resultado radicalmente opuesto al que decían querer alcanzar.

Mises subrayó que una sociedad socialista también carecería de las actividades orientadas al consumo de los empresarios privados. En la economía de mercado, las ganancias sólo pueden obtenerse si los medios de producción se utilizan para servir a los consumidores. Así, en su propio interés, los empresarios privados se ven impulsados a aplicar sus conocimientos, su capacidad y su «lectura» de la dirección del mercado de la manera más eficaz, en comparación con sus rivales que también intentan captar el negocio del público comprador.

Ciertamente, los incentivos motivan al empresario privado. Si no lo hace mejor que sus rivales, sus ingresos disminuirán y es posible que acabe cerrando el negocio. Pero el empresario privado, al igual que el planificador central, estaría «volando a ciegas» si no pudiera funcionar dentro de un orden de mercado con su red de precios competitivos.

Así, para los economistas austriacos como Mises, el cálculo económico es el punto de referencia para juzgar si la planificación central socialista es una alternativa viable a la economía de libre mercado. Sin precios de mercado, no puede haber ni cálculo económico ni coordinación social de multitudes de consumidores y productores individuales con sus diversas demandas, conocimientos localizados y valoraciones de sus circunstancias individuales.

 

El sistema de precios es lo que da racionalidad -un uso eficiente de los recursos- y dirección a las actividades de la sociedad en la división del trabajo, de modo que los medios a disposición de las personas puedan aplicarse con éxito a sus diversos fines. La planificación central significa el fin de la planificación racional tanto de los planificadores centrales como de los miembros de la sociedad, ya que la abolición de un sistema de precios de mercado les deja sin la brújula del cálculo económico para guiarles en su camino.

El caos de la economía soviética se centraba en la falta de un sistema de precios real y, por tanto, de un método de cálculo económico. En la Unión Soviética, por ejemplo, se verificaron las antiguas críticas al colectivismo. El Estado total creó una tiranía cruel, brutal y asesina. Y la abolición de la propiedad privada dio lugar a unos incentivos debilitados y a menudo perversos, en los que el acceso individual a la riqueza, la posición y el poder pasaba por la pertenencia al Partido Comunista y el estatus dentro de la jerarquía burocrática.

En realidad, los gobernantes de los países comunistas tenían otros fines que el de la mejora material y cultural de aquellos sobre quienes gobernaban. Perseguían el poder y los privilegios personales, así como diversos objetivos de carácter ideológico. Fijaron los precios artificialmente, tanto de los bienes de consumo como de los recursos, a niveles que no guardaban relación con su demanda o escasez reales. Como consecuencia, el grado de mal uso de los recursos era tal que prácticamente todos los proyectos manufactureros o industriales de la Unión Soviética consumían muchas más materias primas y horas de trabajo por unidad de producción que cualquier otra cosa comparable en las economías occidentales más orientadas al mercado.

No podía haber un sistema de precios reales en la Unión Soviética porque habría requerido la inversión de la razón misma del sistema socialista en la que se basaba el poder de los gobernantes soviéticos: el control gubernamental y la planificación central de la producción. Y no podían establecer su red de precios artificiales a niveles comparables a los de algunos países occidentales porque habría dejado claro lo equivocado que era todo su proceso de planificación y distribución.

Así pues, junto con la irracionalidad inherente al sistema de planificación central debido a la falta de precios reales, estaban los incentivos debilitados para que el ciudadano soviético de a pie fuera industrioso y creativo en la economía oficial, así como los incentivos perversos del sistema político en el que el beneficio personal se conseguía a través de un desprecio casi total por los intereses de la sociedad en general. El hecho de que los planificadores soviéticos tuvieran otras agendas además de la de servir a los consumidores sólo distorsionó aún más el sistema. Lo mal dirigido e ineficiente que era el uso de los recursos bajo el socialismo sólo se hizo evidente tras el colapso de la Unión Soviética y la aparición de una economía de mercado limitada en Rusia.

 

En sus argumentos contra la planificación central socialista, Mises a menudo formulaba su razonamiento con una retórica que advertía del fin de la civilización tal y como la conocemos si se seguía el camino colectivista. En las décadas de 1930 y 1940, cuando Mises planteó con más fuerza estos temores, no estaba ni mucho menos solo en esta funesta advertencia, dada la brutalidad y la violenta tiranía que se vivía entonces en la Alemania nazi y en la Unión Soviética de Stalin.

Pero el punto más fundamental de Mises era que la propia naturaleza de un sistema socialista amenazaba el nivel de bienestar económico y cultural que el hombre occidental había llegado a dar por sentado durante los cien años anteriores. Cada día que pasa, un sistema socialista se parece menos a la sociedad de mercado que lo precedió. La asignación de recursos, la utilización del capital y el empleo de la mano de obra tendrían que modificarse y pasar de los usos anteriores a otros nuevos. Por lo menos, las «prioridades» del «Estado de los trabajadores» serían diferentes de las que se dan bajo la toma de decisiones descentralizada y orientada al beneficio. ¿Debe construirse un nuevo hospital público en un lugar determinado o deben asignarse los limitados recursos a la construcción de nuevos complejos de viviendas públicas en otra parte del país? ¿Debe utilizarse un terreno en una zona concreta para una nueva «instalación recreativa para el pueblo» o debe convertirse en el emplazamiento de una nueva fábrica industrial?

Si se opta por la construcción de un nuevo complejo de viviendas, ¿debe ser mayoritariamente de ladrillo y mortero, o de acero y cristal? ¿Deben emplearse los esfuerzos de algunos científicos para investigar más sobre el cáncer o para el posible desarrollo de un chicle más sabroso y duradero? ¿Cuál es el uso más valorado de los distintos recursos que pueden emplearse en la fabricación de diferentes tipos de máquinas, que podrían utilizarse para producir más libros sobre religión y fe o para aumentar la productividad de los trabajadores en la agricultura? ¿Valdría la pena invertir tiempo, recursos y trabajo en una nueva idea tecnológica, aunque su recompensa esté a años vista (suponiendo que funcione como se concibió inicialmente)?

Sin que los precios de los productos acabados y los factores de producción proporcionen la información y las señales que guíen la toma de decisiones, cada día que pasa significaría que se toman más decisiones de este tipo en la oscuridad. Sería análogo a los viajeros por mar en el mundo antiguo antes de la invención del sextante o la brújula. Cada movimiento lejos de la tierra – lo conocido y lo familiar – sería en aguas inexploradas sin forma de saber la dirección o las consecuencias del curso elegido. Mejor permanecer cerca de la costa que explorar mares desconocidos. Y si se emprende el viaje en mar abierto bajo cielos cubiertos de nubes, no se sabe a dónde conducirá ni si se ha seleccionado el curso más corto y mejor.

El establecimiento de un sistema integral de planificación central socialista equivaldría a retroceder en el tiempo. Es por razones como ésta que Mises se refirió al cálculo económico como «la estrella guía de la acción bajo un sistema social de división del trabajo. Es la brújula del hombre que se embarca en la producción». Así, incluso si los gobernantes de un Estado socialista fueran completamente benévolos y se preocuparan únicamente por el bienestar de sus semejantes, sin el cálculo económico una sociedad colectivista se enfrentaría potencialmente a lo que Mises tituló en uno de sus libros, el caos planificado.

Así, el establecimiento de un sistema integral de planificación central socialista equivaldría a retroceder en el tiempo, antes de que las instituciones de la propiedad privada y la competencia del mercado hubieran permitido utilizar los precios para la toma de decisiones racionales.

Por suerte, el intento de crear el socialismo en el siglo XX causó suficiente impresión como para que no parezca probable que se vuelva a intentar una abolición tan drástica de las instituciones fundamentales de la economía de mercado en un futuro próximo. El dilema de nuestro tiempo es que los gobiernos, mediante la regulación, la intervención, la redistribución y los numerosos controles, impiden que el mercado y el sistema de precios funcionen como deberían y podrían hacerlo en una sociedad libre.

 

Richard M. Ebeling es profesor distinguido de BB&T de ética y liderazgo en la libre empresa en The Citadel en Charleston, Carolina del Sur. Fue presidente de la Fundación para la Educación Económica (FEE) de 2003 a 2008.

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Pensión muy trabajada para la “ex-madame” del “Menesterio de Igual-dá”: Irene Montero cobrará 61.982,69 euros al año de indemnización tras dejar de ser ministra

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Irene Montero abandona el Ministerio de Igualdad en la remodelación del Gobierno que ha llevado a cabo Pedro Sánchez. La impulsora de una de las leyes más polémicas de la legislatura, el sólo sí es sí, abandona el Ejecutivo, convirtiéndose en su sucesora la socialista Ana Redondo. Tras su salida del Consejo de Ministros, Irene Montero no cobrará una pensión vitalicia del Estado, pero sí tiene derecho a recibir una indemnización equivalente al 80% de su sueldo por un periodo igual a la duración de su mandato y hasta un máximo de dos años. Así lo recoge la ley de Presupuestos Generales del Estado de 1981 (art. 10, número 5, norma primera).

En concreto, en este apartado se recoge que «todas las personas que cesen en el ejercicio de dichos cargos a partir del 1 de enero de 1981 tendrán derecho a percibir, a partir del mes siguiente en que se produzca el cese, y durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo, sin que puedan percibirse más de 24 mensualidades una pensión indemnizatoria mensual del 80% por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el Presupuesto en vigor durante el plazo indicado». Una indemnización que, recoge el mismo artículo, «es incompatible con las retribuciones que pudieran corresponderles, en caso de ser designados de nuevo para uno de los cargos de referencia».

Por tanto, teniendo en cuenta que el sueldo de Irene Montero como ministra de Igualdad era de 77.478,24 euros anuales, la cuantía que tiene que recibir es de 61.982,69 euros por año. Según la norma citada anteriormente, esta indemnización podrá cobrarse durante dos años, por lo que el total ascenderá a 123.965,18 euros. Una especie de sueldo que Irene Montero recibirá en cuotas mensuales.

Sí cabe recordar que esta compensación es incompatible con cualquier otra retribución que provenga de la actividad pública o privada, según recoge el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Asimismo, es incompatible con la percepción de la pensión de jubilación.

Ione Belarra, que también abandona el Gobierno en favor de Pablo Bustinduy -el nuevo ministro de Derechos Sociales-, no podrá cobrar esta indemnización porque ella sí sigue como diputada en el Congreso, por lo que ya va a cobrar una prestación pública.

Ángela Rodríguez Pam

Ángela Rodríguez Pam, número dos de Irene Montero, también recibirá una indemnización muy gorda al abandonar su cargo al frente de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.

Al igual que Ione Belarra e Irene Montero, tiene derecho a percibir un 80% de su sueldo durante dos años. En su caso, el salario es mucho más superior: de 123.694,36 euros. Por tanto, percibirá 98.955,488 euros cada año, que se traduce en un total de 197.910,976 euros.

En este caso, como en los anteriores, la indemnización «es incompatible con las retribuciones que pudieran corresponderles, en caso de ser designados de nuevo para uno de los cargos de referencia», así como con cualquier otra retribución que provenga del sector público o privado.

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Economía

Las Consejerías de Agricultura de VOX, en defensa del glifosato

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  • Ante los intentos de la izquierda europea para prohibir este producto, los consejeros del sector de Castilla y León, Aragón, Valencia y Extremadura desmontan las falacias sobre este herbicida “no cancerígeno”, de “innegable eficacia” que, además, cumple con los objetivos de sostenibilidad de la UE
  • “De prohibirse, al agricultor solo le quedaría la opción de volver a aplicar el laboreo o recurrir a la combinación de varios herbicidas para garantizar un correcto control de las malas hierbas, lo que incrementaría tanto el coste como los efectos no deseados sobre el medio ambiente”, defienden

Los fanáticos de la Agenda 2030 han vuelto a la carga, esta vez, con un intento de prohibir el glifosato, un herbicida imprescindible en el campo. Por eso, los consejeros de Agricultura de VOX en Castilla y León, Aragón y Valencia, así como el de Gestión Forestal en Extremadura, han salido en defensa de esta herramienta imprescindible para los agricultores de sus correspondientes comunidades.

Frente a los ataques de la izquierda europea y sus manipuladores argumentos -como que es dañino para la salud-, Gerardo Dueñas, Ángel Samper, José Luis Aguirre e Ignacio Higuero -respectivamente- defienden que el glifosato no solo es una “herramienta indispensable para la sostenibilidad de la agricultura” por ser de “innegable eficacia para controlar las malas hierbas”, sino que también “cumple con los objetivos de sostenibilidad de la UE”.

Además, toda limitación y prohibición gratuita no justificada por criterios científicos están provocando una subida de los alimentos en los lineales de los supermercados. Es decir, que las familias ya no pueden adquirir determinados alimentos porque éstos son gravados constantemente por las políticas erráticas que agreden el consumo de los sectores más frágiles.

Actualmente el glifosato es una herramienta indispensable para la sostenibilidad de la agricultura al permitir el control de las malas hierbas que compiten por el agua, los nutrientes del suelo y la luz del sol con los cultivos. Hay que destacar su innegable eficacia para controlar las malas hierbas, su facilidad de uso y su coste relativamente asequible, no existiendo una alternativa que, desde el punto de vista técnico y económico, pueda sustituir su empleo.

Muchos de los enfoques alternativos sugeridos para la gestión de las malas hierbas requieren la reintroducción de prácticas agrícolas mecanizadas. Aparte del impacto negativo que esto tendría en el medio ambiente, las condiciones estructurales de muchos cultivos no permiten el uso de estos métodos mecánicos.

Además, ningún herbicida individual o combinación de herbicidas registrados actualmente en Europa podría ofrecer los mismos beneficios en términos de reducción del laboreo y la posibilidad de adoptar cultivos de cobertura, elementos esenciales de la agricultura de conservación.

El glifosato es imprescindible para la técnica de siembra directa, tanto en cereales de secano como en maíz para hacer dobles cosechas, con todos los beneficios probados que estás técnicas significan para el medio ambiente y para la rentabilidad de las explotaciones, especialmente, en secanos áridos donde volver al laboreo tradicional sería inconcebible.

Por otra parte, el incremento de las labores mecánicas en las explotaciones para garantizar un correcto control de las malas hierbas supondría el consiguiente incremento de los costes de producción en las explotaciones, lo que, a su vez, se traduciría en un aumento del precio final de los alimentos al consumidor final.

Desde el punto de vista medioambiental, el glifosato contribuye a cumplir con los objetivos de sostenibilidad de la propia UE al permitir el desarrollo de prácticas de agricultura de conservación, que captura carbono en el suelo, fomenta la preservación y mejora de la biodiversidad en los ecosistemas y mejora la calidad del agua. Estas prácticas también contribuyen a la mejora de la calidad de la tierra y evitan la pérdida de suelo fértil provocada por procesos como la erosión o la escorrentía.

Ambientalmente, el principal reto que debe afrontar la Agricultura en España es la lucha contra la erosión del suelo y, para ello, el glifosato es una herramienta imprescindible para asegurar el mantenimiento de restos vegetales o cubiertas permanentes que la evitan y contribuyen a que se preserve mucho mejor el suelo, a mantener una estructura viva que favorece la fertilidad del suelo y la biodiversidad de las especies y evitar las emisiones de carbono.

Por consiguiente, de prohibirse este herbicida, al agricultor solo le quedaría la opción de volver a aplicar laboreo o recurrir a la combinación de varios herbicidas para garantizar un correcto control de las malas hierbas, lo que incrementaría tanto el coste como los efectos no deseados sobre el medio ambiente.

Seguridad e impacto económico

Por todos estos motivos, el glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo. Y, frente a las falacias manipuladoras que dudan de su seguridad para la salud, ésta ha sido testada y posteriormente certificada por la AESA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) y la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA, por sus siglas en inglés).

En el caso de la renovación del glifosato, a debate en estos días en el seno de la UE, su continuidad ha contado también con el informe positivo de la ECHA, que ya desmintió en su día y con evidencias científicas que el herbicida sea cancerígeno.

Por último, en cuanto al impacto económico que supondría eliminarlo, según un estudio solicitado a PricewaterhouseCoopers (PwC) por la Asociación Española de Agricultura de Conservación Suelos Vivos (AECS,SV), la Asociación Empresarial Española para la protección de las Plantas (AEPLA) y la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria y Espacios Verdes (ANSEMAT), el impacto macroeconómico de la utilización del glifosato se estima en 2.431 millones de euros en producción; 1.087 millones de euros de PIB y 23.082 personas empleadas. Es decir, que suprimirlo tendría un gran impacto no solo en el sector agrícola, sino en todos los sectores vinculados al mismo y en los hogares de los españoles.

Por todo ello, los consejeros del sector de VOX en Castilla y León, Aragón, Valencia y Extremadura quieren mostrar su apoyo al uso del glifosato y seguirán luchando desde sus comunidades autónomas para hacer frente a la Agenda 2030 que solo responde a fanatismos climáticos y no a las necesidades de los agricultores.

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Economía

VOX logra aprobar una propuesta para prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Cáceres)

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EN LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA

 

El pleno de la Asamblea de Extremadura aprobó el pasado jueves una propuesta de pronunciamiento planteada por VOX mediante la cual se insta al Gobierno central a modificar la política energética y a prorrogar la vida útil de las centrales nucleares «por el tiempo que permita la seguridad de las mismas».

La iniciativa salió adelante gracias a los votos de VOX y PP, frente al rechazo del PSOE y Unidas por Extremadura que se situaron una vez más al lado de las tesis ecologistas y de la Agenda 2030, que es partidaria del desmantelamiento nuclear.

El encargado de defender la iniciativa en el Pleno fue el portavoz de VOX en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, que reclamó al Gobierno de España la realización de un estudio técnico con carácter de urgencia, valorando la extensión de la vida útil de la Central Nuclear de Almaraz; al mismo tiempo, Fernández solicitó que se destinen «cuantos recursos sean necesarios, dentro de las posibilidades técnicas y de seguridad» para asegurar la extensión de la vida útil de la central nuclear de Almaraz.

Por otra parte, se solicitó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que estudie un cambio de modelo energético a nivel nacional, apostando por la energía nuclear como fuente energética «viable, constante, segura, económica y compatible con el concepto de soberanía energética», porque con la eólica y la solar «todavía no es suficiente».

El texto definitivamente aprobado cuenta con una ligera modificación respecto al original debido a la enmienda presentada por el Partido Popular y aceptada por VOX, en la que se incluye continuar con el criterio sobre la continuidad de la central de Almaraz aprobado en la Asamblea mediante una iniciativa el 15 de septiembre de el año pasado.

Por su parte, el Partido Socialista de Extremadura defendió otra enmienda, que fue rechazada por VOX, debido a que, en la misma, los socialistas extremeños exigían que no se solicite al Gobierno un cambio en el modelo energético a nivel nacional. Este rechazo llevó al PSOE a votar en contra y a posicionarse en contra de la central nuclear de Almaraz.

La extrema izquierda de Unidas por Extremadura también votó en contra de la iniciativa de los de Santiago Abacal, defendiendo el «cierre» de la central y esgrimiendo como un argumento que dicho cierre generaría empleo en la región.

Con esta votación, se sigue dando cumplimiento al acuerdo de gobierno suscrito entre PP y VOX en Extremadura, el cual recogía la extensión de la vida útil de la central nuclear de Almaraz.

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Economía

Impacto de los préstamos personales en la economía: Estimulando el consumo, inversiones y los riesgos asociados

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Los préstamos personales desempeñan un papel crucial en la economía moderna, ya que permiten a las personas obtener financiamiento para cubrir una variedad de necesidades y metas. Estos préstamos, ofrecidos por instituciones financieras como bancos y cooperativas de crédito, tienen un impacto significativo en la economía en general. En este artículo, exploraremos cómo los préstamos personales influyen en la economía y cómo pueden afectar tanto a los individuos como a la sociedad en su conjunto.

Los préstamos personales son una forma común de financiamiento utilizada por individuos para adquirir bienes duraderos, financiar proyectos personales o cubrir gastos inesperados. Estos préstamos se caracterizan por tener tasas de interés más altas que los préstamos respaldados por garantías, como los préstamos hipotecarios o los préstamos para automóviles. Sin embargo, a pesar de las tasas de interés más altas, los préstamos personales siguen siendo una opción atractiva para muchas personas debido a su acceso relativamente fácil y su flexibilidad en términos de uso.

Como argumentan en Moneido España, una fuente confiable de información financiera, los préstamos personales tienen un impacto significativo en la economía. En primer lugar, estos préstamos estimulan el consumo y fomentan la demanda de bienes y servicios. Cuando las personas obtienen préstamos personales, tienen más capacidad para realizar compras importantes, como electrodomésticos, muebles o incluso vacaciones. Esto a su vez impulsa la actividad económica y beneficia a los sectores relacionados con el consumo.

Además de estimular el consumo, los préstamos personales también pueden promover la inversión. Al proporcionar financiamiento para proyectos personales, como la apertura de un pequeño negocio o la mejora de una vivienda, estos préstamos contribuyen al crecimiento económico a largo plazo. Los emprendedores y los propietarios de viviendas pueden aprovechar los préstamos personales para expandir sus actividades económicas, generar empleo y aumentar la productividad.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que los préstamos personales también pueden tener implicaciones negativas en la economía. El endeudamiento excesivo y el incumplimiento de pagos pueden llevar a problemas financieros tanto para los individuos como para las instituciones financieras. Cuando una gran cantidad de personas incumplen sus pagos de préstamos personales, los bancos y otras entidades pueden enfrentar pérdidas significativas y experimentar una disminución en su capacidad para proporcionar financiamiento adicional.

Además, el alto nivel de endeudamiento personal puede afectar la estabilidad financiera de los individuos y restringir su capacidad para ahorrar e invertir en el futuro. Si las personas destinan una gran parte de sus ingresos al pago de préstamos personales, es probable que tengan menos recursos disponibles para invertir en bienes raíces, acciones u otros activos financieros. Esto puede dificultar el crecimiento económico a largo plazo y limitar las oportunidades de acumulación de riqueza.

En resumen, los préstamos personales desempeñan un papel importante en la economía al estimular el consumo, promover la inversión y proporcionar financiamiento para proyectos personales. Sin embargo, también existen riesgos asociados, como el endeudamiento excesivo y el incumplimiento de pagos, que pueden tener consecuencias negativas tanto para los individuos como para las instituciones financieras. Es fundamental que tanto los prestatarios como los prestamistas ejerzan una gestión responsable y prudente al utilizar y otorgar préstamos personales, respectivamente, para garantizar un equilibrio saludable entre el acceso al crédito y la estabilidad financiera. Además, los préstamos personales pueden tener un efecto en la economía a nivel macroeconómico.

El crecimiento del crédito personal puede indicar un aumento en la confianza de los consumidores y en la actividad económica en general. Sin embargo, un aumento excesivo en los préstamos personales puede generar preocupaciones sobre la estabilidad financiera y la acumulación de deuda. Es importante que los reguladores financieros supervisen de cerca esta situación y tomen medidas para prevenir posibles riesgos sistémicos. En última instancia, los préstamos personales pueden ser un motor para el crecimiento económico, pero su uso responsable y una gestión adecuada son cruciales para evitar desequilibrios y crisis financieras.

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