LR.- Según el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), dependiente del Ministerio del Interior, en 2019 fueron usurpados 14.621 inmuebles.
Según los datos del Ministerio del Interior, durante el primer semestre del año se registraron 7.450 denuncias relacionadas con este delito en España, lo que supone un 5% más respecto al mismo periodo de 2019. Es decir, en la primera mitad del año se registraron más de 40 denuncias al día en España por ocupaciones ilegales.
El fenómeno de la ‘okupación’ ha contado con el beneplácito cómplice de la izquierda y separatismo. Cataluña continua como una de las autonomías con mayor índice de okupación. De las 7.450 denuncias contra okupas, 3.611 son originarias de esta autonomía. Lo más preocupante es que casi son 500 más que en mismo periodo del año anterior. De esta forma, la región se sitúa como el epicentro del problema de la okupación. Sus datos están muy lejos de las 1.183 denuncias presentadas en Andalucía, o las 657 que contabiliza la comunidad de Madrid. Más concretamente, la provincia de Barcelona es la que concentra la mayoría de los casos, siendo el resto de áreas zonas con menos okupas (por debajo de 500 denuncias en Gerona o Tarragona, y menos de estas en Lérida). De hecho, Gerona y Tarragona se encuentran al mismo nivel de problemática que Madrid, Sevilla o Valencia.
Las cifras han hecho saltar todas las alarmas y una creciente preocupación entre ciudadanos que se ven indefensos ante las mafias organizadas y violentas que ‘manejan’ el negocio en España.
Mientras tanto, la izquierda radical encabezada por Podemos ya comienza a maniobrar ante el «ataque» que está sufriendo un colectivo -el de los okupas- que masivamente vota a sus siglas.
Desde diversos ‘Círculos’ de la formación se ha hecho llegar a la dirección del partido una medida que propone llevar al Consejo de Ministros una medida que pondría en manos de los okupas una ayuda de 3.000 euros para hacer frente a «las necesidades que el COVID-19 ha generado en este colectivo», afirman.
La medida que trasladará Podemos al Consejo de Ministros tendría un coste de 22.350.000 euros solo en ayudas para los okupas que se han hecho de forma ilegal con una vivienda en lo que va del año 2020. La cifra podría multiplicarse por tres si atendemos a las cifras históricas de okupación. Los Círculos de Podemos afirman que «ante la situación que atraviesa este colectivo por el COVID-19 el Estado tiene que mostrar su solidaridad y apoyar a los más excluidos de esta sociedad»
Por otro lado, los medios de comunicación vinculados a la izquierda ya han comenzado una sutil campaña de apoyo a esta medida. En concreto ‘El País’ recogía en su edición del pasado 6 de septiembre, bajo el titular «Una dudosa alarma sobre los okupas», una encendida defensa del colectivo. El diario afirmaba que «no hay datos de que el fenómeno se dispare. Los jueces aseguran que no hacen falta más leyes: la mayoría de los casos se dan en pisos vacíos de bancos»
Por su parte, diversas plataformas han comenzado a lanzar mensajes que pretenden rebajar la alarma social y normalizar la okupación. Es el caso de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Su portavoz, Alejandra Jacinto, afirma que la actual alarma no está justificada: “Creo que con la pandemia se ha retomado la idea del derecho a la vivienda y que se debe garantizar, un caldo de cultivo que ha despertado una reacción de intereses políticos y económicos, porque puede haber cambios en la materia. Por ejemplo, el pacto del Gobierno prevé una ley de vivienda a nivel estatal, que nunca se ha hecho. Porque el problema de fondo, del que no se habla, es la dificultad de acceso a la vivienda”.
Si la iniciativa transcurre tal como espera la dirección de Podemos, los okupas podrían cobrar la ayuda de 3.000 euros a mediados de octubre, y podría darse la paradoja que facilitaría a una familia okupa de 4 miembros cobrar unos 12.000 euros.
Todo esto se sumaría a otros «derechos» de los okupas de viviendas ajenas recogidos por el Gobierno de Pedro Sánchez, como es el hecho de poder darse de alta en el padrón municipal de la localidad donde okupen para poder acceder a las ventajas que esta situación les puede reportar, como las ayudas del Covid-19, incluida la renta mínima.
Así se establece en una resolución de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictaban instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, publicada en el BOE por la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, cuya titular es la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.
González pide a Sánchez «no dejarnos chantajear por partidos en vías de extinción» y critica a Díaz por «ir a Waterloo a ver al emperador».
El Ateneo de Madrid ha sido testigo de un acontecimiento histórico que hacía treinta años que no ocurría: el tándem Felipe Gónzález y Alfonso Guerra, presidente y vicepresidente, juntos de nuevo para reivindicar los valores históricos del socialismo y presionar a la actual dirección de Pedro Sánchez de desistir de la amnistía que negocia con los independentistas catalanes. La presentación del último libro de Guerra, La Rosa y las espinas, era la excusa pero también la oportunidad para cumplir con la expectación generada y hablar sin tapujos sobre la actualidad nacional. El ex número dos del Gobierno, Alfonso Guerra, ha calificado de «disidente y desleal» al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sin citarle y refiriéndose a él como «el otro».
Y, lo que es más relevante, ha fijado su posición sobre una posible amnistía que, a su juicio, sería «un retroceso histórico» y una «humillación deliberada de la generación de la Transición». Según Guerra, «la amnistía significa condenar la Transición y la democracia, que es lo que buscan los jóvenes inmaduros de la nueva política, que no es otra cosa que una estafa descomunal». Tras la ovación del salón de actos en pleno, añadió que la concesión de esta medida de gracia «significa la condena del 90% de los españoles que votaron la constitución 78 y que manifiestan su preferencia a la política de acuerdos».
«Tras el indulto a los protagonistas del procés, si el indulto es el perdón, la amnistía es la desaparición de la responsabilidad. Es decir, que no delinquieron», algo que «un demócrata no puede aceptar». De la misma manera explicó que las amnistías se conceden siempre ante un cambio de régimen y «se hacen siempre por unanimidad y no con medio Parlamento en contra. Yo pido como socialista que no se conceda esa amnistía que falsifique la historia» beneficiando a «los felones que atentaron contra la libertad y democracia y que repiten cada día que volverán a hacerlo. La pregunta no es si cabe en la Constitución sino si se puede extinguir la responsabilidad penal a los autores de una movilización encaminada a subvertir el orden constitucional».
González: «No es digno ir a Waterloo a ver al emperador»
El ex presidente del Gobierno no quedó a la zaga. Felipe González comenzó atizando a dos dirigentes cercanos al Presidente Sánchez. Primero a Yolanda Díaz, a quien se refirió como «ésa gente que no ha ganado nunca las elecciones y está dando lecciones de cómo hacer política. La vicepresidenta se destaca mucho en eso». Y en una referencia velada a Feijóo, se preguntó: «¿Como se atreve a darle lecciones a quien le ha ganado elección tras elección y le ha dejado sin escaño». No fue la única vez que se refirió a ella. Al término de su intervención añadió otras reflexión: «No es digno trasladarnos a Waterloo como si uno fuera a ver al emperador del paralelo pero en la otra dirección».
También se refirió al ex presidente Zapatero, con quien González y Guerra compartieron actos de campaña electoral y a quien dirigió el siguiente mensaje ante la deriva del mismo en la ultima campaña al 23-J: «No se si me estoy arrepintiendo de haber hecho campaña con él». Las risas del auditorio se repitieron con la tercera cita, al presidente manchego, Emiliano García Page, de quien dijo: «O nos metemos todos bajo la cobija de García Page o no se dónde vamos a ir».
Pero el grueso de su mensaje también versó sobre la amnistía que «no es constitucional», que «no cabe en la Constitución, borra el delito. No es que perdona al delincuente sino que lo borra (…) Borra eso y les quita legitimidad a los que trataron de defender la legalidad». Felipe González se negó a responder al Gobierno «porque todavía no se lo que va a hacer. Yo no puedo responder por lo que hacen un fugado de la justicia y de un perdedor de eleciones», en referencia al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
La “ENE”sima traición de la derecha cobarde de Feijóo y su mamporrero de preferencia, Borjita Sémper: Tras negarlo, profanan el Congreso Español con chapurreos regionales
DIJO ESTE LUNES QUE NO IBAN A HACER «EL CANELO» PESE A SER LOS CAMPEONES DEL RIDÍCULO POLÍTICO
El PP utiliza el euskera en el Congreso pese a asegurar que no lo haría: «Es nuestra diversidad»
El diputado del Partido Popular, Borja Sémper, ha utilizado el euskera en su intervención en el Congreso en el Pleno para aprobar que se puedan utilizar el catalán, el gallego y el propio euskera en la sede de la soberanía nacional.
«Mis hijos hablan en euskera, no es un problema. Es nuestra diversidad, es nuestro patrimonio», ha defendido Sémper, en su primer discurso en la Cámara.
El propio dirigente popular dijo este lunes que su partido hablaría en castellano en el Congreso y no usaría las lenguas cooficiales. «Lo que no vamos a hacer es el canelo y no vamos a hacer cosas raras. Vamos a hacer cosas que entiendan todos los españoles y vamos a intentar que el Congreso de los Diputados no sea una caja de resonancia en la que sólo hablamos los diputados para los diputados», manifestó.
En este sentido, no desveló si el PP presentará una enmienda de totalidad ante la norma que regulará el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso.
Nuestra querida, eficaz, justísima y ciega justicia vuelve a lucirse con otra sentencia absolutamente delirante y absolutamente injusta: Unos meses de cárcel y pérdida de dos años de patria potestad por SUMINISTRAR DROGAS POTENCIALMENTE MORTALES a su bebé de 18 meses con el único objetivo de impedir las visitas de su padre, del que, seguro, no tenía reparos en aceptar -que decirmos; en EXIGIR- todas las pensiones, compensaciones y dádivas que la Ley hubiese marcado. Pasen, y lean. Lean.
Le habría administrado medicamentos desde los 18 meses a los cuatro años para reducirle las visitas
Tres años y diez meses de prisión por haber drogado a su hija desde que era un bebé con el objetivo de acusar al padre y restringirle el derecho de visitas. Esa es la condena impuesta por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, contra una enfermera por un delito contra la salud pública y maltrato en el ámbito familiar.
Según se detalla en la sentencia, habría empezado a darle medicamentos no recomendados para la edad de la menor desde los 18 meses y hasta los cuatro años, con la intención de culpar al padre de la conducta. El tribunal añade que la procesada, al ser enfermera, conocía que estas sustancias están totalmente desaconsejadas en menores de tan corta edad, puesto que «dos de ellas afectan al sistema nervioso, llegando una de ellas a poder afectar al crecimiento del corazón. Por su parte, la tercera sustancia, según la sentencia, es un fármaco opioide, utilizado como analgésico narcótico y que causa grave daño a la salud, según el Instituto Nacional de Toxicología, en su relación de sustancias tóxicas de tráfico de drogas».
Además de la pena de prisión, la ha inhabilitado para el ejercicio de la patria potestad durante dos años y le ha impuesto la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años y medio.
La Sala concluye que existió una vulneración del bien jurídico protegido, es decir, la salud pública, pues destaca que la droga «se administró a una bebé, por la persona de su madre, que era quien tenía su guarda y custodia». Sin embargo, indica que «la exposición de la menor a tales fármacos no vino a ocasionar un quebranto a su integridad física», por lo que incardina la conducta de la acusada dentro del tipo penal del maltrato de obra hacia su hija.
Los magistrados destacan que estaba todo organizado, puesto que en varias ocasiones había denunciado la actitud somnolienta de su hija cuando volvía de las visitas con su padre y la había llevado al pediatra. Se ha denegado la indemnización que reclamaba el progenitor de 8.000 euros, puesto que no queda acreditado si la cantidad es para la menor o para él, en cuyo caso tampoco se ha demostrado con informes médicos el posible sufrimiento que esta situación le habría causado.
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