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Tribunales

Fiscalía de Barcelona acusa de abusos a seis jóvenes por violar por turnos a una menor ebria

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La Fiscalía acusa de un delito de abusos sexuales, por el que pide penas de entre diez y doce años de cárcel, a seis jóvenes acusados de haber violado, por turnos, a una chica de 14 años que estaba ebria, en un “botellón” en una fábrica abandonada de los alrededores de Manresa (Barcelona), en octubre de 2016.

En la sección 22ª de la Audiencia de Barcelona se ha iniciado hoy el juicio contra los seis jóvenes y un séptimo acusado de haberse masturbado mientras presenciaba la violación múltiple de la menor, sin impedirla. Solo uno de los acusados ha permanecido dos años en prisión preventiva por estos hechos.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía imputa un delito de abuso sexual continuado contra menor a los seis procesados, por el que les pide entre diez y doce años de cárcel, las máximas de ese tipo penal previsto para castigar los ataques en que no concurre violencia ni intimidación, sino que la voluntad de la víctima está anulada por el consumo de alcohol o drogas.

Por el contrario, la acusación particular ejercida por la víctima califica el ataque de agresión sexual, al entender que la menor fue intimidada y sometida mediante violencia, con lo que eleva la petición de pena a entre quince y veinte años de prisión.

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Precisamente, en medio de la polémica suscitada por la sentencia de “La Manada”, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció a principios de año que preparaba una reforma del Código Penal para eliminar el delito de abusos sexuales -por los que inicialmente fueron condenados los autores de la violación múltiple de los sanfermines, hasta que el Supremo lo rectificó-, de forma que las únicas figuras serían la violación y la agresión sexual.

La declaración de la víctima del ataque sexual múltiple, prevista para mañana, resultará clave para que la Fiscalía y la acusación particular definan en sus respectivos escritos de conclusiones definitivas si califican los hechos de agresión o de abuso.

En la sesión de hoy, los acusados han negado que ni ellos ni el resto de procesados -que no en todos los casos se conocían entre sí, según su versión- mantuvieran relaciones sexuales con la denunciante, que relató haber sido atacada por turnos en una caseta abandonada situada junto a la fábrica en la que pasaban la noche de “botellón”.

En su relato ante el tribunal, los presuntos violadores han esgrimido distintas versiones exculpatorias, desde negar que mantuvieran contacto alguno con la menor durante la fiesta hasta incriminar a dos asistentes al “botellón” que no están encausados o señalar que la chica estaba borracha y se jactaba de querer “tirarse a todo el mundo”.

Las pruebas biológicas practicadas a la menor sólo hallaron restos de ADN de uno de los procesados, Daniel David R., quien ha dicho que no se explica cómo se pudieron encontrar esos fluidos en la ropa de la víctima cuando en ningún momento intimó con ella y ha denunciado como una “injusticia” los dos años que ha pasado en prisión preventiva por este caso. Según mantiene la Fiscalía en sus conclusiones provisionales, los siete acusados asistieron a una fiesta en una fábrica abandonada en el Camí Torre d’En Viñas de Manresa, a la que asistían en su mayoría menores de edad, entre ellas la víctima y una amiga suya.

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Aprovechando que se encontraba de forma “evidente” bajo los efectos del alcohol y las drogas, añade la Fiscalía, el acusado Bryan Andrés M. se llevó a la menor a una caseta abandonada y la violó, tras lo que regresó al lugar donde estaban sus amigos y les instó a agredir a la chica, por turnos de unos 15 minutos cada uno, añade el ministerio público.

Posteriormente, añade la Fiscalía, entraron en la caseta y violaron a la menor otros cinco de los acusados, conocedores de su edad y del estado de embriaguez en que se encontraba, mientras que otro de los asistentes a la fiesta se masturbaba observando la agresión, sin impedirla.

Tras la violación, según el ministerio público, el procesado Marco Antonio R. exhibió una pistola de fogueo y amenazó a varios menores que estaban en el lugar, advirtiéndoles de que su familia tendría problemas si contaban algo de lo sucedido, hechos por los que la Fiscalía le pide año y medio de cárcel, además de los 10 por abuso.

Horas después de la violación múltiple, según el escrito de acusación, cuando en la fábrica abandonada solo quedaban la víctima y su amiga junto a dos de los procesados, estos volvieron a agredirla sexualmente.

Los días posteriores a los hechos, Bryan Andrés M. se puso presuntamente en contacto con varios menores que asistían a la fiesta y les advirtió de que no debían contar nada, por lo que la Fiscalía pide para él otros dos años y medio de cárcel -sumados a los doce de abusos- por un delito de obstrucción a la justicia.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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