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Economía

España, un país al borde de la bancarrota

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Imágenes como ésta son cada vez más frecuentes en las calles españolas.
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RC.- En la historia contemporánea de España (dos últimos siglos), nunca se había conocido una situación económica y moral tan desastrosa como la que enfrenta el país en estos momentos, sin una guerra o una revolución de por medio. De hecho, ha habido revoluciones y guerras que no han llevado a la economía nacional hasta este punto.

El régimen del 78 ha endeudado al país a espaldas de los intereses de los gobernados. Los partidos han agredido y expoliado a sus votantes, y todo para financiar sus redes clientelares y los intereses de los oligarcas del Ibex.

La estabilidad de nuestra economía no es que penda de un hilo, es que vivimos literalmente en tiempo de descuento. Una situación de pánico que puede hacer estallar nuestra burbuja de deuda mucho antes de lo previsto, lo que nos recuerda dónde estamos en realidad: en un nivel de endeudamiento exterior y de las AA.PP. inasumibles que llevarán a España a la suspensión de pagos antes o después. Nos están vendiendo una recuperación irrisoria sostenida por ríos de deuda y especulación.

En 1975, después de 15 años de desarrollo fulgurante que nos convirtió en la octava potencia económica mundial, y después de haber realizado más inversiones públicas que en toda la historia anterior, la deuda era cero, lo que demuestra lo que España es capaz de hacer cuando su economía la dirige gente competente y honrada, y lo que ocurre cuando está en manos de indocumentados y corruptos cuya única patria es el dinero. Al final del PSOE de González, después de haber saqueado 250.000 millones de euros de las cotizaciones sociales (entonces no había cajas separadas) para financiar gasto corriente y desmantelar la industria nacional, la deuda de las AA.PP. era de 410.000 millones de euros. Al final de Aznar, que vendió a precio de saldo todas las grandes empresas públicas, 478.000 millones. Con Zapatero 956.000, y a fin de 2014, ¡1.526.000 millones!

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En solo tres años Rajoy incrementó la deuda total en 570.000 millones de euros, el 145% del PIB oficial, equivalente al endeudamiento de los 33 años de 1975 a 2008. En esos tres años no hubo creación, sino destrucción de riqueza: el PIB a precios de mercado de 2014 fue inferior en 17.000 millones de euros al de 2011. ¿Y en qué han despilfarrado estos inútiles esa deuda monstruosa? La mitad en pagar los agujeros de la oligarquía del Ibex, que en agradecimiento nos cobran 48.000 millones de euros anuales de más por los bienes y servicios que suministran a las AA.PP., y la otra mitad para financiar la gigantesca red clientelar, que en agradecimiento, desde los grandes capos hasta el último concejal con poder para adjudicar o recalificar, se lo están llevando crudo. En 1975 la renta per cápita de Irlanda era igual a la nuestra: hoy es un 38% más.

El resumen es que España está mucho más cerca del colapso que de la recuperación, porque no es solo que lo debido es ya imposible de devolver, es que la deuda sigue creciendo sin pausa porque el modelo territorial hace imposible nivelar las cuentas. Y así seguirá hasta que todo este entramado de despilfarro y corrupción como jamás ha existido ni en España ni en Europa acabe saltando por los aires. El peor de los males que un gobierno, incluidas las dictaduras totalitarias, puede causar a la sociedad gobernada consiste en el sacrificio consciente de las generaciones futuras. Ese sacrificio no solo incluye la ausencia de perspectivas económicas para nuestros hijos y nietos, sino también la más absoluta miseria moral. Los políticos de la democracia están consiguiendo lo que parecía imposible: que la opulencia de unos pocos se logre con la miseria actual y futura de toda una nación.

Ningún gran partido de los que se presentan el 10-N plantea una reducción drástica del gasto público, solo paños calientes. ¿Pero en manos de quién está España? Es como si pensaran que esta orgía de gasto no tiene fin. Se equivocan radicalmente: los ganadores de las elecciones culminarán la quiebra de España, porque es obvio que este disparate no podrá durar otros cuatro años, aunque antes nos arruinarán a impuestos, llevarán a la miseria y al hambre a más millones aún, degradarán los sueldos miserables de los nuevos empleos, si es que antes no nos meten en un corralito y se quedan con nuestros ahorros.

No existe en el mundo ningún modelo de Estado cuya estructura territorial suponga un despilfarro anual del 10% del PIB. Cuyo nivel de nepotismo y corrupción, tanto institucional como personal, alcance los niveles de nuestro país. Cuyas regiones se hayan erigido como auténticos Estados independientes, con decenas de miles de leyes diferentes, lo que hace más difícil el movimiento de mercancías y la instalación de empresas entre los países de la UE, y dotándose con todas las instituciones propias de un Estado de verdad, desde parlamentos a todo lujo a servicios meteorológicos. Todo multiplicado por 17.

Solo más y más impuestos, como si ello fuera a servir para financiar lo infinanciable. Aparte de que hemos llegado al límite de exacción fiscal sobre las familias y la pymes, estamos en el máximo de toda la OCDE, y donde la fantasía de “acabar con el fraude fiscal”, que ha aportado “decenas de miles de millones”, es exactamente eso, una fantasía. Las bases imponibles son las que son y de donde no hay no se puede sacar. El problema de España no son los ingresos, son los gastos desaforados de un modelo de territorial disparatado y corrupto hasta la médula; y todos los partidos están por mantener el modelo y el gasto y robar al pueblo hasta que todo el sistema salte por los aires, que saltará, no lo duden.

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Empecemos por Teresa Ribera, ministra no de ‘Energía’ sino para la ‘Transición Ecológica’, una memez no ya marxista-ecologista sino lo siguiente, pero no es una broma, empobrecerá gravemente a las familias y dañará la competitividad de la nación, llevando el precio de la energía al nivel más alto del mundo desarrollado. Esta irresponsable pretende cerrar el carbón y las nucleares, ya lo hicieron en los ochenta desmantelando cuatro centrales nucleares gigantes, lo que ha encarecido en forma permanente el recibo de la luz en 2.700 millones de euros año. Pero los españoles tenemos mala memoria y peor información.

Si gana Pedro Sánchez y su Gobierno socialista cierra, como pretende, las centrales de carbón y las nucleares, ese disparate nos costaría a los españoles 8.700 millones de euros anuales. Adicionalmente, plantean la subida de impuestos a la producción eléctrica en 800 millones, por las emisiones de CO2 y ‘daños medioambientales’, en total 9.500 millones de euros equivalente a un 50% de subida en el recibo de la luz, que ya hoy es el segundo más caro de Europa. Pero esto no es todo, Sánchez quiere añadir además los impuestos ‘ecológicos’ a las gasolinas, a los gasóleos, al gas y a la electricidad, “porque no afecta a los trabajadores”. Solo en carburantes supondrán un incremento de impuestos de 3.900 millones de euros.

A todos estos hachazos fiscales, que empobrecerán a millones, se unen subidas programadas de 6.500 millones de euros a los ‘ricos’, es decir, a los trabajadores especializados y la clase media, 3.000 millones de impuestos a los bancos, que trasladarán de inmediato a los clientes, y una subida histórica de 12 puntos de la imposición al ahorro de las familias. España se situará así a la cabeza de la OCDE en presión fiscal sobre la clase media. Esto, unido a la finalización en diciembre de la compra de deuda por el BCE, casi el único comprador actual de la deuda española, y al inicio de subida de tipo en 2019, creará unas condiciones económicas y financieras insostenibles para obtener en los mercados los 230.000 millones de euros que necesitamos anualmente para no suspender pagos.

Para acabar de arreglarlo, en el primer trimestre de 2019 se ha batido el récord de endeudamiento, con 16.300 millones de euros, el 5,6% del PIB, cifra que no coincide con la de déficit, en torno al 3%, lo que significa que están camuflando gasto corriente como de capital que no computa como déficit, y los próximos trimestres serán peor, por el agravamiento de la desaceleración ya iniciada. Y las pensiones no solo están quebradas, como acaba de afirmar el Tribunal de Cuentas, es que son infinanciables: 3.000 millones más de déficit por una inflación mayor de lo esperado, 9.000 para pagar la extraordinaria en unos días, y lo mismo en diciembre, más un agujero mensual de 1.000 millones de euros (10.500 millones de gasto y 9.500 millones de ingresos por cotizaciones sociales) que tiene que ser cubierto por el Estado. Nos van a aplastar a impuestos, mientras dedican ríos de dineros a los golpistas catalanes, al PNV y a los ‘sin papeles’.

Y luego los bancos, cargados de deuda pública hasta las orejas, y no solo de España sino también de Italia, los segundos tenedores de deuda italiana después de Francia y equivalente al 5% del PIB. Y con más de un 20% del PIB de deuda española, su supervivencia depende de que el Estado se la devuelva, pero con un ratio de deuda total/PIB del 137% (no el camelo del 98% de la deuda PDE, con que Gobierno y medios engañan a los ciudadanos), eso es algo metafísicamente imposible. Tanto bancos como aseguradoras están solos ante el peligro de la deuda de las AAPP, y a partir de diciembre, sin San BCE que venga a ayudarlos. Parece que nunca pasa nada y que los problemás se solucionan solos, nada más falso, pasará, no lo duden, y cuando pase será a velocidad de vértigo.

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Pero si en lo económico vamos directos a un largo y oscuro valle de sombras, en lo político el tema es infinitamente más grave, porque es la unidad de la nación más antigua de Europa y la tercera del mundo la que Sánchez está a punto de destruir. En su ignorancia oceánica, Sánchez habla de un Estado federal sin saber que los estados federales se han dado voluntariamente esa forma para integrar partes que estaban separadas, lo que no es el caso de España. Menos sabe aún que en los estados federales el gasto no centralizado es de un tercio del gasto total, mientras que en España es ya de dos tercios.

Pero, sobre todo, tiene que pagar el peaje a los enemigos de España que le mantendrán como presidente. En el minuto uno quitó el control de gasto para que los golpistas de la Generalitat puedan financiar cómodamente toda su maquinaria propagandística de odio, la persecución y discriminación implacables a los no nacionalistas, la reapertura de ‘embajadas’, y la preparación de un nuevo golpe de Estado. Van a acercar a los golpistas presos, y amnistiarlos después, como en febrero del 36. Esto ha producido una euforia tal entre los independentistas que el ‘conseller’ de Exteriores de la Generalitat ofrece ya la nacionalidad catalana a Baleares, Aragón y Valencia.

En definitiva, somos un país al borde de la bancarrota económica y la hecatombe social. Que Dios nos coja confesados.

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Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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