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Elon Musk se convierte en el máximo accionista de Twitter tras denunciar la censura que impone la red social

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¿ESTAMOS ANTE EL FIN DE LA DICTADURA ‘WOKE’ EN LA PLATAFORMA?

Elon Musk, el carismático cofundador y director de Tesla y uno de los hombres más ricos del mundo, lleva ya tiempo lamentando en redes sociales el clima de cancelación, censura y pensamiento único que domina esas mismas redes sociales, pero ahora se ha dado a sí mismo la ocasión de hacer algo al respecto, al convertirse en propietario del mayor paquete accionarial de Twitter.

Ayer mismo se ha sabido que el magnate ha adquirido el 9,2% de Twitter por casi 3.000 millones de dólares, convirtiéndose en el que corta el bacalao en la red social que se atrevió a expulsar de por vida a un presidente de Estados Unidos en ejercicio, Donald Trump.

La audaz adquisición se produce solo dos semanas después de que Musk criticara la draconiana política de censura «progresista» y consultara a los usuarios de la red social mediante una encuesta qué opinan (opinamos) sobre la actitud de la empresa con respecto a la libertad de palabra.

Numerosos analistas están convencidos de que la maniobra de Musk podría ser un primer paso para acabar haciéndose con la titularidad de la empresa, algo que han debido olerse los inversores, que han querido anticiparse a los acontecimientos, elevando la acción del pajarito azúl, que ya había subido un 25% ante los rumores de una intervención del magnate.

«Musk podría intentar adoptar una postura más agresiva aquí en Twitter», dijo el analista de Wedbush Dan Ives a la cadena norteamericana CNBC. «Esto eventualmente podría conducir a algún tipo de compra».

Elon Musk es ahora el mayor accionista del gigante de las redes sociales, según el Financial Times. Dos semanas antes, Musk planteó una pregunta a los usuarios de la red social: “Dado que Twitter sirve como la plaza pública de facto, no adherirse a los principios de la libertad de expresión socava fundamentalmente la democracia”, tuiteó Musk. «¿Qué debe hacerse?»

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Más del 70% opinó (opinamos) que Twitter no se adhiere a los principios de la libertad de expresión. Llegó inmediatamente una riada de comentarios de particulares narrando al CEO de Tesla sus propias experiencias de supresión y censura de Twitter, incluidos tuits sobre las elecciones de 2020 y la pandemia de Covid. «Las consecuencias de esta encuesta serán importantes», advertía en un tuit posterior Musk. «Por favor, vote con cuidado». Y era verdad.

Para muchos de los usuarios de la red, los sufridores de la censura constante y las constantes expulsiones, una de las primeras cosas que debería hacer el fundador de Tesla para recuperar la confianza en el nuevo rumbo hacia la libertad es restaurar inmediatamente la cuenta del presidente cuadragésimo quinto, Donald Trump

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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