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Tribunales

El TSJC avisa, sobre la Manada, que resolver causas por presiones sociales “sería el caos”

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Protestas en Andalucía contra la sentencia de 'La Manada'
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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, ha destacado que los jueces deben “apartarse de cualquier sentimiento e ideología” a la hora dictar sentencia y están obligados a “resolver ajenos a las expectativas de aprobación a desaprobación de determinados movimientos sociales”.

“La garantía del ciudadano no puede ser que las sentencias favorezcan a mayorías o minorías sociales, eso sería el caos”, ha afirmado.

López del Moral, que ha realizado estas afirmaciones en alusión a sentencias como la de ‘La manada’, ha defendido la independencia e imparcialidad de “los jueces y juezas, que son mayoría”, frente a quienes “hablan de justicia patriarcal” y les acusan de “ser machistas y no tener sensibilidad con las víctimas”.

El presidente del TSJC ha subrayado que los jueces son “expertos en materia de violencia de género, en el tratamiento de las víctimas y en igualdad”, y ha criticado la “tendencia” actual a que la resolución de determinados procedimientos judiciales esté “predeterminada” por parte de determinados movimientos sociales

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López del Moral ha realizado estas afirmaciones durante el Foro Ser Cantabria, donde ha defendido la “calidad técnica” de la sentencia de ‘la manada’, en la que cree que “se ha producido un problema semántico de denominación de determinadas conductas delictivas”. En su opinión, “lo que no se puede poner en cuestión es que los jueces hayan trasladado a la sentencia determinadas ideologías contra las víctimas, como suponen algunos colectivos”.

En todo caso, el presidente del TSJC ha reconocido que este año se ha producido “un notable proceso de degradación de la imagen de la Justicia”. En su opinión, hay un “salto cualitativo en la crítica”, que se dirige “no tanto a la formación y preparación de los jueces, sino al proceso por el que se administra la Justicia, que está sujeto a agentes externos”, especialmente cuando la materia tiene “cierta carga ideológica”.

Frente a ello, ha defendido “un cambio en la política de comunicación” del Poder Judicial y la necesidad de explicar los fundamentos del trabajo de los jueces. También cree que hay que hacer “autocrítica, ver qué hemos hecho mal y corregirlo”. ‘YO SÍ TE PROTEJO’

Sobre la política de comunicación, López del Moral se ha preguntado si desde el Poder Judicial, a través de sus gabinetes de comunicación, se debería “reaccionar con sistemas de comunicación similares a los que nos ponen en cuestión”.

“Qué ocurriría si nosotros emitimos mensajes del tipo ‘yo sí te protejo’ con la foto de una jueza que está hasta las nueve de la noche en su juzgado atendiendo a una víctima, que llega a su casa y tiene que ponerse a preparar los juicios del día siguiente, que tiene que dedicar su tiempo libre y sus fines de semana a poner sentencias y que sabe además que esa víctima, muy probablemente no acudirá al juicio, no querrá declarar o querrá retirar su denuncia, pero pese a todo, se trata a la víctima con el carácter de expertos que somos los jueces”, ha dicho.

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López del Moral ha señalado que la independencia judicial “se cuestiona diariamente porque se cree que el juez plasmará su ideología en los procedimientos y en la resolución”, cuando no es así, y ha destacado que el juez tiene que ser imparcial y promover la igualdad de las partes, “evitar presiones, y hacer un examen interno de sus propios perjuicios” para, en el caso de que los tenga, apartarse del procedimiento.

“Puertas giratorias” y aforamientos

Por otro lado, el presidente del TSJC ha señalado otras cuestiones que generan “desprestigio”, como las “puertas giratorias”, en relación a los jueces que dan el salto a la política. Al respecto, ha dicho que “la solución dependen del legislador” y que sistemas hay.

A preguntas del público sobre la “marcha atrás” del Supremo en relación al impuesto de las hipotecas, López del Moral ha respondido que en su opinión, es “el clásico supuesto en que los árboles no nos dejan ver el bosque”, y ha defendido que si se ha cambiado la ley y el sujeto pasivo ha pasado a ser la entidad bancaria, ha sido precisamente “gracias a los magistrados del TS y los abogados y procuradores que postularon ese cambio normativo”.

Por otro lado, se ha mostrado partidario de cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, “como promueven todas las asociaciones”, y ha defendido los aforamientos, un “privilegio procesal absolutamente denostado hoy en día” pero que en su opinión tiene “una justificación” porque “no implica tratao de favor sino evitar la estigmatización”.

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Pese a la “degradación de la imagen” del Poder Judicial, López del Moral ha opinado que la Justicia española transmite “una imagen distorsionada”, y ha destacado que las 17 comunidades autónomas, que “siempre serán comunidades autónomas y siempre serán españolas, gozan de un magnífico sistema judicial que está al nivel de cualquier otro sistema de la Unión Europea” y que ofrece “un buen servicio”.

En el caso concreto de Cantabria, ha destacado que “tiene la tasa de demanda más alta, la tercera más baja de España en tasa de congestión, los tiempos de respuesta más bajos de todo el territorio nacional, y porcentajes de confirmación que rozan el 80% en apelación y el 97% en casación”.

Preguntado sobre Cataluña, ha opinado que la función judicial “es muy difícil y en estos territorios más todavía” pero ha considerado que “se ejerce con libertad” y que con las medidas de protección adoptadas será “suficiente”.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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