El PP y la izquierda se unieron para tumbar 44 iniciativas –35 de ellas en Pleno y el resto en comisión– presentadas por el grupo parlamentario VOX en la Asamblea de Madrid. Entre las últimas está una PNL para suprimir subvenciones de sindicatos y de la patronal, y dirigir esos fondos públicos a becas de los comedores escolares y otra PNL relativa a evitar que los hombres trans puedan competir en categorías deportivas femeninas.

VOX, que reclamó desde 2019 a Ayuso la derogación de la ley trans autonómica, asegura que «se está discriminando a las mujeres» al permitir que hombres trans puedan competir en estas categorías y reitera que «ser mujer no es una cuestión de voluntad o de autopercepción» como establecen las normas trans de Pedro Sánchez e Irene Montero en el Congreso y del PP en la Comunidad de Madrid. «Ahora hombres trans pulverizan los récords y monopolizan los podios», afirmó la diputada Alicia Rubio.

En febrero, el PP también rechazó una PNL de VOX para que la Administración autonómica compensara dos cuotas –las que ellos eligieran– a los autónomos que sufren la coyuntura económica actual. La medida iba destinada a autónomos con menores a su cargo y con una renta inferior a los 42.000 euros anuales.

«Es una forma de intentar reactivar el tejido económico, de intentar que salgan adelante los que todos días salen a trabajar sin saber si van a tener ingresos o no (…). El autónomo es el que paga siempre las políticas erróneas del Gobierno y las consecuencias de la crisis económica», manifestó la portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio.

Y tampoco prosperó –gracias al PP y a la izquierda– la iniciativa de VOX para «acabar con el fanatismo» de la ley de cambio climático, que «se basa en doctrinas ideológicas y no en evidencias científicas», y exigir al Gobierno de Pedro Sánchez el cambio de dicha norma por una «ley de soberanía energética».

Mientras, VOX rechazó siete iniciativas en pleno y 11 en total del PP, y le aprobó –en la actual legislatura– 29 leyes, entre ellas la ley de libertad de elección educativa; la ley de supresión de impuestos propios de la Comunidad de Madrid; la ley de defensa de la autonomía financiera: la ley de mercado abierto; la ley de ordenación y atención farmacéutica; la ley de cooperativas; la ley de creación de la la agencia para el apoyo a las personas adultas con discapacidad; la ley de patrimonio cultural; la ley de derechos garantías y protección integral de la infancia y la adolescencia; la lay para la adopción de medidas fiscales dirigidas a la protección a la maternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación; o la ley de servicios sociales, entre otras.

La portavoz de VOX en la Asamblea, Rocío Monasterio, lamentó el pasado jueves que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, siguiera «los designos y las órdenes» de Génova, que ya ha elegido como socio prioritario al PSOE, dijera que se separaban los caminos entre PP y VOX, y les acusara de no plantear ninguna propuesta «original». «Somos dos formaciones muy necesarias para el futuro los madrileños», manifestó Monasterio, al tiempo que señaló que siempre fueron «un socio leal».

El Ministerio de Igualdad ha explicado este viernes que el acta notarial presentada por el candidato a la Policía Local de Torrelodones (Madrid), que se declaró mujer trans en el proceso de acceso al Cuerpo, se ampara en la Ley Trans de la Comunidad de Madrid. Y, en este sentido, ha señalado que la estatal es clara y solo determina como única forma de acceder al cambio de sexo la vía de la doble comparecencia.

Este aspirante inició el proceso de acceso a la Policía Local en enero como varón y así superó la prueba de conocimientos. Pero en una segunda fase de pruebas físicas presentó un acta notarial donde indicaba que era una mujer transexual y, por lo tanto, debía realizar las pruebas físicas acorde a los baremos físicos femeninos, sin que certificara la inscripción de su cambio de sexo en el Registro Civil.

Ante esta situación, la Comunidad de Madrid ha reclamado un informe a Igualdad sobre cómo actuar en un caso así y «dicte criterio». Según explica el Ejecutivo de Ayuso, las bases generales de selección de personal responden a una normativa estatal.

Sin embargo, desde Igualdad han explicado que la Ley Trans estatal es clara en sus artículos sobre el procedimiento de cambio registral y que la única forma de acceder a este cambio es a través de una doble comparecencia.

En concreto, la norma obliga a la persona que ha solicitado el cambio en el Registro Civil a comparecer una segunda ocasión para confirmar su petición, con un periodo máximo de tres meses entre la primera y la segunda comparecencia. Además, el Registro Civil tendrá un plazo máximo de un mes para dictar una resolución antes de finalizar el cambio registral.

Desde el departamento que dirige Irene Montero han señalado que el acta notarial del candidato a Policía Local de Torrelodones se refiere a la Ley Trans autonómica.

En esta se recoge como objeto de la ley el «proteger el ejercicio efectivo de la libertad» de las personas trans «sin discriminación en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social» y, «especialmente» en esferas como el empleo, entre otras.

Además, apunta que «ninguna persona será objeto de requerimiento alguno de pruebas de realización total o parcial de cirugías genitales, tratamientos hormonales o pruebas psiquiátricas, psicológicas o tratamientos médicos para hacer uso de su derecho a la identidad de género o acceder a los servicios o a la documentación acorde a su identidad de género sentida en las administraciones públicas o entidades privadas de Madrid».