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El PSOE intentó que el derroche del “procés” no se descubriera antes del 28-A

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Carles Puigdemont
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El Pleno de Tribunal de Cuentas aprobó ayer por mayoría el Informe de fiscalización de la Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña durante el periodo 2011 a 2017 que supuso un dispendio de 421 millones de euros de dinero público con un único objetivo: la independencia de Cataluña.

El informe ha contado con el anuncio de la presentación de un voto particular de la consejera del PSOE, María Dolores Genaro, tras debatirse en el Pleno matizaciones que afectaban a partes sustanciales del informe. Según fuentes consultadas del Tribunal de Cuentas, «algunos consejeros habían trasladado inquietudes que obedecían más a directrices de la Generalitat sobre su ámbito competencial».

Desde que se aprobó en las Cortes a finales de diciembre de 2017 por la comisión mixta del Congreso y el Senado, la elaboración del informe ha sufrido múltiples presiones. El trabajo de fiscalización estaba casi finalizado a mediados de septiembre de 2018, para presentarlo antes del inicio del juicio del «procés», «pero la ingente cantidad de alegaciones, así como la aportación de documentación de forma extemporánea por parte de la Generalitat ha dilatado su terminación varios meses».

Tras el debate en la Sección de Fiscalización del TCu del pasado jueves 21 de marzo, ABC ha tenido conocimiento de las presiones del Gobierno para intentar postergar su aprobación después de las elecciones del 28-A. «Ese día los cinco consejeros propuestos por el PSOE en bloque propusieron que se retrasase la aprobación del informe después de las elecciones de abril», aseguran fuentes del TCu. Sin tener en cuenta que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado ya se habían pronunciado en dos escritos presentados el pasado 14 de marzo.

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Existencia de delitos

Las andanzas por el mundo de Artur Mas, Carles Puigdemont y los consejeros del Govern en su obsesión por internacionalizar el «procés» tendrán consecuencias económicas. Casi 7 millones de euros sin justificar están en el punto de mira para que se restituyan a las arcas públicas. El abogado del Estado del Tribunal de Cuentas, Rafael García Monteys, estima que «procede la remisión a la Sección de Enjuiciamiento con el fin de depurar la responsabilidad contable que pudiera derivarse de los hechos» relatados.

Así, la Abogacía del Estado se une al escrito formulado por el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, remitido a la Fiscalía General para que investigue las posibles responsabilidades contables de los principales dirigentes de la Generalitat de Cataluña. No sería la primera vez. Artur Mas fue condenado a pagar 4,9 millones de euros por la consulta del 9-N. Además, como adelanto el fiscal jefe Torres también estipula que dichos hechos permiten «fundamentar la existencia de indicios de la comisión de los delitos de prevaricación, malversación, falsedad en documento público y contra las instituciones del Estado».

El abogado del Estado manifiesta «su conformidad con las conclusiones y recomendaciones recogidas», así como con todas las cantidades «contenidas en el cuerpo del informe de fiscalización». En concreto, de las 500 páginas donde se detallan minuciosamente las irregularidades en subvenciones, asesoramientos, contratos, ayudas, viajes internacionales tanto de los presidentes de la Generalitat -Mas y Puigdemont- como de sus consejeros -Raül Romeva, Francesc Homs, Andreu Mas-Colell y Santi Vila, entre otros-. Un total de 46 viajes que suman casi medio millón de euros destinados exclusivamente para «promocionar el proceso soberanista» a través de encuentros con políticos y conferencias en universidades, «no resultando justificado el uso de fondos públicos para dichas finalidades».

Millones sin control

La única hoja de ruta de la Secretaría de Acción Exterior, y del consejero Romeva, con sus «embajadas» catalanas y Diplocat, era «promover, impulsar, fomentar, debatir, publicitar y tratar de conseguir el respaldo internacional del llamado procés». Una máquina al servicio de la «creación de estructuras de Estado» a través de la intensificación de contactos con otras embajadas, entrevistas con periodistas extranjeros, visitas de responsables gubernamentales y parlamentarios, o la creación de argumentarios en los que no era conveniente «mencionar las palabras «declaración unilateral de independencia» ni tampoco las siglas DUI.

La Secretaría dirigida por Romeva seguía un «manual de instrucciones» cuando cerraba contratos ajenos a su competencia en materia de comunicación, protocolo o sobre defensa internacional, intentando «formar parte de tratados multilaterales» como si fuera un Estado más de la Unión Europea. Gran parte de los 27 millones de euros gastados por estas delegaciones exteriores se utilizaron injustificadamente en actividades que no cumplían las finalidades para las que se crearon, como apunta la Fiscalía y la Abogacía del Estado. En total asciende al menos a 327.736 euros las irregularidades contabilizadas en actividades ajenas a su finalidad.

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La de mayor cuantía –41.045 euros– tiene lugar en París el 25 de septiembre de 2017 para presentar el informe «El legítimo derecho a decidir de Cataluña» para intentar dar legitimidad al referéndum del 1-O. Con respecto a la consulta del 9-N, señala la Abogacía, la utilización de locales de las delegaciones de Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos como la Casa de Perpiñán y oficinas sectoriales de Acció para la votación convocada para el 9 de noviembre, «a pesar de que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional».

Sin documentación justificativa

No existe documentación justificativa de varios gastos recogidos en la contabilidad de varias delegaciones por 302.793 euros. Además, el Tribunal de Cuentas detectó pagos por 171.612,90 euros que resultan injustificados, ya que corresponde a gastos privados de los delegados, otros cuya finalidad se desconoce, donaciones prohibidas en las delegaciones, o servicios prestados desconocidos. Como es el caso de la delegación alemana que pagó el catering posterior a una conferencia sobre la autodeterminación que dio Artur Mas organizada por la Asamblea Nacional Catalana o la delegación de Dinamarca que abonó los billetes de avión de Romeva cuando ya había sido cesado. «Las delegaciones realizaban los gastos que querían y eran utilizadas para disponer de recursos para organizar todo tipo de actividades que no habrían podido realizarse desde la propia Generalitat».

Los argumentarios del «procés» se pagaban bien: 515.675 euros repartidos en contratos menores y en muchos casos no justificados. Por ejemplo, tres pagos por el asesoramiento a un despacho radicado en Londres dirigido por una abogada eslovena. Otro caso: el lobby norteamericano Independent Diplomat recibió casi 1,4 millones de euros –la cifra más alta– «sin incluir documentación que resulte acreditativa del servicio prestado». Un tercer, el conjunto de gastos irregulares, por injustificados, de Diplocat ascienden al menos a 3,9 millones de euros. Constata el informe la afición desmedida de la Generalitat en el empleo de observadores electorales internacionales llegando hasta los 553.120 euros.

Subvenciones irregulares

El dinero público entregado a entidades independentistas se acercó a los 15 millones de euros. El Tribunal de Cuentas ha detectado numerosas irregularidades: 350.850 euros entregados a una asociación vinculada a CiU cuyo objetivo era «el conocimiento y reconocimiento internacional de la nación catalana»; y con el agravante de que dos miembros de su consejo editor son altos cargos de la Secretaría de Acción Exterior. En esta misma línea, Diplocat también concedió ayudas por «una cifra escandalosa»: 565.000 euros para la financiación de los gastos de transporte y de alojamiento de las entidades civiles catalanas. Fue la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR) quién gestionó estas ayudas a través de un convenio que está en el punto de mira.

Gastos y más gastos destapados por el Tribunal de Cuentas, a pesar del interés de sus responsables –la Generalitat– de que no trascendiera y, lo que es más sorprendente, a pesar del interés del Gobierno y del Partido Socialista porque no trasciendan antes de las elecciones del próximo 28 de abril. Que cada palo aguante su vela.

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España

“Se Acabó La Fiesta”, la lista electoral de Alvise Pérez, obtiene según el CIS más de 1 diputado al Parlamento Europeo. Los partidos braman

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‘Se acabó la fiesta’, de Alvise Pérez, se cuela en las encuestas del 9-J

«CABE PREGUNTARSE QUÉ ENCUESTAS REALES MANEJA LA FLOR Y NATA CORRUPTA DE ESTE PAÍS PARA CENTRAR TAMAÑO ACOSO A UNA CANDIDATURA SIN REPRESENTACIÓN Y QUE SE PRESENTA POR PRIMERA VEZ»

El polémico líder ya ha dicho que quiere dar «el mayor golpe electoral de la historia de este país», sobre todo, tras conseguir la recogida de 15.000 firmas que necesitaba antes del 30 de abril para poder presentarse a los comicios y además a 60 candidatos aparte de él para formar la lista. Hasta ahora se saben pocos datos del Se acabó la fiesta (SALF), salvo que su ‘sede’ está en la segunda planta del Paseo de la Castellana, 72, en Madrid.

ALVISE PÉREZ, DEL GABINETE DE CS A UN TUITERO POLÉMICO

Alvise Pérez es un analista y consultor político español de tan solo 34 años, bastante joven comparado con otros líderes de otros partidos políticos. Ha ejercido como asesor parlamentario y jefe de gabinete en el Parlamento Valenciano para el partido Ciudadanos. Y su actividad se centra mayormente en la difusión de contenidos a través de Internet, concretamente por X -aunque en Twitter le cancelaron la cuenta-, Telegram, Instagram, Facebook, Tik Tok y Patreon, donde acumula miles de seguidores, aunque algunas de sus informaciones han sido considerados como bulos por diferentes medios y periodistas.

«Corruptos políticos, falsa oposición, mercenarios mediáticos, narcotraficantes, pedófilos, violadores y criminales en general odian a Alvise Pérez. Cabe preguntarse qué encuestas reales maneja la flor y nata corrupta de este país para centrar tamaño acoso y desprestigio a 20 días de las urnas del 9-J a una candidatura sin representación y que se presenta por primera vez», indica en sus redes sociales Alvise Pérez.

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Su principal objetivo es denunciar públicamente casos de corrupción en la política española, esa de la que ahora además quiere ser representante, pero en el Parlamento Europeo. «Llevo años observándoos en secreto, no vengo a que dimitáis. Vengo a humillaros y meteros en prisión, criminales», subraya Alvise Pérez. Y según las primeras encuestas y sondeos de la precampaña puede conseguirlo, ya que auguran que logrará hasta dos escaños y que podría arañar un buen puñado de votos al Vox de Santiago Abascal y Jorge Buxadé, que es el candidato que encabeza la candidatura al 9-J.

SE ACABÓ LA FIESTA, DE ALVISE PÉREZ, REPARTIRÁ 2 MILLONES DE PAPELETAS

«Necesito que llenéis los pocos actos que hagamos, recojáis y repartáis los 2 millones de papeletas que os daré en mano por toda España, y hagáis el mayor sacrificio de boca a boca, para convencer a 3 personas más y dar el mayor golpe electoral de la historia de este país», indica en su canal de Telegram Alvise Pérez, lo cual demuestra que la infraestructura de su incipiente partido es aún muy frágil, aunque en esta red social acumula más de 448.000 suscriptores.

La candidatura de ‘Se acabó la fiesta’ es la número 23 del BOE, y la encabezan Alvise Pérez, seguido de Diego Solier Fernández, Nora Junco García, Rocío García Romero, Pablo Sartorius Lavalle-Cobo, Vicente Domecq Belage, Ángela Saavedra Rodríguez, Carolina Chacón Contreras, Daniel Albadalejo Pérez y María España Fontán, en los diez primeros puestos.

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Además, forman parte del listado otros muchos nombres desconocidos hasta ahora: Conor O’ Healaigh de Miguel, Ana Carolina Pellicer Rahan, David Martínez Aldea, David Bravo Rey, Jose María Guerra López, Silvia Garrido Peláez, Andrés Fernández Sáez, Marcos Sánchez Dadín, Álvaro Soltero Díaz, Catalina Parra Vidal, Federico Tarazona Tudela, Beatriz Martínez Dobarco, Antonio Amor Mourelle, Cristina Díez Guerrero, Pablo Menjíbar Sánchez, Mariano Cureses Díez y Francisco de Asís Ciudad Arranz.

Le siguen: Alejandro Rodríguez de Miguel, Verónica Vadillo Rand, Daniel Hernández López, Juan Diego Hernández Chacón, Pilar Revert Peinado, Marco Antonio Cabral Pérez, Victor Manuel Díaz Rubio, Álvaro Muñoz Martínez, Andrea Osma Revert, María Dolores Rejón Palomares, Ignacio Encinar Badía, Laura Gutiérrez Rodríguez, Paloma Larena Moya de la Torre, Gonzalo Junco Torralbo, Concepción Sacristán Sánchez, Rodrigo Silva Carrasco, Javier Segovia Benjumea, Ana Bermejo Camacho, María Jose Pérez Lozano, Juan Boville García de la Mata, Adriana San Nicolás Medina.

A partir del puesto 50 aparecen: María del Valle Díaz Salvador, Marta Gómez Carbajal, Víctor Antonio Giménez Cristóbal, Laura Burillo Cruzado, José Manuel Ordovas Fernández, Luis Ceballos Escalera Gila, Paula España Fontán, Vito Zoppellari Quiles, Blanca Caracena Gil, Ana María Merino Tapia, Ángel Rufo Fernández y, en el último lugar, Jose Luis Echavarri Sierra.

UNO DE LOS CANDIDATOS DE SE ACABÓ LA FIESTA FUE DETENIDO EN FERRAZ

Aunque ocupa uno de los últimos puestos, llama la atención la presencia de Vito Zopellari Quiles en el listado, ya que la prensa ha hablado anteriormente de este joven por ser uno de los agitadores de la ultraderecha detenidos por la Policía Nacional en las concentraciones en Ferraz contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ley de la amnistía.

La última encuesta del CIS de Tezanos, titulada ‘Opiniones y actitudes ante la UE’, cree que Se acabó la fiesta sería la sexta fuerza más votada por detrás de PSOE y PP, que tendrían un empate técnico, de Vox, Sumar y Podemos, y otorga a la formación de Alvise Pérez un 0,9% de votos, empatado con Junts. Según otro sondeo realizado por Cluster17 ‘Se acabó la fiesta’ podría obtener dos eurodiputados eurodiputados, igualando así a Podemos y superando a Junts.

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